Juicio a manifestantes contra la reforma constitucional: ‘Un linchamiento judicial nunca visto’

Los 19 referentes sociales imputados de diversos delitos por haber participado de las protestas contra la reforma constitucional en junio de 2023 irán a juicio oral en el marco de una causa calificada como «absurda», una continuidad de la persecución judicial contra luchadores populares de Jujuy.

Los y las abogadas que representan a los acusados preparan apelaciones y planteos de nulidad, mientras denuncian que el sistema judicial busca esconder una cantidad de irregularidades cometidas durante la primera parte del proceso.

Este martes, en la última de las siete audiencias que se realizaron, el juez penal en delitos contra la administración pública y económicos, Rodolfo Miguel Fernández dictaminó la elevación a juicio oral de la causa contra 19 referentes sociales acusados de diversos delitos supuestamente cometidos durante la manifestación del 20 de junio de 2023 contra la reforma constitucional.

De los 20 imputados originalmente, quedaron 19 tras el sobreseimiento de Walter Damián Brizuela. Serán juzgados entonces Miguel Ángel Ramos, Santiago Zamora, Leonardo Alejandro Rosales, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martin Antonio Abad, Francisco Emilio Lyonnet, Luis Santiago Zalazar, José Ivan Blacutt, Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Gerónimo, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Diaz, Nahuel Tomás Herrera y Rivero Lautaro Joaquín.

Todos ellos están acusados de diversos delitos, entre estos daños a la propiedad y resistencia a la autoridad, supuestamente cometidos el 20 de junio de 2023. En esa jornada, miles de personas se manifestaron en inmediaciones de la Legislatura en momentos en que se aprobaba el texto de la nueva Carta Magna.

Alejandra Cejas, una de las letradas que representan a los acusados. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) calificó todo el proceso como «absurdo». Y agregó: «Para acusar a una persona, hay que acreditar que esa persona causó tal daño. Es decir, si alguien rompió un auto, hay que probar que esa persona fue la que lo hizo, dónde, cuándo y de qué modo. Pero acá no hay nada de eso; dicen que todos participaron de todas las acciones».

«Es un linchamiento judicial nunca visto. Se están violentando los derechos de nuestros asistidos», afirmó.

A su entender, el objetivo del juez al elevar la causa a juicio es «salvar todas las irregularidades y desmanejos que hubo en junio de 2023 y salvar de alguna manera a los responsables políticos y funcionarios que intervinieron y reprimieron a la ciudadanía de Jujuy».

Para Cejas, «han elegido a 19 dirigentes sociales para llevarlos a juicio de entre 40 mil personas que se movilizaron ese día».

Por estas horas, los abogados y abogadas preparan apelaciones y presentaciones para rechazar los términos de la decisión del juez. Ya desde el comienzo del proceso, en las audiencias anteriores, habían planteado una serie de irregularidades.

En la última audiencia, que se extendió por varias horas este martes, Cejas reveló: «No nos admiten prueba, no nos permiten hacer defensa», y agregó: «Estamos acostumbrados, es algo cotidiano, pero en esta audiencia fue brutal».

Lo más grave es la negativa a que los defensores presenten pruebas que consideran fundamentales, como por ejemplo el informe final de la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional, creada a fines de agosto por decreto del entonces presidente Alberto Fernández, donde se recopilaron numerosos hechos de abuso de autoridad, hostigamiento y persecución cometidos contra manifestantes durante y después de las protestas contra la reforma.

El juez tampoco permitió que se incorporen los testimonios de quienes estuvieron afectados directamente en la represión del 20 de junio ni los informes elaborados por organismos internacionales de derechos humanos sobre los mismos hechos.

Cejas contó que ni siquiera pudieron integrar como prueba el hecho de que los policías que participaron del operativo represivo aquel día cobraron un adicional «para salir a reprimir a la población de Jujuy». 50 mil pesos.

Como «nota de color», mencionó también la negativa del juez a que se incorpore como prueba la conferencia de prensa que dieron aquel 20 de junio los fiscales Diego Funes y Walter Rondón «en el mismo momento en que se estaba reprimiendo a nuestro pueblo, lo que muestra que la fiscalía estaba interviniendo directamente en lo que estaba pasando, tratando de exculpar a los verdaderos responsables».

Sobre estas negativas, consideró que «no tiene sentido, cómo no se van a incorporar esos elementos».

«Todo el proceso ha consistido en sanear la falta de pieza acusatoria que tenía el fiscal Diego Funes, en representación del Ministerio Público de la Acusación, para que esto tenga la apariencia de un proceso penal. Pero no lo es», concluyó la abogada.

Para Cejas, esta causa muestra un panorama general, «la situación del MPA y el sistema judicial, con todo el Estado defendiéndose, avanzando contra dirigentes sociales».

«De 40 mil personas que se movilizaron el 20 de junio, señalaron a 20 referentes a los que van a linchar judicialmente. Por eso nosotros consideramos que esta discusión no puede ser solamente judicial, sino que tiene que ser una discusión pública, social -analizó-. Todo Jujuy tiene que empezar a entender que si no frenamos a un poder judicial que opera como una caja política, nadie está seguro en la provincia».

Repudio de la CTA-A

Frente a la decisión del juez Fernández de elevar a juicio la causa contra los referentes sociales y sindicales, la CTA Autónoma difundió un comunicado en el que denuncia «el armado de causas a dirigentes protagonistas del Jujeñazo» y exige el cese de la persecución judicial.