Después de haber intimidado a la prensa e intentar cercenar el derecho a la información que tiene la ciudadanía, se espera cuál será el accionar del Ministerio Público de la Acusación, que conduce Sergio Lello, en las próximas horas: Si da marcha atrás o sigue intimidando con sus acciones, que notablemente constituyen una presión no sólo hacia los periodistas y productores del programa Jujuy Investiga, que se difunde por Canal 7 de Jujuy sino al ejercicio del periodismo libre, con el poder intimidante que ejerce.
Cabe recordar que luego de una emisión del programa en la que se trataron las denuncias en contra del fiscal general del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Ficoseco y tres miembros del Tribunal de Cuentas, un ayudante de fiscal, Pablo Rodrigo Cuellar, solicitó “bajo apercibimiento” una nómina completa del personal que participa en el ciclo.
Ante esta situación, fue generalizado el repudio contra los funcionarios del MPA desde todo tipo de ámbitos nacionales y locales, y hasta el propio gobierno de Jujuy, que fue el creador del organismo en el 2015, rechazó el accionar que intentó disciplinar el ejercicio periodístico y cercenar el derecho a la información que posee todo ciudadano y ciudadana, y que está consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales y supranacionales, como la Convención Internacional de los Derechos Humanos de la ONU.
En la notificación judicial exigen, bajo apercibimiento, un informe escrito con los datos personales de los y las trabajadores que prestan servicios en el programa, detalles de producción y edición de dicho programa, etc.
Aún se desconoce si el titular del MPA dará marcha atrás o seguirá con la causa. También existe la posibilidad que desde los otros poderes del Estado se tomen los resortes que existen en la Constitución Provincial y en las leyes vigentes para iniciar, o no, otro juicio político en la Cámara de Diputados de Jujuy.