El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Por Grupo elebece. Por 152 votos a favor, 75 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Reforma Política que prevé instaurar el sistema de voto electrónico en todo el país. Próximamente será tratado por el Senado y es probable que se convierta en ley. El proyecto es altamente controvertido y peligroso. Y suscitó graves críticas de la comunidad académica y técnica que, si bien fueron ampliamente expuestas en las sesiones de comisión, increíblemente no fueron tenidas en cuenta.
El artículo 37 de la Constitución Nacional establece que “el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”, pero el actual proyecto, en aras de la velocidad y bajo el arrope de una concepción de la modernidad tecno-fascinada, pone en riesgo el secreto y la igualdad que son pilares estructurales del sistema y frutos de décadas de luchas sociales y políticas por la democracia. El tema es tan relevante que el artículo 77 de la Constitución establece que para su modificación es necesaria “la mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras”.
El sistema electrónico de sufragio previsto en el proyecto al que acaba de dar media sanción la Honorable Cámara de Diputados es de características similares a los utilizados en la provincia de Salta y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero se desconocen las especificidades que tendrá. El artículo 62 del proyecto dice que “ciento ochenta (180) días antes de la elección, la Cámara Nacional Electoral (CNE) pondrá a disposición toda la información acerca de la votación con impresión de sufragio mediante sistema electrónico, incluyendo los componentes del hardware y el software, el procedimiento de recuento y totalización, escrutinio y transmisión de resultados”. Los especialistas consultados dejaron en claro que ese tiempo es insuficiente para realizar auditorías serias y revisiones exhaustivas del sistema y absolutamente imposible hacerlo para las más de noventa y cinco mil (95.000) máquinas que deberán cubrir las mesas electorales de todo el país. Por otra parte no está establecido el procedimiento en caso de que los fiscales informáticos de los partidos y los expertos de las universidades convocados a auditar encuentran fallas en el sistema y las reporten a la CNE.
En medio de las innumerables controversias en las que se desarrolló la sesión de Diputados en la que se aprobó el proyecto, este punto apareció sobre el final de la jornada y la diputada Alicia Ciciliani (Socialismo-Santa Fe) propuso introducir una cláusula transitoria que autorizara el uso de la boleta única de papel en caso de que el sistema electrónico fallara y el oficialismo se negó argumentando lacónicamente que eso no sucedería.
Hoy se sabe que en las últimas elecciones en la CABA, realizadas hace poco más de un año atrás, el sistema había presentado graves fallas que habían sido reportadas a la empresa (Magic Software Argentina-MSA, propietaria de la marca Boleta Única Electrónica y proveedora del sistema en Salta y CABA) antes de los comicios, que la justicia estaba al tanto, que las auditorias denunciaron problemas tan flagrantes como que las máquinas auditadas contenían otra adentro con capacidad de almacenar información y que los chips podían transmitir más de un voto por boleta. Además, en el 7% de las mesas electorales falló el dispositivo de transmisión de votos y los empleados (tercerizados) de la empresa privada a cargo del sistema se llevaron las máquinas en taxis hasta el centro de cómputos vulnerando todos los mecanismos de guarda y custodia electoral (ver nota y video de Ari Lijalad con detallada explicación al respecto).
Semejantes desaguisados, ocultados por la gran prensa, ocurrieron hace apenas un año en el marco de una elección que se dirimió por sólo 54.475 votos, mientras la ciudadanía ignoraba lo que sucedía y el ministro Montenegro se jactaba de que la elección había sido “ágil y rápida” cuando lo cierto es que nadie puede afirmar con certeza quién ganó y quién perdió. Pero el sistema emitió su veredicto.
El Poder Judicial porteño conocía la gravedad de la situación cuando en lugar de suspender los comicios, a 48 horas de los mismos, decidió allanar y detener al informático Joaquín Sorianello que actuó de acuerdo al protocolo y puso en conocimiento de la empresa las vulnerabilidades que él mismo encontró. Es razonable suponer que todo el gobierno de la Ciudad estaba al tanto de la situación y, finalmente, el propio Lousteau, a través de su primo y operador Guillermo Laje, conoció con lujo de detalles las fallas consignadas en las distintas auditorias que ponen en entredicho el resultado y la validez misma del acto electoral.
