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Dos proyectos de ley que buscan la educación igualitaria ingresaron a la Legislatura: uno insta al ordenamiento de criterios para la educación de gestión privada, de organizaciones sociales y cooperativas, y de gestión municipal; el otro propone la figura de “docente para la inclusión” en cada escuela, que garantice la educación a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Ambas iniciativa de ley, “De ordenamiento sobre criterios y porcentaje de subsidios estatales a las instituciones educativas de gestión privada, cooperativa, social y municipal de la Provincia de Jujuy” y la de “Incorporación de Docentes para la Inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en instituciones educativas comunes”, fueron ingresadas por el diputado Jorge Rizzotti (UCR).
La primera, sostiene en sus fundamentos “tiene como objeto la equidad, ordenamiento y transparencia de los criterios con los que el Estado asiste a la educación de gestión privada, cooperativa, social y municipal de la provincia de Jujuy.
Rizzotti describe: «En la actualidad en Jujuy se encuentran una serie de situaciones de arbitrariedad en la distribución de los fondos, donde la subvención cubre entre el 20 y el 100 por ciento de la planta docente de instituciones de gestión privada, cooperativas y sociales, como así también se encuentra la negación de subvención a la única escuela de carácter municipal Marina Vilte, escuela pública que presta servicios educativos con recursos municipales a poblaciones de escasos recursos”.
“Tampoco existe un instrumento que regule el monto del arancel que cobran las escuelas de gestión privada, el cual constituye un indicador del nivel social y económico de los estudiantes, y debería ser determinante para establecer el aporte que corresponde otorgar a cada escuela; de otro modo, el Estado estaría contribuyendo con sus recursos públicos escasos a financiar profundas e injustas desigualdades educativas”, agregó el legislador.
La situación, entiende el proyecto de ley, debe superarse y el Estado debe tender a “mantener una relación equitativa entre el porcentaje de aporte estatal y el arancel pagado por las familias”, creando para ello una reglamentación sobre el cobro de aranceles, determinando los aranceles máximos para la enseñanza programática que puede cobrar cada institución educativa en base al porcentaje de aporte que recibe, el nivel educativo y la modalidad”, sumó Rizzotti.
Por otra parte, el proyecto de ley acerca de la incorporación de “Docentes para la inclusión” impulsa garantizar la inclusión educativa de las niñas, niños, y adolescentes con discapacidad en la escuela común. La iniciativa entiende que “todos los establecimientos educativos que integran el Sistema Educativo Provincial están obligados a incorporar a su proyecto educativo institucional la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; atendiendo el interés superior del estudiante, no podrá justificarse su no inclusión por la ausencia de capacidades institucionales o recursos del establecimiento de educación común para atender a sus necesidades educativas”. “El Ministerio de Educación deberá proveer a las instituciones de docentes formados para la efectiva inclusión”.
Por dicha ley, explicó el diputado “se incluirá en la planta funcional institucional la figura de «docente para la inclusión», cubierto por profesionales con título habilitante consustanciados con la temática”.
“Estos docentes tendrán a su cargo el trabajo conjunto. con maestros y maestras, profesores y profesoras y, entre docentes, padres, madres y estudiantes, llevarán a cabo las acciones de acompañamiento a la comunidad educativa necesarias para que se logre la inclusión”.
