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En cumplimiento con lo establecido por la Resolución 165/2021, de agosto, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SECOTyV) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos Tierra y Vivienda (MISPTyV) realiza inspecciones en el sector de Alto Comedero en el que familias aceptaron en 2020 el beneficio de adjudicación de un inmueble en el marco de Jujuy Hábitat, para lo que deben demostrar arraigo.
Con el procedimiento se logra detectar los inmuebles que se encuentran vacíos, alquilados o tengan un dominio irregular, con el objetivo de reasignarlas a asignar a familias consideradas casos sociales de vulnerabilidad o que quedaron en el orden de suplentes en el sorteo, realizado mediante el Sistema de Transparencia para la Adjudicación del Plan Jujuy Hábitat.
El Plan Jujuy Hábitat da cumplimiento a lo establece la ley de Régimen de Tierras Fiscales, por lo que, tras un proceso de entrevistas y reuniones realizadas durante 2020, llevado a cabo por un equipo profesional de la SECOTyV, las familias concretaron la firma de un convenio de aceptación del beneficio debiendo de esta manera realizar el arraigo, tal como lo establece la mencionada ley.
El seguimiento realizado por personal de la Dirección de Hábitat de la SECOTyV mostró que un alto porcentaje de los inmuebles adjudicados no estaba habitado por sus adjudicatarios originales o se encontraban deshabitado.
En ese sentido, Humberto García, secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, explicó que “entendiendo la situación económica, agudizada por la pandemia, dimos un tiempo extra para que las familias puedan ir a vivir durante estos meses, y lo fuimos comunicando oportunamente”.
“Establecimos como plazo el pasado 13 de agosto, tiempo en que ya ha pasado más de un año de la firma del compromiso de demostrar arraigo, lo que no se cumplió”.
“No podemos permitir que los inmuebles estén vacíos cuando sabemos que existe una gran demanda habitacional”, enfatizó el funcionario.
Además, expresó su preocupación ante los intentos de usurpación acaecidos debido la falta de habitabilidad de los inmuebles, señalando que “el incumplimiento por parte de las familias beneficiarias propicia las ocupaciones ilegales”, y estacando que “desde el Gobierno provincial transparentamos los procesos por el que se otorgan lotes fiscales y viviendas sociales, y en esa política no permitimos las usurpaciones”.
