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El justicialismo imitó al COE que partió a la población en dos, para mantener el aislamiento social preventivo obligatorio, votó dividido el nuevo endeudamiento del gobierno de Gerardo Rubén Morales por 6 mil millones de pesos.
Los diputados Rubén Armando Rivarola, Pedro Horacio Belizán, Luis Horacio Cabana, Liliana Beatriz Fellner y Alfredo Gerry votaron a favor de un pedido de préstamo más (en el informe del COE, Morales le agradeció el gesto), junto al interbloque de Juntos por el Cambio, los legisladores Fernando Posadas y Jorge Rodríguez se abstuvieron en el momento de votación, el resto de los integrantes del bloque Frente de Todos-Partido Justicialista, expuso severos cuestionamientos y rechazaron la toma del crédito.
La crítica se basó por la falta de información de la deuda pública, por el destino de los créditos obtenidos por la actual administración de Morales, desde su asunción en el 2015 y por el injustificado monto pedido por el Ejecutivo
Cabe recordar que la Legislatura aprobó ayer la Ley 6153 que autoriza a la provincia a tomar un nuevo empréstito, esta vez de 6 mil millones de pesos para hacer frente al déficit que producirá hasta fin de año la caída de la recaudación local y los ingresos de la coparticipación federal por la pandemia del coronavirus.
Morales necesita un nuevo crédito para afrontar el pago de salarios de los empleados públicos, explicando que al aprobarse el presupuesto 2020 la Cámara de Diputados ya había autorizado un endeudamiento de 5.400 millones de pesos para cubrir el déficit proyectado por la cartera de Economía, donde además estaban incluidas las partidas para hacer frente a los sueldos de los agentes de la Administración Pública. La deuda en general es de casi 12 mil millones de pesos (el 80% de la deuda está en dólares).
Los legisladores del Bloque Frente de Todos-PJ ingresó después de confirmar que fuera depositado los fondos coparticipables a las comisiones municipales y municipios gobernados por el peronismo para pagar sus respectivas nóminas salariales.
Durante la sesión hubo diferencia de pensamientos, de criterios y de maneras de actuar dentro del recinto, todos los diputados justicialistas hicieron notar su descontento por tener que tratar este tema en medio de una situación sanitaria compleja, donde toda la atención está centrada en la cuarentena y distanciamiento social y en la desesperante situación económica de miles de jujeños.
Sólo hubo coincidencia que la situación crítica en los aspectos financiero, económico y social viene con la gestión anterior presidencial de Mauricio Macri y el apoyo total de Morales. Ambos con sus políticas públicas devastaron a la provincia, especialmente a los sectores bajos y medios.
Los diputados Pedro Torres, Alejandro Snopek, Fátima Tisera, Leila Chaher, Juan Cardozo Traillou, Emanuel Martín Palmieri, Débora Juárez, Mariela Ferreyra y Alejandra Cejas, no acompañaron la propuesta fundamentando sus posturas en la falta de claridad en el manejo de las cuentas provinciales y la nula explicación sobre el motivo de tamaño endeudamiento.
La emergencia laboral propuesta por el peronismo ya es ley
La Cámara de Diputados aprobó con fuerza de Ley 6154 la “emergencia laboral” en todo el territorio provincial, a instancias de una propuesta elaborada por el diputado Luis Cabana, del Bloque Frente de Todos – PJ. “Esta herramienta asegurará la fuente laboral de los empleados públicos de la provincia”, señaló el autor de esta iniciativa tras su sanción.
Cabe mencionar que este instrumento legal garantiza la estabilidad laboral de los agentes de la administración pública mientras dure la pandemia. El mismo se extenderá por un plazo de 60 días e invita a todos los municipios de la provincia a adherirse a la norma. La sanción del proyecto se logró con los dos tercios de la Legislatura.
Comisión de seguimiento e investigación de la deuda provincial
Durante el debate parlamentario se dio luz verde también a una iniciativa impulsada por el PJ para la creación de una Comisión Investigadora y de Seguimiento de la Deuda Pública. La bancada peronista logró persuadir al oficialismo de la necesidad de implementar dicho órgano para controlar y realizar un seguimiento exhaustivo de las acreencias del Estado provincial.
