El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Durante este fin de semana, la Red Nacional H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), realizó uno de los encuentros anuales de delegados/as, que habitualmente desarrolla nuestra agrupación, en Jujuy, con el fin de delinear las políticas que se llevaran a cabo, a nivel nacional.
Dentro de los temas tratados y uno de los que más preocupación nos genera en este momento son los procesos judiciales a los responsables civiles del terrorismo de Estado, quienes estaban (y algunos siguen estando) al frente de empresas como Ford, Fiat, Techint, Acindar, La Veloz del Norte, La Nueva Provincia, Mercedes Benz, Mina El Aguilar y Ledesma S.A, entre otros.
En ese sentido, nuestra agrupación, a nivel nacional y, en particular la Regional Jujuy, está querellando en la causa que involucra a los directivos de la empresa Ledesma S.A., específicamente en “Burgos, Luís y Otros, expediente Nº 195/09”, donde el empresario, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, y su ex-administrador, Alberto Lemos, están procesados. Sin embargo, el proceso judicial es un ir y venir sin fin, plagado de actos de mala fe que no sólo dilatan y entorpecen el accionar de la justicia sino que, a su vez, demonizan a los testigos víctimas.
Cuando se produce el golpe de Estado de 1976, el sindicato y su obra social ya habían sido intervenidos y casi todos sus dirigentes encarcelados, obviamente con aprobación de la empresa que solicitó, en el año 1975 al ministro de trabajo, dicha intervención.
Pero el peligro seguía latente, muchos de los jóvenes de Libertador y Calilegua se fueron a estudiar a las universidades del efervescente Tucumán; esto preocupaba, había que prevenir que, al volver, esta nueva generación formada políticamente, no perturbará el orden feudal establecido; sería pues, implantando el terror.
Los operativos del mes de julio de 1976, comenzaron en Tucumán y tuvieron como broche de oro “la noche del apagón”. Es, justamente, por dos de estos jóvenes, víctimas de desaparición forzada, que querella nuestra agrupación.
Claro está que el escarmiento tenía que ser feroz: recién hoy, después de más de 30 años, el sindicato (SOEAIL) se atreve a cuestionar nuevamente a la patronal. Pero el zorro pierde el pelo pero no las mañas. La empresa Ledesma inició 20 causas contra los empleados que, en su legítimo derecho, solicitaban condiciones de trabajo dignas.
En relación al proceso judicial, el juez Olivera Pastor, quien interviniera en los inicios de la instrucción de la causa, rechazó el pedido de indagatoria de la fiscalía sobre el empresario y su administrador. Los Organismos de Derechos Humanos jujeños cuestionamos la decisión y su política frente a las causas de lesa humanidad, por lo que una vez más lo denunciamos.
El apoyo que recibió de la Cámara Federal de la provincia de Salta, que avaló cada fallo y, a través de uno de sus integrantes, el camarista Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, hizo innumerables gestiones en Buenos Aires para sostenerlo, no dio sus frutos: en marzo de 2012 renunció al cargo de juez subrogante, acorralado por la denuncias de los Organismos, una gran movilización de las organizaciones sociales y el pedido de explicaciones por parte de la Comisión Acusadora del Consejo de la Magistratura.
Para mayo 2012, el juez Poviña dictaminó la indagatoria; recién tres meses después, en agosto 2012, se pudo llevar a cabo esta medida, debido a las estrategias dilatorias de la defensa. Es así que Blaquier y Lemos son procesados por su presunta participación en 29 secuestros y otras violaciones a los derechos humanos. La Cámara Federal de Salta, suma uno de sus granitos de arena en la dilación de este proceso, tomándose dos años para confirmar esta medida.
En lo que respecta a los abogados de los directivos de la empresa Ledesma S.A, cabe señalar otra serie de irregularidades: uno de ellos, Horacio Aguilar fue juez en la etapa de instrucción de la causa, en la que hoy ejerce la defensa del imputado y, además, intervino también como juez de cámara de Salta; el otro, Diego D´Andrea Cornejo, participó previamente en el expediente como funcionario judicial. Son rentados con el fin de llevar adelante maniobras obstaculizadoras y así evitar lo inevitable: llevar a juicio oral al empresario.
Entre sus estrategias podemos nombrar la recusación de todos los funcionarios del Poder Judicial que intervienen en la causa, como el fiscal Ad Hoc Pablo Pelazzo, el Juez Fernando Poviña y, la última, a todos los integrantes de la Cámara Federal de Salta, cuerpo letrado que, como consecuencia de ese acto, frizó el expediente.
El argumento para tal absurda recusación se centró en señalar que los integrantes de la Cámara se habían reunido con las víctimas y con los Organismos de Derechos Humanos, reunión que solicitamos, en agosto de este año, con el fin de poner en conocimiento nuestra preocupación por el actuar dilatorio de dicha Cámara en esta causa. Pero la irracionalidad no queda ahí, también se atrevieron a cuestionar la legitimidad de las víctimas como querellantes, cuestionamiento que aun esta sin resolver en la cámara desde enero de este año.
