Femicidios: Colectivos de mujeres exigen la renuncia de funcionarios de los tres poderes 

Organizaciones y colectivos de mujeres suscribieron un documento en el que se exige la renuncia de responsables de los tres poderes del Estado provincial, por la inacción frente a las situaciones de violencia de género.

El texto, que fue elaborado luego de los femicidios de las hermanas Pamela y Ramona Gorosito en Yuto, fue leído este lunes en la puerta del Centro Judicial de Libertador Gral. San Martín. Estuvo presente la madre de las dos mujeres asesinadas. «La inoperancia y la desidia se vuelven evidentes una vez más», afirman en el documento.

El texto completo

Nos convocamos a accionar a partir de los hechos acontecidos en los últimos días, donde nos impactamos con femicidios, esta vez los de las hermanas Pamela y Ramona Gorosito, en Yuto. Una vez más, crímenes que se pudieron prevenir y evitar, que son cometidos no sólo por las manos de los femicidas sino también a causa de la desidia de las autoridades, que son quienes deben velar por cada una de las mujeres que padecen violencia de género.

Un Estado que es responsable de todas las fallas, ya que las mujeres siguen siendo asesinadas. Un Estado ausente y, en definitiva, cómplice. Porque sistemáticamente incumple y viola las mismas leyes que aprueba y desoye las voces de los sectores que venimos haciendo el trabajo que ellos no hacen, y lo hacemos en los territorios, en cada espacio de organización y contención, sin contar con las herramientas y recursos con los que cuentan funcionarios y funcionarias del gobierno de turno, judiciales y policiales.

Hoy hablamos de dos nuevos femicidios que no son sólo un expediente sino vidas que fueron brutalmente arrebatadas y que pasan a engrosar la estadística que ubica a Jujuy entre las provincias con más femicidios en proporción a la población.

Las vidas de Pamela y Ramona, de la mamá de ambas, Graciela, y de los cinco hijos e hijas que quedaron sin madres no volverán jamás a ser lo que eran, a pesar de que Pamela buscó de todas formas proteger su vida y la de su familia, ya que vivían todos aterrados por las amenazas del violento que fueron denunciadas en tiempo y forma, al igual que muchas otras mujeres que son víctimas de violencia y toman el coraje de denunciar.

Pero la burocracia y la indiferencia dejaron sola a Pamela.

Hoy sus familiares deben emprender un camino de lucha por justicia por ella y por su hermana Ramona. Justicia que deberá recaer sobre el femicida pero también sobre cada uno de los funcionarios y funcionarias que, desde el cargo que ocupan, no cumplieron con su función, abandonaron a Pamela y la dejaron a merced de su verdugo, que expandió su odio hacia las mujeres que la protegían y a las que él consideraba un obstáculo para poder seguir sometiendo y dominando a la mujer que consideraba de su propiedad.

Por esta razón, el asesinato de Ramona también es un femicidio, pues estuvo determinado por el odio a su condición de mujer, hermana protectora que se llevó a Pamela a vivir fuera del alcance del agresor.

Estamos en presencia de un doble femicidio. No vamos a aceptar otra calificación para este crimen. Nos preocupa que funcionarios judiciales consideren que “femicidio” corresponde sólo al asesinato de una mujer a manos de un hombre con quien mantenía un vínculo personal. Por el contrario, todas las definiciones coinciden, con matices, en que el femicidio es el “homicidio intencional de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”.

Esta historia es historia repetida. Una vez más, fallaron los protocolos. No los cumplieron ni los garantizaron. No respetaron los derechos de Pamela, mucho menos la Ley Iara, que ganamos en la calle con la lucha por justicia frente a la lamentable y estremecedora ola de femicidios que padecimos en 2020 que nos dejó la terrible pérdida de 5 mujeres asesinadas. Una ley que nació de la bronca y el hartazgo, en días en los que el Estado se vio obligado a reconocer la necesidad urgente de legislar para proteger de manera integral a las víctimas de violencia de genero. Una ley que, sin embargo, no tiene financiamiento garantizado; una ley que no hacen cumplir ninguno de los tres poderes del Estado provincial: ni la Legislatura, ni el Ejecutivo, ni el Judicial. Más bien, la violan sistemáticamente. Los hechos hablan por sí solos.

La inoperancia y la desidia se vuelven evidentes una vez más. A Pamela la abandonaron, la dejaron expuesta al extremo de la violencia machista. A ella y a su familia. No le creyeron, minimizaron su denuncia, la volvieron a estigmatizar, no actuaron en el momento justo. El estado es responsable.

El Consejo Provincial de la Mujer, a cargo de Alejandra Martínez, ya venía demostrando no estar a la altura de sus responsabilidades y atribuciones. Conocemos cantidades de casos en los que mujeres en situación de violencia no contaron con su acompañamiento. Lo sabemos porque estamos cerca de ellas, en el territorio, todos los días. El personal asignado al Consejo está sobrecargado, sus responsables no rinden cuentas de qué hacen con el dinero que reciben, los centros de asistencia sólo están disponibles algunos días de la semana y unas pocas horas por día.

