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Los diputados radicales Pablo Baca, Manuela Cabello y Néstor Sanabria y afiliados de la UCR. Presentaron, ante la Secretaría de Gestión Ambiental una impugnación al pedido de Plan de Cambio de Uso del Suelo solicitado por la Agroganadera Mistol S.A en Palma Sola, por el cual se pretende desmontar una superficie mayor a 12 mil hectáreas.
Baca afirmó que se objetó la falta de participación a los pueblos indígenas y campesinos en el procedimiento. “Como la zona que se propone desmontar forma parte del territorio de comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Guaraní, es una obligación del Estado consultarlas, conforme lo estable el Convenio 169 de la OIT ” y destacó que “no sólo no se efectuó la consulta, sino que inclusive algunas comunidades solicitaron tener acceso al expediente, pero se les ha negado dicha información”.
El diputado observó que “la convocatoria generó incertidumbre, en tanto existían dictámenes contrarios de la Comisión Evaluadora de Bosques y de los técnicos y asesores legales de la Secretaría de Gestión Ambiental, sobre la viabilidad de un proyecto que abarca unas 17.707,52 hectáreas .
Según la Comisión Evaluadora de Bosques- sólo correspondería una “habilitación parcial en forma escalonada a través de parcelas pilotos…”, por lo que propuso 600 hectáreas . “De esta manera, someter a consulta pública 12.439,23 hectáreas , genera dudas e incertidumbre”.
El informe de la Secretaria de Gestión Ambiental –refirió el diputado Baca- “no refleja con claridad las superficies planteadas en el Plan de Ordenamiento Predial de la Jujeña S.A. y adaptadas para El Mistol S.A”. Explicó que un cuadro incorporado al expediente “refleja una superficie para agricultura de 10.926,55 hectáreas y no las 12.439,20 que menciona el informe”.
Explicó el legislador que “el Plan de Cambio de Uso del Suelo se hace teniendo en cuenta la aplicación del Plan de Ordenamiento Predial realizado con anterioridad por la empresa “ La Jujeña S.A ”, siendo que la que solicita el Plan de Cambio de Uso del Suelo es El Mistol S.A., una escisión de la razón social mencionada con anterioridad y que resulta propietaria de una parcela de menor tamaño, con lo que necesariamente el Plan de Ordenamiento Predial no se adapta a la parcela de la que ahora se trata”.
Pablo Baca, quien preside la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura observó asimismo que “existen en las actuaciones una serie de cuestiones ambientales que no fueron atendidas”.
Entre ellas menciona que “no hay una línea de base antes del proyecto, a fin de poder evaluar correctamente los impactos que se den en el sitio para cada uno de los aspectos, como ser la flora”.
Por otra parte, el legislador señaló que del Estudio de Impacto Ambiental, presentado por El Mistol S.A., surge que tanto el suelo como la flora y fauna se verán gravemente afectados. Dicho estudio señala concretamente que: “…el mismo será sometido a algunas acciones (desmontes y quema de cordones) que afectarán sus características al exponerlos a los elementos del clima, sin la protección del bosque…”.
Más adelante se agrega: “…Flora: es el componente más afectado, ya que el proyecto prevé la eliminación de la vegetación natural en las áreas destinadas a la producción…”.
Y con relación a la fauna, se indica que “sufrirá el impacto del cambio en sus hábitat por eliminación y fragmentación del mismo…”. Y no se observa que se describa el impacto al aire, el cual reviste valor moderado.
“Hay una especie afectada por el desmonte considerada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como vulnerable, el “carpintero de lomo blanco”, que es susceptible de pasar a situación de especie en vías de extinción” puso de relieve el legislador y señaló también “el incumplimiento de la aplicación del ancho de cortinas forestales de 100 metros ”.
Otra cuestión que reviste gravedad es que “no se han previsto medidas tendientes a evitar y frenar el proceso de salinización del suelo, con lo que el desmonte podría causar anegamientos y salinización de suelos”.
También denunció Baca que Mistol S.A., “no se inscribió como generador de residuos peligrosos, en incumplimiento de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos y la ley provincial de adhesión N 5011 y decreto reglamentario 6002” .
Otro reparo, desde el punto de vista ambiental como social, “es la decisión de quemar el material remantente. Es obvio que se lo podría usar socialmente y así no resultaría contaminante”.
Al efectuar consideraciones de tipo económico y sociales, Baca indicó que “se menciona como impactadas, desde el punto de vista de la economía local, a las localidades de Palma Sola, Vinalito y Caimancito, pero en ningún momento surge la influencia del proyecto en los pobladores. La razón social El Mistol S.A. informa que en la etapa de producción se generarán de 15 a 20 puestos de trabajo, número ínfimo en relación a la superficie total solicitada.
Finalmente, Pablo Baca indicó que el radicalismo con la presentación realizada el lunes último ante la Secretaría de Gestión Ambiental quiso dejar planteada dentro del expediente su oposición a lo actuado por el Gobierno de la Provincia en relación a esta problemática, que además también será objeto de presentaciones parlamentarias.
