El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Por Ari Lijalad y Franco Mizrahi, en El Destape. La Corte Suprema dio un nuevo golpe institucional. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda violaron la autonomía del Congreso y dispusieron que la división del bloque de senadores del Frente de Todos, una decisión de política partidaria ejecutada por CFK, no es válida. El mensajes es claro: no van a permitir ningún movimiento de CFK que toque sus intereses. ¿Qué intereses? La pelea de fondo es por un cargo en el Consejo de la Magistratura, donde el Frente de Todos logró un lugar más gracias a esa división de su bloque.
La Corte quiere tener control absoluto del organismo que selecciona y sanciona a los jueces, al que tomó por asalto a partir de la puesta en vigencia de una ley que está derogada, otro atropello sobre el Congreso. Ahora la Corte rompe de nuevo la división de poderes y decide quienes pueden integrarlo: saca a un senador del Frente de Todos y pone a Luis Juez, del PRO. El impacto también estará en el poroteo interno del Consejo.
Este entuerto comenzó el 16 de diciembre de 2021, cuando la Corte Suprema estableció que la conformación del Consejo de la Magistratura que funcionaba desde el 2006 era inconstitucional. Es decir, que el órgano que selecciona y sanciona jueces funcionó 15 años contra la Constitución. Insostenible, pero no sólo eso: la Corte le ordenó al Congreso que sancionara una nueva ley y mientras puso en vigencia la ley previa a la votada en 2006, que está derogada. La República funciona con leyes que ya no existen.
Según la ley derogada que la Corte puso en vigencia, corresponden dos consejeros de la Magistratura al bloque con mayor representación, uno a la primera minoría y uno a la segunda minoría. En ese entonces el Frente de Todos tenía un bloque de 35 miembros, el radicalismo uno de 18 y el PRO uno de 9. La jugada del Frente de Todos, ante la maniobra ilegal de la Corte, fue dividir en abril de 2022 su bloque en dos de 21 y 14 miembros respectivamente, con lo que se quedó con 2 consejeros por el bloque mayoritario (María Inés Pilatti de Vergada y Mariano Recalde) y uno por la segunda minoría (Martín Doñate).
El senador del PRO Luis Juez judicializó esto y ahora la Corte falló en su favor. Sale Doñate y entra Juez. Lo decidió Rosatti, autovotado presidente de la Corte y autodesignado presidente del Consejo de la Magistratura.
La Corte justifica su intromisión en la decisión política del bloque de senadores del Frente de Todos porque impacta en la conformación del Consejo de la Magistratura, que está dentro del Poder Judicial. “Ello es así pues el control judicial no recae sobre un acto relacionado con la dinámica propia de la organización interna de una de las cámaras del Congreso –materia que se encuentra reservada a su ámbito de discrecionalidad– sino sobre la regularidad del procedimiento seguido por dicha cámara para integrar un órgano constitucional incorporado en la reforma de 1994 para fortalecer la independencia del Poder Judicial”, escribieron los cortesanos. Cuando se trata de sus intereses parece que todo vale.
El prólogo de esta nueva jugada es la toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la misma Corte. El 16 de diciembre de 2021 dijeron que la conformación del Consejo que rigió durante 15 años era inconstitucional, que tenía que sancionarse una nueva ley para modificarla y mientras repusieron una ley derogada donde justo el presidente de la Corte, Rosatti, pasaba a presidir el Consejo. Muy conveniente.
El fallo del 16 de diciembre de 2021 no lo decía, pero ahora la Corte afirma que para contar los bloques parlamentarios tiene que tomarse la fecha de su fallo. Su fallo es del 16 de diciembre de 2021 y la división del bloque peronista del 18 de abril de 2022. Pero hay otro punto clave en las fechas: el propio fallo de la Corte decía que el Congreso tenía 120 días para su implementación. La partición del bloque del Frente de Todos fue previa a que se cumpliera ese plazo, o sea, dentro de las propias reglas que inventó la Corte. Pero ahora la Corte quiere dar un mensaje claro: no va a permitir ningún movimiento de CFK que la exponga.
“La división referida no obedece a fines genuinos sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde”, dice la Corte, juzgando así decisiones políticas.
El mensaje para CFK es directo. La Corte dice que “el accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura”. En síntesis: la Corte legisló (algo que no puede) y acusa a CFK de no cumplir su fallo con una decisión política (algo no judiciable).
Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda dicen que CFK constituyó “ficticiamente” un bloque en el Senado, que “desconoce el principio de buena fe”, que ese accionar fue “manipulativo”, que “no debe admitirse su validez”, que se trató de un “artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo”.
“La maniobra reseñada quiebra, además, las reglas más básicas del debido proceso legislativo”, “este Tribunal no puede dictar sus sentencias a espaldas de esa maniobra”, escribieron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. Hablan de CFK, pero debería aplicarse a ellos, que pusieron en vigencia una ley derogada y ahora se entrometen en decisiones del Congreso. Ricardo Lorenzetti, el cuarto cortesano, no firmó ya que considera que se inclumplió una sentencia que restituye una ley derogada.
Para la Corte todo fue irregular, pero “por ineludibles razones de seguridad jurídica, se declara la validez de los actos cumplidos por el Consejo de la Magistratura de la Nación con la participación del senador Claudio Martín Doñate”. Esta «vuelta en el aire» para validar un acto supuestamente nulo expone la falta jurídica del Alto Tribunal.
