En Jujuy existe un «contexto de criminalización»: Piden que intervenga la justicia federal

Referentes de comunidades indígenas de Jujuy junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) reclamaron el cese del «delicado contexto de criminalización» contra quienes protestan por la reforma de la Constitución local, y exigieron respuesta de la justicia federal para «generar los mecanismos de protección necesarios» ante la continuidad de los reclamos.

Sobre acciones a favor de los manifestantes, también advirtieron la existencia de habeas corpus ante la justicia de Jujuy que derivaron en abstracto por la falta de una respuesta inmediata, como ante la represión policial del 17 de junio en Purmamarca contra comunidades indígenas que «sostenían reclamo de manera pacífica y ejerciendo de manera legítima su derecho a la protesta».

«El derecho a la protesta atraviesa una seria crisis en Jujuy», expresó Florencia Vallino, directora ejecutiva de Andhes, que este viernes participó de una conferencia de prensa en San Salvador de Jujuy junto al director de Litigio del CELS, Diego Morales; el cacique del Pueblo Ocloya de Jujuy, Néstor Jeréz, el vicepresidente de la comunidad de Angosto El Perchel, Raúl Sajama, y Sara Pérez, integrante del colectivo antirracista e Identidad Marrón de Jujuy, como también referentes locales de organismos de derechos humanos.

A raíz de la violenta represión del Gobierno de Jujuy contra quienes se manifiestan en rechazo a la reforma de la Constitución, Andhes y CELS acompañan a referentes de comunidades y pueblos indígenas que integran Tercer Malón de la Paz. Diversas acciones jurídicas se impulsaron «para acompañar los reclamos de las comunidades y pueblos indígenas», explicó Vallino en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), y mencionó que «el derecho a la consulta previa libre e informada fue vulnerado en el marco del proceso de discusión de la reforma.

«Hemos presentado un amparo colectivo pidiendo la nulidad del proceso de reforma por esa violación a estos derechos humanos», precisó la abogada.

El amparo se elaboró a partir de la preocupación generada a partir de las últimas declaraciones de funcionarios provinciales que dan cuenta de la criminalización de las personas que están manifestándose. «Estamos al tanto de que muchas han sido imputadas por delitos penales y contravencionales por ejercer legítimamente su derecho a la protesta», señaló Vallino.

En este sentido, afirmó que desde las organizaciones de derechos humanos entienden que «esa criminalización constituye un uso selectivo del régimen penal, porque no se persigue a funcionarios y funcionarias de las fuerzas de seguridad que en muchos casos incumplieron sus funciones ejerciendo de manera violenta el uso de la fuerza».

«Nos parece que el estado debería estar investigando esos casos de violencia policial, antes que persiguiendo a las personas que legítimamente manifiestan sus reclamos», completó.

Dicha selectividad, según analizan las entidades de derechos humanos, se da también en el ámbito judicial. Vallino señaló: «Venimos identificando dilaciones en la justicia provincial que también son selectivas, porque cuando presentamos este amparo colectivo en el tribunal contencioso administrativo, estuvo en horas para declararse incompetente; mientras que cuando presentamos los habeas corpus, que son acciones rápidas, vemos una dilación de 72 horas y más para resolverlos».

«Entendemos que esto no es causal. Eligen en qué y cómo intervenir», sentenció.

Por otro lado, Andhes mantiene el acompañamiento a los grupos que sostienen los cortes y permanencias en las rutas de Jujuy «interpelando a la justicia para que tome medidas con el fin de que las personas que se encuentran legítimamente manifestándose estén protegidas en su integridad», explicó.

Sobre la violencia policial ejercida durante las represiones del 17 y 20 de junio, Vallino remarcó que el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad «debe cumplir ciertos estándares», y puntualizó que «el uso de armas menos lesivas de ningún modo habilita a tirar a los rostros».

«Las lesiones oculares y las lesiones en los rostros de las personas dan cuenta de que esta práctica se está repitiendo», advirtió.

Al analizar el modo en que el Gobierno jujeño se refiere al conflicto generado por la reforma constitucional, Vallino consideró que «hay una construcción de una narrativa y un discurso que busca generar un enemigo interno, caracterizándolo como violento, cuando en verdad muchas de las personas manifestantes son mujeres, adolescentes, trabajadoras, docentes, comuneras, comuneros, que de manera pacífica están reclamando sus derechos».

La abogada reveló, además, que lograron identificar «situaciones que hacen pensar en una suerte de operaciones orquestadas por el propio gobierno que no tienen que ver con lo que en realidad está pasando en las rutas».

«Hoy en las rutas hay familias enteras que quieren ser escuchadas y lo hacen de manera pacífica», afirmó.

Sobre las presentaciones judiciales que se hicieron hasta el momento, la abogada señaló: «Por un lado, esperamos que la justicia federal resuelva nuestros pedidos de protección a las personas que están manifestándose; por otro lado, esperamos que la Corte de la provincia haga lugar a nuestro amparo colectivo pidiendo la nulidad del proceso de reforma de la Constitución».