Claudia González

El secretario de Energía demandó a una abogada que expuso vínculos con la empresa de electricidad

El secretario de Energía, el escribano Mario Pizarro, presentó una demanda por «daño moral» contra la abogada Claudia González, de Proconsumer, a raíz de declaraciones suyas en un programa de televisión donde cuestionó la integración del directorio de la empresa Ejesa por los vínculos profesionales que tendría el funcionario con uno de los directores, también funcionario.

«Yo expliqué que el escribano Rodrigo José Sueiro y Sueiro no puede formar parte del directorio de Ejesa porque comparte oficina y espacio físico con el secretario de Energía, Mario Pizarro», relató González en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).

La primera acción en su contra fue una carta documento enviada por un abogado que, invocando representar a Pizarro, le daba 48 horas para que públicamente se retractara de lo que había dicho. «Contesté con otra carta documento, aunque no a las 48 horas porque no tiene por qué intimarme. Ahí expliqué las falacias que estaba diciendo ese abogado», indicó.

Por ejemplo, respondió a un  tramo en el que se afirmaba que el escribano Sueiro y Sueiro fue designado por el Poder Ejecutivo en representación de las acciones de propiedad del gobierno de la provincia. «Eso es una falacia, porque el gobierno de la provincia no tiene acciones en Ejesa ni tiene por qué poseerlas», señaló.

En este sentido, recordó que «hay seis sentencias que dicen que esas acciones pertenecen a quienes eran empleados de la Dirección de Energía al momento de la privatización». Se trata del denominado «programa de propiedad participada», por el cual a los empleados de la repartición privatizada se les deben entregar las acciones y la distribución de ganancias que se produzcan. «Además -agregó González- son ellos los que tienen que designar quién los represente en el directorio de Ejesa, y no el gobierno de la provincia».

Mario Pizarro

«Yo pensé que el tema quedaba ahí, pero me llega una notificación donde me entero que me había demandado -contó-. Fue una sorpresa muy desagradable, porque yo soy abogada hace 33 años y jamás me demandaron».

La denuncia que presentó Pizarro contra González es por «daño moral» y tiene el objetivo de obtener una compensación económica.

«Hasta ahora no sé cuál es el daño al honor que pretende Pizarro que le causé con mis declaraciones, que hice en base a la información que da la página web de Ejesa», afirmó la letrada.

Para González, la demanda, que recayó en la Cámara Civil y Comercial, en la vocalía del doctor Alsina, tiene «la intención de amedrentar, de evitar las críticas».

«Pero yo no critico por criticar. Yo difundo derechos. Y los funcionarios públicos están expuestos a la crítica de los ciudadanos. Hay innumerable cantidad de sentencias en todo el país, de la Corte para abajo, que dicen esto», indicó, y agregó: «Entonces, si yo me equivoqué o mentí, lo que tiene que hacer el secretario de Energía de la provincia es dar las explicaciones públicas y ponerme en evidencia».

«Este es el camino que eligió Pizarro -concluyó González-. Mientras tanto, yo voy a seguir haciendo lo que hago desde hace más de veinte años que es defender a usuarios y consumidores. Y si no les gusta, lo lamento».

Cuestiones de fondo

La discusión de fondo viene de los amparos presentados en la justicia por las organizaciones de defensa del consumidor para que se suspendan los aumentos desmedidos de la tarifa eléctrica. En particular, el autorizado por la Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu) a través de la resolución 182.

Claudia González, de Proconsumer, explicó que ese aumento sigue vigente, aunque morigerado para los períodos de mayo, junio y julio a través de un decreto que firmó el gobernador Gerardo Morales tras las numerosas protestas que se realizaron, un pedido de juicio político a los responsables de la Susepu y una decisión judicial a favor de los usuarios.

González identifica las irregularidades. En principio, la modificación del contrato original de concesión a la empresa. «Ejesa compra la energía en el mercado eléctrico mayorista y paga un solo precio por KW. Pero a los usuarios los dividen en siete categorías, con valores distintos por KW y también en el cargo fijo», explica.

«El cargo fijo no puede variar, porque es el pago por el derecho de accionar la perilla y tener luz, consumas o no», advierte, y agrega: «Nada de esto estaba en el contrato original de concesión del servicio».

Esas modificaciones motivaron presentaciones de parte de Proconsumer y también de Codelco, representada por la abogada Alicia Chalabe. «En la audiencia pública preguntamos qué querían modificar y nos dimos con que estaban modificando el cuadro tarifario en perjuicio de los usuarios -repasa González-. Hicimos las presentaciones pero no nos notificaron de la resolución que puso fin a esa audiencia pública. Y directamente nos enteramos de la aplicación de los aumentos porque los usuarios nos empiezan a consultar y mostrar las facturas».

A partir de allí es que se presentó una acción colectiva por vía de amparo para que se deje sin efecto la resolución 182 de la Susepu, sobre la que la abogada destaca otra irregularidad: «Resuelve para atrás, porque resuelve en julio el valor de la energía de mayo, que ya está consumida. Y el usuario tiene derecho a conocer el valor del servicio en el momento en el que lo está consumiendo».

Ese amparo tuvo como consecuencia una medida cautelar dispuesta por la justicia que impide el corte de servicio a los usuarios que no hayan pagado las facturas de esos períodos.

Fue cuando apareció el decreto del gobernador, que dispuso que el aumento no podía ser mayor al 48 por ciento. «El decreto no hacía diferencia entre los que habían hecho reclamo y los que no, entonces luego la Susepu saca una resolución donde sí hace esa diferencia; es decir, el beneficio es para los que hicieron reclamo», detalló González.

Así es como aquel usuario al que le aumentó de un período al otro un 48 por ciento o menos, lo paga. Si el aumento es mayor, se refactura.

Mientras tanto, permanece en la justicia la cuestión de fondo: si la resolución 182 que dictó la Susepu es válida o no.

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