Desde el PRO festejaron. Su presidenta, Patricia Bullrich, lo sintetizó: “¡Ganamos!”.
El beneficiario directo de este golpe de la Corte es Juntos por el Cambio y puntualmente los senadores Juez y Humberto Schiavoni. La Corte revirtió los fallos de primera y segunda instancia, que habían rechazado las pretensiones de Juez y Schiavoni. En primera instancia el juez Pablo Cayssials (que no se lo puede tildar de kirchnerista ni mucho menos) rechazó el amparo que presentaron los legisladores cambiemitas y dijo que la decisión del bloque del Frente de Todos de dividirse es “propia de la órbita de la autonomía funcional de la Cámara en cuestión y resguardada de la intervención judicial”. Dijo además que si se metiera “se estaría decidiendo sobre una cuestión privativa de otro poder del Estado, encaminada a ordenarle cómo actuar y decidir, o no, en una determinada materia o en aquello que es de competencia propia».
Juez y Schianoni apelaron. Los camaristas Jorge Alemany, Pablo Gallegos Fedriani y Guillermo Tracy confirmaron la decisión de Cayssials. En su voto Alemany coincidió en que se trata de una cuestión política no judiciable y sostuvo que “las afinidades políticas necesarias y suficientes para conformar un nuevo bloque, constituyen cuestiones inherentes al funcionamiento interno de la Cámara, y responden a las reglas de la lógica política”; Treacy agregó que “no se advierte en cabeza de los amparistas más que un derecho en expectativa a ser designados, en la medida en que el cuerpo al que pertenecen hubiera mantenido la configuración de los bloques partidarios”; Gallegos Fedriani adhirió a lo que dijeron los otros dos. La Corte anuló todo.
Poroteo
La decisión de la Corte impacta en la conformación que tendrá el Consejo de la Magistratura por los próximos cuatro años. De allí su relevancia.
Todo indica que el Consejo tendrá al menos tres bloques internos después del 18 de noviembre cuando terminen los mandatos de los actuales consejeros y se renueve la integración del órgano que selecciona y sanciona jueces. Incluso puede haber una mayor atomización, según cómo se resuelvan las internas en las coaliciones políticas y cómo articule el partido judicial. Un dato que revela la importancia de lo que está en juego es que el nuevo consejo, el que entrará en vigencia después del 18N, tiene por delante cubrir el tercio de vacantes que hoy tienen los tribunales.
¿Cómo está la relación de poder entre los distintos sectores del mundo político-judicial en el Consejo «renovado»?
Hasta el momento fueron electos 12 de los 20 consejeros de la nueva integración: 6 responden con distinta intensidad a la alianza Cambiemos, 3 al Frente de Todos y otros 3 a un nuevo sector, el “moleismo”, que responde al académico Diego Molea –hoy consejero pero que no renueva a partir del 18 noviembre-. Resta que el Congreso envíe a sus 8 representantes, 4 por el Senado y 4 por Diputados. Es en esa decisión donde acaba de meter su mano la Corte.
Ingresarán 4 por la cámara de Senadores y otros 4 por la de Diputados. La fórmula para la distribución de sillones es 2-1-1, es decir, 2 consejeros por la mayoría de cada cámara, 1 por el segundo bloque y 1 por la segunda minoría. Cómo se consideran esos espacios es una decisión interna del Poder Legislativo. El fallo de la Corte vino a romper esa lógica y a quitarle un representante al oficialismo para dárselo a la oposición.
En la actualidad hay 3 senadores vinculados a distintos espacios del Frente de Todos: Martín Doñate, María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde. La cuarta senadora es Silvia del Rosario Giacoppo (UCR). La Corte anuló la designación de Doñate y dice que ese sillón es para JxC.
Por los Diputados hoy están Vanesa Siley del FdT, Pablo Tonelli y Roxana Reyes por los distintos espacios de JxC y la peronista Cristina Caamaño.
Si se sigue ese esquema, JxC alcanzaría con el fallo de la Corte un bloque de 10 voluntades. El FdT quedaría con uno de 6. El moleísmo tendría 3 y aparecería el sector de Caamaño como “líbero”.
No obstante, no hay nada cerrado. De acuerdo a quienes sean designados por el Congreso puede darse una mayor atomización. Por ejemplo, el radicalismo podría armar su propio bloque con abogados, jueces y legisladores. Esa circunstancia variará según la tensión interna en la alianza opositora pero también según el caso que se trate en el Consejo. Lo mismo corre para el oficialismo, que podría estar dividido en kirchneristas, massistas y representantes de gobernadores, por ejemplo. La discusión en torno a la distribución de esos sillones se espera intensa porque hay mucho en juego. Una incógnita es cómo articulará el moleismo, que si acercara a JxC dejaría a la actual oposición a un voto de los dos tercios.
Porque la mayoría que se requieren para designaciones y procesos de destitución es de 14 voluntades. Con un eventual cambio de gobierno, Juntos por el Cambio sumaría al representante del Poder Ejecutivo y quedaría a 3 votos de un manejo discrecional de nombramientos y destituciones.
Corte-fallo-consejo magistratura-8nov2022