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Por Ricardo Martínez periodista. Comenzó a funcionar este lunes la Convención Constituyente de Jujuy, que tiene por objetivo una reforma parcial de la Carta Magna que fue sancionada el 22 de octubre de 1986, y la primera en el país luego de la recuperación de la democracia en 1983.
Tras el análisis de los títulos de cada integrante de las tres bancadas que la componen, con mayoría de la UCR, seguido por el Frente Justicialista y el de Izquierda, fue elegido presidente del cuerpo el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, quien pediría licencia en la nueva función.
La reforma del 86 tuvo al radicalismo como principal protagonista, con un poder que se amplió en la elección reciente, bajo la presidencia del escritor Héctor Tizón, mientras que ahora el PJ quedó debilitado como nunca antes y les cuesta admitirlo.
Según el planteo cuantitativo en el número de bancas, 29 son para el Frente Cambia Jujuy (FCJ), 13 para el Frente Justicialista (FJ) y 6 para el FIT. Los primeros cuentan con las posibilidades de hacer valer la mayoría y lograr el objetivo propuesto por el Poder Ejecutivo en su envío del proyecto a la Cámara de Diputados y que contó con la sanción de la Ley 6302.
Pero ¿cuales son las cuestiones que desvelan a los convencionales de la oposición en esta etapa de la vida política de Jujuy?.
En primer lugar, todo aquello vinculado con los cambios que el oficialismo intenta llevar a cabo en torno a la justicia.
Uno de ellos es la limitación de la temporalidad de los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Otra cuestión que los alarma es la consagración de una evaluación de la tarea de jueces, fiscales y funcionarios con el objetivo de garantizar “mayor celeridad y la calidad de su labor”.
Otro tanto pasa cuando se propone consagrar la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Penal, y con el sistema acusatorio.
Directa o indirectamente, también refieren a lo relacionado con el control de las cuentas públicas y la transparencia en la administración pública, lo que generó inquietud en el Tribunal de Cuentas.
La consagración de este tipo de reformas por incluir, y otras que no fueron advertidas públicamente por los constituyentes del FJ, y que salgan por consenso, es posible que lleven a un arduo debate entre los dos sectores mayoritarios en la Convención.
Por su parte, para los del FIT, y lo expresaron claramente, la mayor preocupación son las cuestiones salariales, la inflación, la defensa de los sectores marginados por la falta de trabajo, los eventuales problemas que puedan tener con la justicia en razón de las protestas callejeras y la obstrucción de rutas, entre otros temas como la corrupción, además de la defensa de las comunidades aborígenes, sus tierras y tradiciones y el cumplimiento de sus derechos.
Para algunos dirigentes cuyos partidos quedaron marginados de las elecciones provinciales al no alcanzar el piso para el reparto de bancas en diputados, concejales y convencionales, será trascendente para la salud de la democracia que se baje el piso al 3% de los votos emitidos como tal y cese la cláusula electoral del 5% sobre el número de inscriptos en el Padrón Electoral, que es considerada proscriptiva.
Creen que de esa manera se cumplirá con el precepto de la democracia participativa o democracia social y que cada vez habrá más voces, consolidando lo iniciado en 1983 con la recuperación de la democracia.
La mirada es mucho más amplia, sobre todo cuando se trata de las relaciones humanas y de cómo ordenar la provincia. Pero también no hay que olvidar aquello de la intencionalidad de la conciencia cuando se advierte del para qué llevar adelante reformas, cuando aún hay muchos temas que no han logrado plasmarse en la realidad desde la sanción de la actual Constitución.
Esta tarde, la Convención se aprestaba a trabajar sobre su propio reglamento, mientras que para varios observadores, la situación cuantitativa hizo presumir que la tarea del cuerpo podría estar mucho antes del tiempo fijado para su finalización y todo parece depender entonces de cómo sea la relación entre oficialismo y oposición cuando comiencen los debates.
