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Ya está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el Congreso Nacional el informe sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy, tras casi cuatro meses de trabajo en el que se relevaron denuncias, documentos y testimonios que dan cuenta de las políticas represivas desplegadas por el gobierno de Gerardo Morales desde junio pasado en el marco del proceso de reforma de la Constitución provincial.
La Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional fue creada a fines de agosto por decreto por el presidente Alberto Fernández con el objetivo de recopilar los numerosos hechos de abuso de autoridad, hostigamiento y persecución cometidos contra manifestantes durante y después de las protestas contra la reforma.
«El objetivo final del informe es el de crear una herramienta de la que toda la población se pueda apropiar para seguir avanzando en el reclamo de sus derechos», sintetizó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Mariana Katz, abogada representante del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), uno de los organismos que participaron del trabajo.
La Comisión escuchó más de 320 testimonios primera mano, de personas que fueron víctimas directas de la represión, la persecución y la criminalización, gente perteneciente a organizaciones sindicales, sociales, políticas y barriales. Y de manera protagónica, relevó a 114 comunidades originarias. Para realizar la tarea, recorrieron toda la provincia: Perico, Palpalá, San Pedro, Libertador, San Salvador de Jujuy, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Purmamarca, Humahuaca, Caspalá, Coranzulí, Susques, Pozo Colorado, Salinas Grandes y San Roque. Lo hicieron casi de incógnito, para evitar cualquier acción que pudiera interferir con la toma de testimonios, sobre todo porque era necesario garantizar a las víctimas no solamente la reserva sino además una mínima protección.
También reunieron abundante documentación escrita y audiovisual aportada espontáneamente por las personas entrevistadas, material que «queda como resguardo probatorio, a disposición de las autoridades que lo requieran», dicen en el informe.
El informe final, de 86 páginas, fue entregado este miércoles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Congreso Nacional. Allí se da cuenta de las acciones de abuso de poder llevadas adelante por la gestión de Gerardo Morales, las violaciones a los derechos humanos
y la falta de respuesta de la justicia a las denuncias de las víctimas.
«La creación de esta Comisión es el resultado del reclamo de los miembros del llamado ‘3er Malón de la Paz’, un colectivo creado con el objetivo de visibilizar la protesta de los Pueblos Originarios de Jujuy ante la imposición de una reforma constitucional que afecta negativamente su forma de vida, la calidad democrática de la sociedad en general, y que no cumplió con la consulta previa e informada que manda la Constitución Nacional», señala el informe en su introducción.
Bajo la coordinación del abogado Mariano Przybylski, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Comisión fue integrada por el profesor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980; el pastor Leonardo Schindler, de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas; la antropóloga Diana Lenton; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y Humberto Podetti, titular de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina; a quienes se sumaron como colaboradores Mariana Katz, Leonardo Pérez Esquivel, Joel Sverdlik, Alicia Montoya, Florencia Díaz Peccinetti y Alexis Papazian.
El informe desarrolla un recorrido histórico sobre la situación de las comunidades originarias y sus demandas territoriales, para poner en contexto la serie de protestas encabezadas por el Tercer Malón de la Paz en el marco de la reforma constitucional.
En el texto, recuerdan que el gobierno provincial difundió que las comunidades habían dado un aval a la reforma, pero que sin embargo el relevamiento evidenció que «las comunidades no fueron informadas, ni consultadas previamente, ni firmaron un consentimiento informado con la nueva Constitución, previa a su aprobación».
«Más del 90% de las respuestas obtenidas constatan esta situación», precisa la Comisión.
Por otro lado, advierte que con posterioridad a la aprobación de la nueva Constitución «hubo diferentes intentos de las autoridades provinciales de lograr que las comunidades dieran su aval a la reforma», y detalla: «En los testimonios se constatan engaños e intimaciones hacia las comunidades que habían adherido a las protestas».
Tras reseñar numerosos testimonios, el informe señala que las «situaciones de avasallamiento y despojo se han sucedido por décadas, pero bajo el Gobierno de Morales se han agravado».
Más adelante, el informe plantea un análisis jurídico del texto reformado de la Constitución provincial, como también del mecanismo que se llevó adelante para su aprobación, para luego transcribir los testimonios más contundentes que dan cuenta de las acciones represivas desplegadas por el gobierno de Gerardo Morales contra las protestas legítimas de comunidades originarias y organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Luego se detallan los hechos que revelan la continuidad de la violencia represiva, llevada adelante a través de la criminalización y persecución judicial.
Bajo el título «Conclusiones y recomendaciones», el informe detalla los «derechos vulnerados y crímenes cometidos», entre ellos violencia institucional, sistemática y generalizada, contra la sociedad civil; detenciones arbitrarias; violencia de género, y violaciones al derecho de la libertad de expresión respecto de medios periodísticos independientes.
Y en el mismo sentido, expone más adelante: «Siguiendo los lineamientos de nuestra Carta Magna y a partir de los hechos acontecidos y los testimonios obtenidos se verifica la violación / vulneración sistemática» de derechos, los que enumera: a la vida; a la integridad física; a la integridad sexual; a la libre locomoción; de reunión; de asociación; de petición ante las autoridades; a huelga; a la libertad de expresión.
Lo que sigue
Por haber sido creada por un decreto presidencia, las conclusiones de la Comisión implican obligaciones para el Estado argentino en materia de derechos humanos. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe tener en cuenta el informe a la hora de evaluar los reclamos que se le presentaron. Por otro lado, debe ser incorporado a las causas que están en curso, principalmente la iniciada por el propio Estado nacional contra la Provincia de Jujuy a comienzos de junio.
Además, el minucioso trabajo será presentado en los próximos días a organismos internacionales de derechos humanos, que podrían imponer sanciones por las violaciones cometidas por el gobierno de Jujuy.
«El Estado nacional va a tener que acatar lo que le impongan los organismos internacionales, porque el Estado de la provincia Jujuy forma parte de la República Argentina», explicó Katz, y aclaró que incluso la gestión del actual presidente Javier Milei debería hacerlo. «Si no acata, estará incurriendo en responsabilidad internacional y podríamos tener sanciones», afirmó.
-La actual ministra de Seguridad de la Nación presentó un protocolo anti protestas. ¿Encuentra relación con lo ocurrido en Jujuy?
-Hoy se quiere llevar a nivel nacional lo que nosotros vimos en Jujuy. Es decir que este informe va a tomar otra relevancia de acá un tiempo, porque básicamente lo que hoy está ocurriendo es el mismo caminito que se armó en Jujuy para llevar adelante esta acción en contra de la población jujeña, como hemos observado y analizado.
El informe completo
Informe Comisión Violencia Institucional Jujuy