Es inevitable preguntarse qué hubiera ocurrido si a un mes de las PASO y a tres meses de las primarias presidenciales, Rodríguez Larreta y Macri hubieran sido derrotados en su bastión electoral. No hay respuesta. O quizás el sistema se encargó de dejar abierta la pregunta. Rodríguez Larreta es Jefe de Gobierno, Macri designó a Lousteau embajador en los Estados Unidos y Guillermo Laje –motivando la queja ante la propia canciller de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN)– fue nombrado Representante Comercial de la Embajada (http://www.clarin.com/politica/Molestia-diplomaticos-Lousteau-nombro-primo_0_1557444547.html).
Los “principios rectores” del proyecto
De todos los “principios rectores” que el proyecto se propone poner a resguardo en su artículo primero (auditabilidad, privacidad, seguridad, equidad, confiabilidad, accesibilidad, simplicidad, claridad y respaldo en papel) el único que, en principio, lo estaría, es la existencia de un respaldo en papel del voto emitido. Todos los demás quedan en entredicho por la introducción de una computadora ubicada entre el elector y la expresión de su voluntad. El respaldo en papel, que efectivamente existe, es relativo porque como sostiene el artículo 18 (artículo 62 quater del Código Nacional Electoral), la boleta que emite la impresora de votación contiene un soporte digital que torna engorroso para el elector verificar la correspondencia entre su voluntad y el registro del voto y entre el registro y la contabilidad del mismo.
La auditabilidad es lisa y llanamente inverosímil para cualquier elector común y sólo queda reservada para expertos y en las instancias que el proyecto prevé pero que no coinciden (y no podrían hacerlo) con el momento de la votación, excepto situaciones de flagrancia. Pero más allá de eso, la auditabilidad de un sistema de estas características es imposible, como lo demostraron numerosos expertos y como lo ilustra la cantidad de sucesos denunciados en todo el mundo (ver intervención del doctor Enrique Chaparro en la sesión especial de comisión de la HCD, a partir del minuto 1.37).
La privacidad y la seguridad quedan seriamente afectadas por la posibilidad cierta, y empíricamente verificada en muchos casos, de que se identifique al elector y hasta su voto. La equidad es un principio que el proyecto menciona pero no define. En la ley de fondo refiere, por un lado, a la existencia de un entorno de libertad para el ejercicio del voto y, por otro, a la ecuación básica de la igualdad política reflejada en la fórmula: un/a ciudadano/a, un voto. En cuanto a lo primero, este sistema, lejos de mejorar las flaquezas del sistema papel las deteriora al permitir la identificación de electores y votos a través de sistemas digitales no demasiado sofisticados. El problema es tan grave que tan sólo la certeza de que el secreto puede ser vulnerado, aunque no ocurra, dinamita la base misma del sistema electoral. Lo segundo corre el riesgo de afectarse por la introducción de un sistema electrónico de conteo de votos que escapa al control de la ciudadanía y puede ciertamente modificar las voluntades. La confiabilidad, por todo lo anterior, queda seriamente socavada y amenaza con corroer todo el proceso de selección de representantes que es esencial en cualquier democracia. Basta con imaginarse la situación de un elector que cree que puede ser espiado en un contexto en el que el resultado electoral es previsible y quiera ejercer una preferencia contraria al poder de turno. En Salta, provincia que dispone de un sistema similar al que se quiere implementar ahora a nivel nacional, el 43% del electorado no creía que su voto fuera secreto en 2013 mientras que en 2011, cuando se empezó a utilizar el sistema, ese porcentaje no superaba el 25% (ver exposición del doctor Enrique Chaparro, minuto 20.50)
El resto de los principios rectores son enunciados retóricos afines a una idea distorsionada de “modernización” y funcionales a principios que el sistema electoral no debe tutelar necesariamente, como la velocidad en el escrutinio. Y afectan, además, otros que sí son estructurales, como la seguridad, el secreto y la confiabilidad. El doctor Alfredo Ortega dice claramente (minuto 2.30) que “no se puede confiar” en este sistema y lo argumenta de un modo incontrastable en su presentación.
