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El cuñado del jefe de Gobierno porteño y empresario textil, Daniel Awada, fue imputado por «reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular».
La causa que instruye la titular del Juzgado de Instrucción Nº 45, María Dolores Fontbona de Pombo, imputó al empresario Daniel Awada, junto con otros cinco empresarios textiles, por «reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular».
Denuncian que en los talleres se encerraba bajo llave a los costureros en piezas de extrema precariedad, y se descubrieron 15 personas que vivían y trabajaban sin condiciones de higiene y seguridad.
La jueza Fontbona de Pombo hizo lugar al pedido de Andrés Madrea -fiscal de primera instancia- que «realizó la investigación tras derivarse la causa desde el fuero federal donde habían radicado la denuncia en 2007, el gobierno de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo porteña en conjunto con La Alameda», la organización no gubernamental que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo y el narcotráfico.
Según detalló en un comunicado la propia Alameda, en los talleres se encerraba bajo llave a los costureros en piezas de extrema precariedad, y se descubrieron 15 personas que vivían y trabajaban sin condiciones de higiene y seguridad.
Los imputados por la magistrada Fontbona de Pombo, son el cuñado de Mauricio Macri, Daniel Awada (presidente), y Patricia Norma Fraccione (vicepresidente) de la sociedad Cheek SA; Sergio Jaime Said (presidente) y Victoria Papu de Said (vicepresidente) de la sociedad Mazalosa SA cuya marca es Portsaid, y Aníbal Marcelo Terra (presidente) e Ingrid Georgina Kern Dornfeld (vicepresidente) de la sociedad Kowsef SA cuya marca es Kosiuko.
Según se informó, los talleres funcionaban en las calles Eugenio Garzón 5611 y el otro en Pola 1995/1997.
Al llegar allí, la división de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal (PFA), descubrió «siete costureros en condiciones irregulares y ocho regulares» que «vivían y trabajaban sin condiciones de higiene, seguridad y hasta desconocían cuánto era el monto de su salario».
Por otra parte, entre las pruebas recolectadas por la Policía Federal y Gendarmería Nacional, que conectan a la marca Cheeky con el taller esclavo, se encuentra una computadora, en la cual se detectó «un documento con un molde de confección de una prenda de vestir» de esa marca.
