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El Tribunal Oral Federal de Jujuy escuchará por segunda vez el testimonio de una testigo sobreviviente de la última dictadura cívico militar que fue víctima de delitos sexuales durante su detención ilegal, pero lo hará resguardando la intimidad de la mujer para evitar su revictimización, para lo cual desalojará de la sala a los imputados y al público en general, según estándares internacionales de derechos humanos.
La audiencia de este quinto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy inicia a las 16 de este lunes. La semana pasada, en la anterior, los jueces Santiago Díaz (presidente del Tribunal), María Alejandra Cataldi, Mario Juárez Almaraz y Gabriel Casas hicieron lugar al pedido del fiscal de investigación Carlos Amad y las querellas para que las víctimas de delitos sexuales solo sean escuchadas por las partes.
En este proceso se ventila la llamada causa Morales y otros, que investiga la detención ilegal de cinco víctimas ocurridas entre 1976 y 1977 en la ciudad de San Pedro. Uno de los secuestrados permanece como desaparecido.
Los acusados en este juicio son seis expolicías provinciales que actuaban en esa ciudad. Están procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, con distintos grados de participación. Uno de ellos además carga con una imputación por homicidio. Por primera vez está sentada en el banquillo una mujer.
Los hechos
La causa se refiere a la detención de un total de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todos ellos fueron alojados en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones.
Fueron tres operativos policiales diferentes. En el primero, Víctor Jesús Segura fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976 en una heladería del centro de San Pedro de Jujuy, y luego conducido a la Seccional 9. Al momento de su secuestro, Víctor, que había nacido en la localidad salteña de Metán, tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido.
Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años; Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro en el auto de Valenzuela. Iban al bar Zákate, próximo a la Comisaría 9. Al salir de la confitería, fueron detenidos por policías y trasladados a esa seccional, donde fueron alojados de manera ilegal, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención.
En relación con el hecho del que fueron víctimas estos tres jóvenes, hay otra causa abierta por la violación de Garnica y Valenzuela.
En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.
En la requisitoria fiscal se detallan las torturas que padecieron las víctimas en la Seccional 9, que fueron relatadas en la etapa de instrucción por los sobrevivientes. En las sesiones de tormentos, que incluían la aplicación de picana, participaban entre dos y tres policías. Así lo relató en su declaración Jenny Aquin Exeni, quien contó además que por las noches, sin que hubiera ningún interrogatorio, los uniformados abusaban sexualmente de ella y de Garnica.
Los procesados
Los represores procesados en este nuevo juicio oral y público son cinco hombres y una mujer que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.
Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.
Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.