El sistema que se quiere instrumentar es inseguro y expuesto a sabotajes y manipulación informática, vulnera la privacidad, es mucho más opaco que el actual sistema papel y es imposible de auditar. Tanto desde el oficialismo como desde la propia empresa que provee el servicio en Salta y en CABA y se perfila para hacerlo a nivel nacional (Magic Software Argentina MSA) argumentan que no es así debido a que las máquinas de votación no están conectadas a Internet, pero la comunidad técnica y académica fue contundente en rechazar ese argumento e insistir que por radiofrecuencia y otras vías, que incluyen aplicaciones sencillas que pueden ser operadas desde teléfonos, el sistema es vulnerable (ver minuto 6.20 de la presentación del doctor Ortega y minuto 5.50 de la del Programador Javier Smaldone). De hecho, en las elecciones porteñas de 2015 existieron al menos cuatro ataques eficaces conocidos, dos desde el interior del país y dos desde IPs de los Estados Unidos, que demostraron con creces las vulnerabilidades del sistema y sus peligros (ver, entre muchos otros, “El voto hackeado” de Ari Lijalad, en donde constan fotografías del expediente judicial con identificación de los IPs desde los cuales se accedió al sistema electoral de la CABA: http://www.politicargentina.com/notas/201608/16044-voto-caba-2015.html y el artículo de Javier Smaldone con explicación detallada de las fallas del sistema y la forma en que fue expuesto en 2015 https://blog.smaldone.com.ar/2016/05/03/el-dia-que-el-sistema-de-voto-electronico-vot-ar-fue-vulnerado/)
Además, existe otra amenaza a los principios básicos de seguridad, inviolabilidad, integridad y transparencia de los comicios, que viene dada por el hecho de que todo el proceso de implementación y funcionamiento recae en manos de una empresa privada y probablemente extranjera. Además de la mencionada MSA, el gobierno buscó la colaboración de Corea de Sur y la probable participación en el proceso licitatorio de empresas de ese país y firmó un memorando de entendimiento con Hong Yun-Sik, ministro del Interior de ese país. Oficialmente se informó que el ministro de Modernización Andrés Ibarra dijo “logramos que Corea, con su reconocida experiencia en elecciones con boleta electrónica, quiera participar en la licitación pública nacional e internacional para la adquisición de equipos y software”. Y se agregó con entusiasmo que “Corea del Sur es líder en materia de elecciones con boleta electrónica, transparencia pública y gobierno digital. En los último tres índices de desarrollo de gobierno electrónico publicados por las Naciones Unidas (2010, 2012 y 2014), ocupó el primer puesto. Su liderazgo en la materia es ampliamente reconocido por la comunidad internacional y sus sistemas son utilizados por países extranjeros” (www.argentina.gob.ar/noticias/andres-ibarra-realizo-una-gira-por-corea-del-sur). Lo que no se informó oficialmente es que Corea del Sur no utiliza el sistema de voto electrónico en sus propias elecciones.
Si votar con computadoras es exponerse al fraude a gran escala, como lo demuestra una amplísima experiencia internacional disponible, mucho más lo es utilizando programas cerrados diseñados por empresas. Pero eso no se soluciona con el uso de software libre, como lo advierte el propio fundador del movimiento mundial por el software libre, el neoyorquino Richard Stallman: “Votar con computadoras es abrir una puerta grande al fraude. La computadora ejecuta un programa, y el programa puede ser cambiado o reemplazado. Puede ser reemplazado temporalmente durante la elección por otro diseñado para dar totales falsos. Ningún estudio del programa que debería correr puede asegurar que otro programa no actúe mal. Muchos activistas de software libre piensan que usar el software libre en la máquina de votación asegura una elección honesta. Usar software privativo es malo aquí, como siempre: el fabricante podría diseñarlo a sus anchas para fraude. Pero ser libre no basta. El único sistema de confianza es votar con papel”.
La experiencia internacional
“El único sistema de confianza es votar con papel”, dice Stallman. El padre de los Wikileaks, Julian Assange, dice que “el voto electrónico es un suicidio para la democracia” y el mundo entero lo sabe. Pero parece que al gobierno de Macri votar en papel (con el actual sistema o con la boleta única que se usa en Córdoba y en Santa Fe) no le parece glamoroso ni suficientemente moderno, aunque sea el sistema utilizado en la inmensa mayoría de los países del mundo, como Alemania, el Reino Unido, la mayor parte de los Estados Unidos, Holanda, Francia y los Países Escandinavos, entre otros. Sólo tres países en el mundo utilizan para todo el territorio en las elecciones nacionales el sistema de voto electrónico: India, Brasil y Venezuela. Otros que lo usaron lo abandonaron por no respetar principios constitucionales como la seguridad, la integridad de la elección y el secreto del voto.
