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El gobierno nacional transferirá en los próximos treinta días más de 400 millones que serán destinados al pago de Programas Operativos Anuales (POA) para el sector tabacalero.
El gobernador Gerardo Morales y el ministro de Agroindustria de la Nación, el radical Ricardo Buryaile, anunciaron la inminente efectivización de pagos del POA.
En principio se había presentado un POA de 870 millones de pesos, pero Buryaile informó que el 16 de junio pasado ese programa se cambió por otro de 1300 millones de pesos. En consecuencia, se estima que en los próximos treinta días se transferirán a Jujuy los primeros 430 millones.
Aclaró que para liberar la segunda partida por otros 430 millones de pesos, la remesa inicial tendrá que ser debidamente rendida. «Sin esta condición, no habrá segundo tramo», apuntó.
Continuó resaltando que otro programa de 60 millones de pesos está también en circuito administrativo, a favor de pequeños productores.
Además, hay otra partida de 21 millones de pesos correspondiente a la lucha antigranizo que cuenta con resolución para efectivizar su transferencia en el curso de los próximos días.
A ello se sumará en breve una transferencia de 40 millones de pesos en concepto de adelanto financiero.
Durante una reunión mantenida con actores de este sector productivo en instalaciones de la Cooperativa de Tabacaleros Jujuy, en Perico, el funcionario indicó que la actual gestión nacional encontró trabas y múltiples problemas en los circuitos administrativos del Fondo Especial del Tabaco (FET).
«Por esta razón, se concentran esfuerzos en dotar de más celeridad a los procesos de administración y ofrecer más previsibilidad a todos los actores de la cadena del tabaco», manifestó.
Detalló que al ingresar un POA al circuito administrativo, «no sabemos cuánto puede demorar, puesto que el proceso consta de 32 instancias» y agregó que a los efectos de superar estas dificultades, se avanzará en una gestión de automaticidad, lo que permitirá a los productores tener una fecha cierta de pago a partir del reparto del FET. «Esto significa enriquecer de transparencia el sistema, propiciando un proceso más normal», comentó Buryaile.
