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Durante una reunión en acuerdo plenario del Superior Tribunal de Justicia, se resolvió poner en debate las dos denuncias ingresadas en contra del titular de Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello. Fue esta mañana, en plena feria judicial
En la oportunidad, la presidencia del Alto Tribunal entregó copia de las denuncias a cada uno de los jueces, para el estudio de las mismas.
Los magistrados acordaron realizar una nueva reunión plenaria para proceder conforme corresponda, en los primeros días de reiniciada la actividad judicial normal.
Cabe recordar, que las denuncias mencionadas fueron presentadas ante el Superior Tribunal de Justicia por dos funcionarios que se desempeñan en el organismo y acusan al funcionario de acoso laboral, amenazas y maltrato.
Se trata de la primera confirmación formal de numerosas situaciones que se venían relatando extraoficialmente sobre el avasallamiento y autoritarismo que el funcionario ejerce sobre las personas que se desempeñan bajo su autoridad.
Las denuncias contra Lello llegaron a la oficina del STJ, en la primera semana del mes de julio y solicitan que se deberá investigar las acusaciones de misoginia, violencia laboral, humillaciones, denigración, intimidación y maltrato. En tanto, copias del escrito fueron entregadas en la Legislatura. Las denuncias penales fueron protagonizadas por los abogados Agustina Aramayo y Mateo Montiel, que se desempeñan en el MPA.
La denuncia de Aramayo es por acoso laboral, humillación, denigración, intimidación y maltratos. En su escrito, relata hechos que se sucedieron desde el 9 marzo del 2016 hasta la fecha. En ese período, además, padeció nueve traslados dentro del organismo.
Hace referencia también a un episodio puntual, ocurrido luego de que participara de una movilización por el Día Internacional de la Mujer, a la que la abogada asistió con su hermana, que se desplazaba en silla de ruedas. Al día siguiente, al llegar a su lugar de trabajo, Aramayo fue avisada de que, por orden del fiscal general, tenía prohibido participar de ese tipo de manifestaciones, “a lo que en mi defensa argumenté que además de revestir el carácter de funcionaria era mujer y participaba en la firme convicción de que la justicia debía acompañar estos eventos para concientizar, aclarando que no lo hice, ni lo hacía bajo ningún partido político”, escribió Aramayo.
En tanto, Montiel denunció situaciones de maltrato, insultos, humillaciones y amenazas, además de traslados injustificados y la imposición arbitraria de una suspensión por cinco días, sin que hubiera sanciones disciplinarias anteriores.