Además, no podemos dejar de mencionar a Renato Rabbi Baldi Cabanillas, uno de los jueces integrantes de la Cámara Federal de Salta que, en un momento, presidió la misma.
Este juez debió inhibirse de la causa, pedido de recusación mediante de la abogada querellante, la Dra. Castillo, ya que él integra, desde julio de 2012, la llamada Academia Nacional de las Ciencias Morales y Políticas, espacio que comparte con Blaquier y que, a través de un mensaje de solidaridad hacia el empresario, publicado en un medio nacional, y que el mismísimo Rabi Baldi Cabanillas firmó, lo definió como de “intachable trayectoria”.
Este juez también fue llamado a rendir explicaciones por la Comisión Acusadora del Consejo de la Magistratura a consecuencia de su proceder, interfiriendo “beneficiosamente” en el allanamiento de la casa de su cuñado y en la detención del mismo, el represor de Bahía Blanca, Alejandro Osvaldo Marjanov.
Pero además no hay que perder de vista que, en medio de toda esta parafernalia judicial, están la victimas y/o testigos, que sufren el accionar de un virtual “Estado Paralelo” que la empresa Ledesma S.A. creó, en esa zona del ramal jujeño.
Ellos y ellas son desprestigiados y demonizados por los directivos de la misma, que inicio una campaña mediática instaurando el terror por la posibilidad de la desocupación; más aún, están avalados por el poder político provincial, quienes alejados de su rol alimentan este tipo de prácticas participando de las actividades difamatorias, como los abrazos simbólicos alrededor de la empresa y argumentando que la petición de encarcelamiento de Blaquier producirá el cierre de la empresa y, como consecuencia, el oscurecimiento económico de la zona, sometiendo así a la pobreza a los habitantes del lugar.
Ya no son las fuerzas armadas o de seguridad las que persiguen y acosan a las victimas, sino los propios vecinos, teniendo que vivir cotidianamente en un ambiente hostil, en donde la desconfianza entre hermanos y hermanas es moneda corriente.
Mientras Carlos Pedro Tadeo Blaquier utilizaba todas las artimañas posibles con el fin de evadir la indagatoria, argumentando problemas de salud, se tomó el trabajo de venir hasta Jujuy con sus 5 hijos/as, precisamente hasta Libertador Gral. San Martín, Ledesma, con el fin de agradecer los abrazos solidarios de la población hacia la empresa, para “defender las fuentes de trabajo” y en contra la “persecución política” a Blaquier, que el poder político y el “Estado Paralelo” que él dirige, organizó.
Es necesario mencionar también que estos últimos años la empresa incrementó en la zona, como la llaman ellos, su “responsabilidad social”, a través de programas de capacitación laboral y de acceso a la casa propia, proyectos de educación, haciendo donaciones para escuelas y deporte entre otros; esto y lo que mencionamos con anterioridad, son estrategias de captación y extorsión de la población de la zona.
El rol de los medios de comunicación es revelador del poder de la empresa. Es lógico que exploten los medios para mostrarse y venderse mejor, pero lo grave es que no hay lugar para las voces que van en oposición a las afirmaciones de inocencia de los directivos de la empresa. La escalada mediática es un factor más que se suma a la tensa situación que sufren en esa zona los testigos víctimas.
En varias ocasiones los Organismos de Derechos Humanos de Jujuy y las víctimas testigos hemos llamado a conferencia de prensa o querido difundir publicaciones de nuestro parecer sobre la situación de los mismos, o manifestar nuestra preocupación sobre el desarrollo del proceso judicial y no hemos podido lograr su difusión; sólo los medios alternativos han dado lugar a estas noticias.
Frente a todo este escenario y a pesar de todo, la etapa de instrucción de la causa se cerró en el mes de abril pasado. Mientras que se designaba como nuevo presidente de la empresa a Carlos Herminio Blaquier, hijo del presidente anterior, la causa ya estaba lista para ser elevada a juicio oral pero, una vez más, la defensa presentó otra “chicana judicial” la que aún está sin resolver en la Cámara Federal de Salta, que abandonó la causa por las cuestiones antes mencionadas.
Es decir que, H.I.J.O.S. Red Nacional, como impulsores y partícipes de los procesos judiciales, en la búsqueda de la verdad histórica y el juicio y castigo de los responsables, tanto civiles como militares de los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1974 y 1983, que impulsó la clase dominante con el fin de sostener sus privilegios, los/as abajo firmantes delegados y delegadas de las diferentes regionales a nivel nacional, queremos manifestar la preocupación que nos genera la situación de la causa en la que están involucrados los directivos de la empresa Ledesma S.A, como así también manifestar nuestro incondicional apoyo a nuestros compañeros y compañeras de la Regional Jujuy, en su rol de querellantes de esta causa.
Sabemos que los 30 años de impunidad y ahora la posibilidad del punto final biológico, puede dejar trunco el juicio oral y, por ende, la posibilidad de hacer justicia por los crímenes cometidos contra los compañeros y compañeras. Sólo la riqueza de este proceso hará posible dilucidar la verdad de los hechos, reparar en algún aspecto a las victimas y fortalecer el sistema democrático.
