Juicio de lesa humanidad: Otra vez buscan imponer la obediencia debida

Por H.I.J.O.S Jujuy Este jueves pasado, en el sexto juicio de lesa humanidad que se hace en Jujuy, siguió la etapa de alegatos, con la defensa de los represores, a cargo del abogado Maximiliano Ponce, defensor oficial, repasó su exposición anterior para enfocarse en la defensa de los acusados Virgilio Choffi y Carlos Humberto Cachambe, responsables del secuestro de Guillermo Genaro Diaz, quien aún permanece desaparecido.

Alegó que ambos acusados de cometer delitos de lesa humanidad, “eran jóvenes, recién recibidos, los cuales al estar subordinados a rangos más altos sólo cumplían órdenes”.

El letrado quiere justificar el terrible accionar de sus defendidos, usando “obediencia debida”, que ya fue echada por tierra en todos los juicios de lesa humanidad.

Los familiares de la víctima se refirieron a estos hechos y señalaron a los imputados Cachambe y Choffi como los responsables de la detención ilegal. A pesar de que quieren tapar los horrores cometidos en contra de la víctima, son numerosos los testigos que apuntaron a los represores como responsables de los delitos.

Finalmente, luego del extenso desarrollo de la plataforma fáctica sobre la que se hicieron los pedidos de pena, y la inútil exposición para tratar de desestimar los grados de participación, el abogado solicitó la absolución por beneficio de la duda para los acusados Cachambe y Choffi.

Kairuz: Un simple agente oficinista

Después de un breve cuarto intermedio, Ponce continuó con la defensa del acusado, miembro de la policía de la provincia, Juan de la Cruz Kairuz, que cumplía funciones como agente de Departamento de Informaciones Policiales (DIP-D2) especializándose en el espionaje político y control ideológico de la Unidad Regional 2, cuya jurisdicción era la zona del ramal.

La defensa dio inicio situando a Kairuz como quien está involucrado como responsable de la primera detención ilegal de Luis Ramón Aredez, y posterior allanamiento en la casa de la familia, “por la sola circunstancia de haber cumplido su función en el momento de los hechos», en un descarado intento de cubrir el represivo y hostigante accionar del acusado.

El abogado solicitó la absolución lisa y llana para este acusado por considerar que se vulneró el principio de congruencia al haber modificado la solicitud de acusación, por lo tanto, solicitó la nulidad de las acusaciones sin siquiera haber realizado primero el análisis de los hechos.

Sin embargo, continuó con la deficiente exposición del legajo personal del acusado Kairuz al que describió como un «simple empleado administrativo, un agente oficinista» y con un cinismo sin precedentes manifestó que no cumplió tareas de seguridad ya que solo se trataba de un «jugador de fútbol».

Quieren negar el terror vivido por las víctimas

Luego, la defensora oficial, Soledad Carreras Jurado inició su alegato para el violador y represor Bernardo Salinas, por el que pidió la nulidad genérica remitiéndose a los términos expuestos por el abogado Perea por ser comunes a todos los imputados.

Resulta irónico que a esta defensa la lleve adelante una mujer, siendo que este acusado, el responsable de los múltiples delitos sexuales, torturas y vejaciones llevadas a cabo en perjuicio de las mujeres que estuvieron detenidas en el CCDTyE de Guerrero.

Esto deja en claro el posicionamiento ideológico de la letrada resaltando su falta de perspectiva de género. Porque si en algún momento hubiera entrado en conflicto, por su condición de mujer, por tener que defender a este tipo de genocida, podría haber pedido a su jefe Gutiérrez Perea llevar la defensa de otro imputado.

La defensa inició el alegato cuestionando el principio de congruencia que la defensa viene usando compulsivamente, la cual garantiza el derecho a la defensa, esto aduciendo a la arbitrariedad de nueva calificación solicitada por el Ministerio Público Fiscal y las querellas a lo que agregó que este rechazo se debe por haberse vulnerado el proceso legal del juicio por lo que pidió se declaren nulos los alegatos formulados, como así el pedido de pena.

Carreras intentó desvincular a su defendido, el acusado Salinas de las acciones represivas y abusos cometidos aduciendo que estaba bajo órdenes superiores, pues, como quiere hacer notar con incredulidad, se trataba de un agente de bajo rango que estaba supeditado, que no podía saber exactamente lo que realmente sucedía.

El próximo encuentro se llevará a cabo el día 6 de octubre a las 8:30 hs en la sala del TOF de Jujuy. La cita revestirá la misma modalidad virtual y será transmitida en vivo por el canal de Youtube del CIJ (Centro de Informaciones Judiciales).

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