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El sistema de salud volvió a demorar la interrupción legal de un embarazo producto de una violación

Una vez más, el Ministerio de Salud de la provincia obstaculizó la interrupción de un embarazo producto de una violación que cursaba una niña de 12 años, a pesar de que la práctica está garantizada por la ley. Se demoró la práctica para propiciar la maduración fetal y se practicó luego una microcesárea.

Profesionales denuncian que no se dio intervención en el caso a los equipos interdisciplinarios y especializados que se conformaron precisamente en 2019, luego de que se produjera una situación similar con una niña de San Pedro, también violada. En aquella oportunidad también se demoró la práctica y se practicó una cesárea que culminó con una beba que solo sobrevivió unos pocos días.

«Volvemos a ser noticia, mala noticia, porque otra niña es vulnerada en su derecho a interrumpir legalmente un embarazo», afirmó Luz Díaz, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la médica remarcó que «lamentablemente no contamos con profesionales comprometidos y con la sensibilidad necesaria para abordar el acompañamiento y la garantía de los derechos de una niña que, producto de una violación, tiene un embarazo gemelar».

La situación de esta niña es extremadamente frágil. Por el abuso sexual del que fue víctima están detenidos su madre y su padrastro, y la justicia investiga a otras personas cercanas. En este momento, la nena está a cargo de la Defensoría de Menores. «Esta niña tiene muchas vulneraciones en el desarrollo de su ciclo vital», describió Díaz.

La Red de Profesionales denunció que desde el sistema de salud de la provincia se hicieron maniobras para alcanzar la maduración fetal «sabiendo que en este instante solo se prevé preservar la vida de la niña, por el riesgo muy alto, tanto obstétrico como de su salud emocional y mental, que implicaba someterla a la microcesárea».

«Ya se procedió a la intervención, la niña está bien, pero se hizo la maduración fetal y se hizo una microcesárea, por lo que entendemos que no se cumplió con la ILE», agregó la médica.

La niña llegó al sistema con un embarazo avanzado. Esto se explica por las circunstancias que rodean su historia. Díaz describió: «En la mayoría de las situaciones de abuso, las niñas, adolescentes y personas gestantes no recurren a los centros de salud en primera instancia, por la estigmatización que implica y por no contar con una legislación adecuada. Y aveces, cuando lo hacen, se encuentran con personas que en lugar de brindar la asistencia oportuna, obstaculizan sus derechos».

En este caso, indicó, hubo intencionalidad del equipo de salud provincial y de los funcionarios para llevar a la niña a una maternidad forzada. De hecho, la Dirección Nacional de Salud Sexual se había ofrecido «para resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña», pero las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia desestimaron la propuesta.

«La justicia está actuando sobre la familia debido a que la situaciones de abusos posiblemente están relacionadas con cuestiones de abandono o situaciones de violencia dentro del entorno familiar. Es una situación muy muy delicada, que tiene que ver con una perspectiva de no derechos, de fundamentalismos religiosos o morales, que no están a la altura de las circunstancias ni de las leyes nacionales ni de los convenios internacionales vigentes», explicó.

En este sentido, Díaz recordó que la provincia tiene un protocolo de atención a embarazos de niñas menores de 15 años, que se elaboró conjuntamente con Unicef para abordar estas situaciones. Sin embargo, en esta oportunidad no se siguió ninguno de sus lineamientos.

«Otra vez se vuelve a vulnerar los derechos, y esta niña ahora tiene que resolver, aparte de su situación, que ya es compleja, qué se hace con respecto a la filiación de esos fetos. Por eso decimos que es una maternidad forzada», analizó.

En 2019, después del caso de la niña de San Pedro, se conformaron equipos interdisciplinarios en el seno del sistema de salud para garantizar la atención. En esta oportunidad, no fueron siquiera convocados.

Díaz recordó que la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir está disponible para atender inquietudes sobre abortos seguros, situaciones de violencia o cualquier otra cuestión relacionada. Y remarcó la necesidad de que se apruebe la ley de aborto legal, seguro y gratuito que comenzará a debatirse en comisiones esta semana.

Comunicado de la Red

Como Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir queremos expresar nuestra profunda preocupación frente a la situación de salud que está atravesando una niña de 12 años en la provincia de Jujuy, que debió cursar un embarazo gemelar producto de una violación y a la cual se le realizó una microcesárea con previa maduración fetal.

La niña se encuentra actualmente bajo responsabilidad de la Defensoría de Menores por la situación judicial de sus progenitorxs y no contar con una red social que la acompañe.

Cabe señalar que, en la provincia de Jujuy, a pesar de contar con equipos de consejería en salud Integral, garantes de derechos y efectores capacitadxs para dar respuesta a ILE, tanto en primer y segundo trimestre, las autoridades sanitarias de la provincia no han dado ninguna intervención a dicho equipo.

El Ministerio de Salud provincial repitió una vez más las mismas estrategias de dilación, obstaculización y vulneración en el acceso a la ILE como lo fue con la situación de público conocimiento de la niña de San Pedro en enero de 2019, a quien se le realizó la misma práctica.

Sostenemos que la estrategia tanto en aquella situación como en la actual fue «ganar tiempo» con el objetivo de obtener la viabilidad fetal, a pesar de que la provincia tiene un protocolo específico realizado conjuntamente con Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñxs y adolescentes menores de 15 años.

A pesar que desde la Dirección Nacional de Salud Sexual realizaron el ofrecimiento para resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña, las autoridades a cargo del Ministerio de Salud de la de Provincia de Jujuy desestimaron la propuesta y decidieron no garantizarle a esta niña su derecho a la ILE.

Teniendo en cuenta el altísimo riesgo obstétrico y vital que corre una niña embarazada siendo menor de 13 años, sumado a las consecuencias psicoemocionales que podrían generarle el dar a luz algo que ha sido impuesto violentamente sobre su cuerpo y su vida, reafirmamos cuánto hay de cierto cuando hablamos de Maternidades Forzadas. Manifestamos que se anulan los derechos de la niña, negando el riesgo integral 2 para su vida.

Avasallar la subjetividad, convertirla en una incubadora, realizarle una cesárea, no es garantizar su salud integral.

Realizar una cesárea que implica una inscripción y una cicatriz indeleble en el cuerpo de una niña, es condenarla a recordar una maternidad forzada e impuesta para siempre.

Repudiamos que no se contemplen los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes deberían protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetúan siniestramente, abusándolas también
desde el Estado.

Exigimos se respeten los derechos vigentes que contempla nuestro código penal y el protocolo ILE y los convenios a favor de una vida libre de violencias para niños, niñas y adolescentes.

#NiñasNoMadres

#SeraLey

Educación sexual para decidir / Anticonceptivos para no abortar / Aborto legal para no morir

#ContaconNosotrxs

Comunicado Jujuy 30_11_2020

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