En Alemania, en 2005, se realizaron las primeras elecciones parlamentarias con votación electrónica. El sistema fue denunciado por vulnerable, inauditable y violatorio del secreto. Y en 2009, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional por no permitir la fiscalización del proceso electoral por personas sin conocimientos técnicos y quitarle a la ciudadanía derechos políticos democráticos básicos.
Los diputados oficialistas pretenden que el caso alemán no aplica a la Argentina porque los sistemas serían (reiteramos que aun no se conocen los detalles del sistema local hasta 180 días antes de las primarias, aproximadamente febrero de 2017) distintos y allá no se emitía constancia en papel y acá sí. Como sostuvo el doctor Enrique Chazarreta, después de varios años de investigaciones judiciales de la Corte y miles de fojas en el expediente, “lástima que los alemanes sean tan tontos como para no haberse dado cuenta que añadiéndole un pedacito de papel al sistema se solucionaba todo”. Ironías aparte, lo que la Corte Suprema alemana dejó en claro es que la cuestión es mucho más de fondo. Lo que está en juego es la integridad de derechos políticos básicos del pueblo que se ocluyen cuando se impide la comprensión cabal del procedimiento de elección y la posibilidad de fiscalizarlo plenamente. En un fallo ejemplar centrado en el principio de ciudadanía democrática, Alemania prohibió en 2009 el voto electrónico en todo el país y vota actualmente en papel.
Holanda fue pionera en la implantación del voto electrónico y desde 1965 la legislación electoral permitió su uso en elecciones locales. En 1995 el sistema comenzó a utilizarse a nivel nacional. En 2006, tras numerosas denuncias anteriores sobre vulnerabilidades en la seguridad del sistema, un equipo de investigadores de distintas universidades comprobó que el sistema de voto electrónico utilizado presentaba fallos graves de seguridad. En 2008, tras un escándalo nacional y la investigación del caso, el gobierno holandés anunció oficialmente que volvía a los sistemas electorales basados en papel.
Entre 2002 y 2007 se realizaron más de treinta pruebas pilotos en el Reino Unido con diferentes sistemas de votación electrónica. Luego, en 2008, la Comisión Electoral concluyó que la seguridad y las garantías adoptadas eran insuficientes y, en consecuencia, determinó el fin de la experiencia y la continuidad del voto en papel.
Noruega es pionera en tecnologías aplicadas al proceso electoral. En 1993, en Oslo se experimentó con una máquina de lectura óptica. En las elecciones locales de 2011 se realizó una prueba en elecciones municipales con un sistema que combinaba voto papel y voto por Internet. En 2013, en las elecciones parlamentarias, se realizó la segunda prueba con voto por Internet y en 2014 el gobierno noruego abandonó los ensayos de los sistemas de voto electrónico debido a las controversias políticas suscitadas en materia de seguridad y a una baja sensible en la participación electoral de los ciudadanos durante las pruebas y regresó al voto papel.
Finlandia, en 2006, aprobó el proyecto de Ley para la utilización del voto electrónico. En 2008 se realizó una prueba en tres municipios durante las elecciones y debido a problemas de uso la votación fue anulada. El sistema utilizaba urnas electrónicas. En 2010, el gobierno decidió no continuar con el voto electrónico hasta tanto no existan estándares de seguridad confiables a nivel internacional.
En 2000, se modificó la legislación para la introducción del voto electrónico en Irlanda y en 2002 se realizó la primera prueba en Dublín Norte, Dublín Oeste y Meta. En 2004, el gobierno irlandés creó una comisión independiente para evaluar la seguridad y confidencialidad del voto electrónico que comprobó la existencia de vulnerabilidades en la seguridad y concluyó que el sistema no garantizaba la integridad de la elección. En 2009, el gobierno anunció suspender la introducción del voto electrónico tanto por los costos económicos que exigía su implantación como por la satisfacción que el electorado tenía en el sistema de votación tradicional. En 2012, el gobierno decidió deshacerse definitivamente de 7500 máquinas electrónicas adquiridas en 2002 por falta de fiabilidad.
