Un protocolo de actuación para la búsqueda de restos de víctimas de la dictadura cívico militar, fue acordado entre múltiples organismos y ordenado por la Justicia federal, avanza en un predio de la capital jujeña, en el que el Gobierno provincial pretende construir una sede judicial.
Las investigaciones están a cargo del Laboratorio de Investigación en DDHH y Procesos Sociales (Lideproj-UNJu) como auxiliar de la Justicia Federal en la zona del barrio Alto Padilla, ubicado en la zona del acceso norte a San Salvador de Jujuy.
Las pesquisas se enmarcan en causas por delitos de lesa humanidad, y a partir del pedido del Juzgado Federal 2, se realizaron reuniones en la sede del rectorado de la UNJu, “con el fin de comunicar los avances y concretar un protocolo de trabajo en la zona, área que a 40 años de la democracia hasta ahora no había sido explorada”, indicaron.
En ese marco, participaron del encuentro integrantes del equipo del Laboratorio Lideproj, veedoras designadas por las querellas de las causas de lesa humanidad vinculadas a esa zona; e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A ellos se sumaron representantes de las empresas constructoras; integrantes del Ministerio de Infraestructura de Jujuy, la Secretaría de Derechos Humanos provincial e integrantes de la Dirección de Patrimonio de Jujuy.
Al respecto, el secretario de DDHH del Juzgado Federal 2, Antonio Rodríguez, manifestó que “el Lideproj es el ojo avizor del Juzgado, que es el que controla. Confiamos en la expertise de este grupo con colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la búsqueda de restos de víctimas de la última dictadura”.
Acerca de los trabajos, Rodríguez detalló que es “un predio inmenso y por ahora se está explorando en una fracción de los seis lotes, que es donde se pretende construir la Ciudad Judicial, -edificio donde funcionarían el Ministerio Público Fiscal de la Acusación y Tribunal de Cuentas-, lo que conlleva también apertura de calles en la zona”.
El funcionario judicial, además, explicó que el trabajo sobre el protocolo “implica desde los operarios que van a realizar tareas en el predio, empresas constructoras, Lideproj, veedores de las querellas, y representantes de otros organismos”.
A su vez, María Zaburlín, integrante del Lideproj, explicó que el encuentro fue para ponerse de acuerdo, «compartir los avances que hay y determinar cómo deberían ser los protocolos, y las formas de comunicación”.
“Hay mucho acompañamiento institucional –continuó- para que esto se haga correctamente y sea transparente, pero sobre todo es crucial que el estado salde la deuda que tiene con familiares de personas detenidas desaparecidas, ya que desde el año 1984 esta zona está denunciada”, completó.
A partir del objetivo del Gobierno de Jujuy de construir en la zona de Alto Padilla, “se dispararon una serie de eventos».
«Por un lado, esta zona tenía orden de no innovar y por pedido de los organismos de DDHH se comenzaron las investigaciones que en todos estos años de democracia no se habían hecho en búsqueda de restos humanos, fosas clandestinas y también para conocer evidencia de cómo funcionó esta zona durante la dictadura militar”, contextualizó.
Por otra parte, manifestó que, “mientras se hacían las investigaciones, se encontró un sitio arqueológico, entonces entra también a trabajar la Dirección provincial de Patrimonio”.
“Por todo esto, si se pretende construir hay que articular las acciones de la justicia, el Estado provincial, el área de infraestructura y planeamiento, al mismo tiempo que Patrimonio, más los trabajos del Lideproj de la UNJu, más el EAAF, que nos está apoyando y haciendo un seguimiento de estos trabajos, más todo lo que tiene que ver con la causa, es decir organismos de DDHH y el Juzgado Federal 2”, agregó Zaburlín.
En tanto, el investigador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Diego Argañaraz expresó que están asesorando en las causas judiciales en Jujuy “puntualmente en las obras que se van a realizar en el sitio Alto Padilla acompañando al grupo local Lideproj y también a las querellas, organismos y familiares en todo lo que tiene que ver con los trabajos en campo, capacitaciones y charlas”.
“Nuestra intención es que haya diálogo fluido y todo sea muy transparente y explícito en todo el proceso. Si bien las expectativas son muy altas, ha pasado mucho tiempo y los espacios de búsqueda son muy grandes”, analizó.