Seguimos escuchando relatos de mujeres que no recibieron acompañamiento y en cambio fueron revictimizadas; mujeres que deben peregrinar para tener una atención.

Tampoco se ven los frutos de las tan promocionadas capacitaciones que se brindan a las y los responsables de las otras áreas involucradas. Cuando se ocupan de recibir un caso, se limitan a tomar a la víctima como rehén, aislándola de todas aquellas que fuimos el primer nexo y apoyo para avanzar con la denuncia, con el solo objetivo de manipularla para su política de márquetin.

Es más que evidente que no están, que no cumplen su función, que son ineficientes y que son irresponsables.

El Estado llega tarde o no llega. Desde el Ministerio Público de la Acusación se escucha un discurso sobre capacitaciones, protocolos, las medidas preventivas, de asistencia y protección a las víctimas. Todos los agentes de este organismo están obligados a velar por la seguridad y adoptar medidas, pero no lo cumplen, no lo hacen, no lo ejecutan.

La ley dice que la víctima debe ser tratada con consideración y respeto por su dignidad, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra. También establece que se debe velar por su seguridad y adoptar medidas preventivas urgentes para proteger su integridad y evitar nuevos hechos de violencia. Pero el sistema es burocrático e ineficiente, desde el primer momento de la recepción de una denuncia hasta esperar la orden de un fiscal, ayudante de fiscal o un juez o jueza.

Nada se hace como lo escribieron en la Ley. Por eso son responsables del abandono a las víctimas.

Desde el Ministerio de Seguridad, sólo después de la presión que ejercimos en las calles por la falta de capacitación, preparación, perfeccionamiento y empatía hacia las víctimas, salieron a mostrar un supuesto interés en encontrar al asesino. Pero ya era tarde. Y ni siquiera hicieron bien su trabajo, porque el femicida fue entregado por familiares suyos en medio de una especie de montaje de búsqueda para que la prensa difunda y seguir mintiendo a la sociedad.

El Poder Judicial inaugura oficinas pero no cubre cargos; hace prensa sobre capacitaciones, pero por otro lado apaña y legitima en sus cargos a funcionarios violentos que ejercen violencia hacia las propias empleadas del MPA y otros que se toman la atribución de amenazar en plena calle y luego son premiados, hacen política con las causas, juezas que públicamente desestiman las denuncias de violencias de género y fiscales y ayudantes que no contestan el teléfono o no ordenan las medidas preventivas.

A través de este comunicado, exigimos la renuncia y el apartamiento de todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias que tuvieron conocimiento de la situación de violencia y riesgo de vida que padecían Pamela y su familia.

Exigimos en particular la renuncia de Alejandra Martínez como presidenta del Consejo de la Mujer, porque no cumple con su función, por inoperante, por soberbia, por no respetar la ley, porque es responsable hasta de la desinformación que llega a las familias de las víctimas.

Exigimos la renuncia y apartamiento del ministro de Seguridad, Luis Alberto Martín, y todos los jefes y policías que no cumplieron con su función, porque no están preparados ni con la Ley Micaela, ni la Ley Iara, ni ningún protocolo de prevención, protección ni de búsqueda.

Exigimos la renuncia y el apartamiento de jueces y fiscales que no cumplen con la perspectiva de género y su rol de cuidar a las víctimas, de proveer del servicio de justicia y en cambio propician la revictimización, haciendo que el acceso a la justicia esté cada vez más lejano.

No nos sentimos seguras ni protegidas por un sistema que hace oídos sordos a quienes venimos diciendo que nos están violentando y nos están matando.

Cuando decimos que el Estado es responsable, lo decimos por todo lo expuesto y mucho más. Las familias no sólo luchan por justicia, sino que además deben enfrentar la burocracia estatal a nivel provincial y nacional para acceder a los beneficios que les corresponden por derecho a las hijas e hijos de las víctimas. Y se ha llegado al punto de que deben enfrentar las amenazas del Estado con multas exorbitantes por el solo hecho de ejercer su derecho a manifestarse y peticionar por justicia.

Hoy tenemos dos muertas más, pero no olvidamos a todas las otras que nos faltan porque ya las mataron, y las que aún seguimos buscando, y las que no tienen justicia.

Hoy somos Pamela y Ramona, víctimas de femicidio y del Estado ausente.

EL ESTADO ES RESPONSABLE.

QUEREMOS UN ESTADO PRESENTE QUE NOS ESCUCHE Y NOS PROTEJA

NI UNA MENOS

VIVAS NOS QUEREMOS

 

Documento El estado es responsable. Mujeres