En Israel se estudió el sistema, nunca se llegó a aplicar y lo descartaron. En diciembre de 2008 se usó en la elección interna del Partido del Trabajo Israelí que involucraba a unos 60.000 miembros para seleccionar candidatos. Las pantallas táctiles (EVM, similares a las que se quieren implementar acá) fallaron en la mayoría de las 275 mesas de votación y la elección se debió suspender. Además se probó que los chips de las boletas impresas podían ser quemados por radiofrecuencia de manera imperceptible, sin que existiera fuego, agravando al infinito el riesgo que blanden como fetiche los oficialistas cuando recuerdan, como supuesto argumento autosuficiente, las escenas de quema de urnas.
Los ejemplos internacionales contrarios al voto electrónico son tantos que es más sencillo observar el tema al revés. Actualmente, sólo siete países tienen boleta electrónica para votar: Bélgica, Venezuela, Brasil, Estonia, India, Filipinas y algunos distritos de los Estados Unidos. Sólo tres lo utilizan en todo su territorio y para todas sus elecciones: India, Brasil y Venezuela. Bélgica lo utiliza en un porcentaje cercano a la mitad de su territorio e instancias electorales y un poco menos los Estados Unidos (donde predomina el papel). Y en estos países el sistema es muy objetado y blanco de todo tipo de críticas. En todos estos casos, la aplicación del sistema implicó una gradualidad que en la Argentina no se prevé. Brasil tardó más de veinte años de avances sucesivos, India y Estonia tuvieron marchas y contramarchas y gigantescas inversiones en cambio de software para emparchar el sistema de las vulnerabilidades detectadas, Bélgica redujo su aplicabilidad en un 50% por graves fallas de seguridad y los Estados Unidos hicieron lo propio al 39% del padrón electoral.
En la Argentina, el gobierno pretende hacerlo de un plumazo, para las más de 95.000 mesas de todo el país, en tiempo insuficiente, con una empresa privada, con software privativo, con la casi unánime opinión de la comunidad académica y técnica en contra, a pesar de la experiencia internacional y ocultando las graves fallas registradas y documentadas que acontecieron durante las experiencias en Salta y CABA que, en honor a la verdad, ponen en entredicho los resultados de esos comicios.
¿Por qué?
Ante tanta evidencia en contrario, es difícil responder a la pregunta sobre las auténticas motivaciones de impulsar un proyecto como este sin caer rápidamente en argumentos que apelan al supuesto desconocimiento, a la improvisación y hasta a la malicia del otro. Por eso es conveniente reparar primero en un conjunto de elementos que incluye una (sobre) valoración de la tecnologías, una cierta ansiedad de época que eleva a la velocidad y su consagración, la primicia, a la estatura de un bien a tutelar y la siempre presente codicia de los grandes grupos mediáticos que imponen sus intereses empresarios como pulsiones vitales a la sociedad.
El sistema fue promocionado como “ágil y rápido” en contraposición al sistema papel que sería trabajoso y lento. Esto estuvo precedido de varios años de campañas de desprestigio sobre los comicios en los que el actual oficialismo no lograba buenos resultados electorales y la instalación mediática del fantasma del fraude rondando cada elección. Sin embargo, agilidad y rapidez no son malas en sí mismas excepto que conspiren contra las cosas bien hechas y contra la posibilidad de la ciudadanía de entender el proceso electoral y fiscalizarlo en conjunto. La idea de velocidad está asociada a “ir, votar rápido y volver a la vida privada” tan promovida por algunos “modernos” y tan consustancial a la despolitización de la sociedad.
La experiencia de participación electoral no se agota en el voto y tiene que ver con ese fuerte simbolismo de tomar un papel o marcar una opción de puño y letra, con las propias manos, y no mediado por una máquina inescrutable. Y tiene que ver con ese momento único en el que, a la misma hora y en todo el país, se contabilizan los votos uno por uno y se celebra el ritual de transmitir los resultados para que el pueblo que espera, en su tiempo, pueda conocer quiénes serán los gobernantes electos. La democracia no es sólo votar. Y votar no es sólo pulsar rápido una pantalla digital.
