El Frente de Todos (FdT) consiguió este jueves aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Con 16 votos a favor y 15 en contra, el oficialismo logró dar otro paso para sostener la acusación contra los supremos. «Ninguno de los Poderes del Estado ni sus integrantes están exentos del escrutinio en el ejercicio de sus funciones», expresó Carolina Gaillard, titular de la comisión.
El proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.
El interbloque Juntos por el Cambio (JxC) votó en contra y presentó una propuesta de inadmisibilidad sobre el proceso de juicio político.
Sin embargo, los dos integrantes de la Coalición Cívica, Juan López y Paula Oliveto, presentaron una segunda propuesta en la cual expresaron la necesidad de avanzar con el juicio político contra Lorenzetti, en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por esa bancada.
La reunión
La reunión de este jueves comenzó unos minutos antes de las 11.30. La titular de la comisión, Carolina Gaillard, leyó la resolución que se iba a someter a votación y recordó que “ninguno de los Poderes del Estado ni sus integrantes están exentos del escrutinio en el ejercicio de sus funciones».
En el escrito de 12 páginas leído por Gaillard se enumeran los 14 expedientes que «solicitan el juicio político respecto de los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ministros Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones».
La resolución indica también que «el tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático».
La propuesta de resolución administrativa elaborada por el FdT fue puesta a consideración sobre el final de la reunión, luego de que el interbloque Federal y Juntos por el Cambio expusieron los fundamentos de las suyas.
‘Venían a picantear’
Como ocurrió en las reuniones anteriores, los cruces no tardaron en aparecer. Uno de los primeros de la jornada ocurrió luego de que el bloque de diputados del FdT propusiera al riojano Ricardo Herrera como vicepresidente segundo de la comisión de Juicio Político, para ocupar el cargo que había dejado vacante la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, al renunciar a su banca.
La designación de Herrera motivó la objeción del presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan López, quien preguntó si el legislador avalaba los dichos del gobernador de su provincia, Ricardo Quintela, «sobre que no acataría fallos de la Corte».
El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, le respondió: «Venían (los diputados de la oposición) a ‘picantear’ la reunión desde el inició y va a ser así», tras lo cual se dio por cerrada la cuestión.
También intervino en el debate Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, integrante del interbloque Federal, quien pidió que la reunión se postergara para poder interiorizarse sobre la documentación que se puso a consideración de los diputados, al sostener que la recibió «pasadas las 10 de la mañana». La solicitud fue desestimada por el bloque oficialista con la mayoría de sus 16 integrantes.
El pedido de inadmisibilidad de JxC
El interbloque de JxC presentó un pedido de inadmisibilidad de juicio político a la Corte argumentando que «el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez».
«Ahora bien, cuando se trata del juicio político a algún miembro de la Corte Suprema, se ha establecido que el contenido de las sentencias queda excluido de la ponderación política, y ello encuentra su razón de ser en la garantía de independencia del Poder Judicial», agregó en los fundamentos de la iniciativa.
Para la principal bancada opositora de Diputados, «habilitar el análisis político de los pronunciamientos emitidos por los jueces introduce la incertidumbre institucional acerca de juicios de conveniencia o inconveniencia política y circunstancial, además de su uso discrecional e intimidatorio».
Al sostener la propuesta de rechazo, el presidente del bloque radical, Mario Negri, aseveró: «La Corte no puede ser juzgada por el contendido de sus sentencias».
«Si fuera válido someter a un juez por el contenido de sus sentencias, quiere decir que se traslada su responsabilidad y lo tendrían en un candelero cuando no les guste su conducta», remarcó Negri al exponer en la Comisión.
La Coalición Cívica y juicio a Lorenzetti
Juan López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, presentaron por su parte una segunda propuesta en la cual se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Lorenzetti, en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por esa bancada.
«La posición conjunta de JxC no tiene ninguna contradicción en relación a nuestra decisión como Coalición Cívica de impulsar un expediente contra uno de los magistrados», aclaró López.
Y añadió, sobre el pedido de enjuiciamiento a los magistrados impulsado por el oficialismo: «El juicio político que promueve el Frente de Todos (FdT) contra la totalidad de los miembros de la Corte representa una alteración del orden democrático porque socava la independencia del Poder Judicial que es un elemento del Estado democrático».
El rechazo del Interbloque Federal
Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, del Interbloque Federal, propuso ante la comisión de Juicio Político que no se admitan los 14 expedientes a través de los cuales se propicia el pedido de destitución de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Del análisis de los catorce expedientes no surgen elementos para afirmar que se configure, en ninguno de ellos, alguna de las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional, lo que significa que no existen motivos fundados para proceder a la apertura de sumarios de investigación en los términos del artículo 9 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados de la Nación”, señaló en su escrito.
Rodríguez es el único representante de la comisión que no forma parte de ninguno de los dos espacios mayoritarios: Frente de Todos y Juntos por el Cambio.