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Durante la segunda audiencia del juicio contravencional que sigue el Poder Ejecutivo de la provincia contra una quincena de dirigentes y militantes sociales, políticos, gremiales por la protesta en los alrededores de la legislatura, a principios del mes de abril 2018, el juez Matías Ustarez Carrillo rechazó una serie de pruebas y testimonios que presentó la defensa de los acusados. La jornada fue en horas de la tarde, durante el Jueves de Compadre
Los militantes y dirigentes están imputados por la justicia contravencional, que depende del gobierno, por los delitos: “ocupación del espacio público” y “portación de elementos contundes y explosivos”.
Cabe destacar que se produjo una nueva marcha de las organizaciones sociales, políticas y gremiales a la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública acompañando a los acusados. En tanto, eran esperados por un desmedido operativo de seguridad.
El magistrado, de reconocida militancia radical, rechazó pruebas audiovisuales y testimonios, presentados por los diferentes abogados que defiende a la quincena de acusados.
Las próximas audiencias del juicio será los días 21, 26, 27 y 28 a las 16 horas en un aula del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP)
También la defensa de los dirigentes y militantes imputados rechazaron la presentación de la lista de testigos que hizo el fiscal contravencional, Ariel Roldan, entre ellos, los denunciados ante la justicia penal, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca y el Titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello, ambos “empleados del jefe que es Gerardo Morales” dijo Baca en un audio.
Convocaron al actual jefe de la Policía Juan Segovia y al Juez de Control de turno, más allá del rechazo defensivo y aceptación del magistrado, que evidenció en la audiencia de ayer, que tiene serias discrepancias con Roldán y ambos están al borde de los malos tratos.
En un momento de la audiencia, Roldán reconoció hubo infiltrados de la policía en la manifestación, que termino con heridos y detenidos por la represión policial.