El sistema en papel tiene fallas, por cierto. Ninguna de ellas es solucionable por este sistema digital y muchas otras que no existen se impondrán inexorablemente a gran escala. El robo de boletas se soluciona con fiscalización partidaria y si los partidos chicos no pueden fiscalizar suficientemente, se soluciona con la boleta única de papel provista por el Estado. El famoso voto-cadena (más mito que realidad) no se soluciona con este sistema sino que se agrava su posibilidad; al igual que la quema de urnas. El secreto se vulnera y con ello todo el edificio de la confianza en el sistema electoral. La posibilidad de fraude en los resultados se exacerba hasta límites desconocidos. Y la credibilidad de las instituciones se socava. Precisamente, la institucionalización de elecciones fue quizás el mayor logro de nuestras democracias incompletas hoy puesto en peligro por el capricho de la fascinación tecnológica.
La demanda de velocidad es el síntoma de la ansiedad de los medios por mercantilizar las elecciones y degradar la democracia en el fango del mercadeo. ¿Cuándo fue la última vez que la sociedad estuvo una semana sin saber si tal o cual había sido electo/a presidente desde 1983 hasta 2015? Nunca. A la medianoche (a más tardar a la madrugada), siempre, en todos los casos, se supo con certeza el resultado. Sin embargo, en muchos lugares del mundo esa espera semanal ocurre, y nadie se suicida y los países siguen funcionando. La fuerza de las instituciones está en su capacidad de ser confiables y hacer las cosas bien en el marco del tiempo que las mismas demanden para hacerlo. Pero se quiere imponer la idea de que tiene que ser (más) rápido y pasar rápido a otra cosa (¿consumir?).
Pero además hay otras razones que acuden a explicar, o intentarlo al menos, el por qué de la urgencia de implementar este sistema. Existe la fuerte sospecha de que este sistema atenta contra el secreto del voto y contra la autenticidad de los resultados. En todo el mundo se probó la posibilidad de lo primero y eso sólo es suficiente para descartar el sistema de plano. La sola posibilidad de que alguien piense (natural con este sistema) que es posible conocer a quien votó, condiciona la libertad del/la ciudadano/a y es en sí mismo un atentado brutal a la democracia. La autenticidad de los resultados está en entredicho porque los sistemas digitales son vulnerables en todo el mundo. Si es posible intrusar al servicio secreto de los Estados Unidos o a las grandes compañías mundiales de internet como Google o Microsoft, ¿cómo no podría hacérselo con un sistema de este tipo? Pero si las sospechas, y las numerosas pruebas en todo el mundo, no son suficientes, ¿por qué razón el propio texto del proyecto prevé en su artículo 63 delitos penales informáticos (dicho sea de paso, el proyecto no pasó y debió hacerlo, por la Comisión de Legislación Penal de la HCD) en los que deja en claro que tal posibilidad existe.
“Artículo 63: Incorpórase como artículo 139 bis al Código Electoral Nacional (Ley 19.945, t.o. por decreto 2135/83 y sus modificatorias) el siguiente:
Artículo 139 bis: Delitos informáticos electorales. Enumeración.
Se penará con prisión de uno (1) a tres (3) años a quien:
Se introdujera a los sistemas informáticos de manera previa, durante o después de la jornada electoral con el propósito de causar daños mediante la adulteración de la información, la sustracción de la misma o la filtración de programas informáticos que modifiquen los resultados electorales”
Vulnerar el secreto, y antes aún, la confianza en el secreto, es someter a la ciudadanía. Y someter a la ciudadanía democrática es aniquilarla, es detonar el principio de igualdad ante la ley y hacer saltar por el aire el lenguaje de los derechos que costó décadas de luchas articular.
Con respecto a los resultados, es fácticamente improbable que una elección en la que una fuerza política se imponga con amplio margen el sistema sea usado para alterar los resultados o, al menos, el ganador. Pero de ninguna manera lo es en casos en los que las diferencias sean pequeñas. El caso del balotaje en la CABA está en entredicho y mediáticamente silenciado, como preludio de un provenir posible, aunque de ninguna manera inevitable a través de la conciencia extendida y la acción democrática del pueblo movilizado en defensa de sus derechos.
