El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Por Alejandra Cejas*. En Jujuy de estos últimos años, asistimos al recrudecimiento del modelo del Estado empresarial, modelo en pugna con el Estado de bienestar que proclama nuestra Constitución Nacional, el que promueve el desarrollo con Justicia Social, conforme lo expresaron los constitucionalistas en el año 1994.
En Jujuy, en 2023, vivimos la represión más sangrienta del siglo XXI, la que tenía como objetivo callar al pueblo, lograr impunidad para el gobierno de Gerardo Morales y disciplinar a las generaciones futuras.
Junio de 2023 fue un mes que convocó a miles de jujeños y jujeñas a las calles, encabezados por la docencia de Jujuy, pidiendo una reivindicación salarial, pidiendo que no se apruebe la Constitución en los términos presentados por el radicalismo y apoyado por el pejotismo. Pidiendo, en definitiva, lo que cualquier pueblo en democracia pide: ser escuchado.
Lejos de eso, el gobierno de Morales, el 16 de junio empezó la represión en La Quiaca, luego Abra Pampa, el 17 de junio en Purmamarca, el 20 de junio en San Salvador de Jujuy, provocando cientos de detenidos, ciudadanos y ciudadanas mutilados, con proyectos de vida truncados, con hostigamientos y persecuciones que se extendieron en muchos casos por varios meses y que en otros, persiste.
El 20 de junio fue el día más violento en la sucesión de hechos de violencia cometidos por el Estado contra la ciudadanía. Un estado que le pagó $ 50.000 a los agentes policiales comunes y $100.000 a los jefes de la fuerza provincial, que tenían que participar en la represión tirando piedras, gases, balas, golpeando, para defender al radicales y pejotistas que, dentro de la Legislatura, juraban lealtad a una Constitución forjada a espaldas del pueblo de Jujuy y a cosa de su dolor.
Pero no alcanzó con pagarle a la policía, lo que obviamente se hizo con la plata del mismo pueblo de Jujuy que fue reprimido. A los detenidos, elegidos al voleo, les siguieron vejaciones, apremios y violencias. Muchos de ellos recién ahora, un año después, están pudiendo contar lo que padecieron, por el miedo que les generó.
En Jujuy vivimos a la sombra de una dictadura. Una dictadura blanda que usa los recursos del Estado contra el pueblo para fortalecer un Estado empresarial -muy similar al Estado nacional actual- donde los negocios de unos pocos le arruinan la vida a la inmensa mayoría del pueblo de Jujuy.
En definitiva, somos una provincia donde florecen las SOCIEDADES ANÓNIMAS UNIPERSONALES, cuyos dueños son funcionarios, familiares, socios y amigos del gobierno de Jujuy, creadas con recursos provinciales pero exentas del control público. Somos una provincia donde la justicia local es vergüenza nacional; donde el poder se usa para despojar y expropiar, donde, en definitiva, quien no pertenece al gobierno y sus aledaños vive en libertad condicional y sujeto a los caprichos de los jerarcas jujeños de los partidos políticos que tienen representación: la UCR y el PJ.
Quizás el saldo del Jujeñazo 2023 fue la derrota electoral del radicalismo y pejotismo en agosto, octubre y noviembre de ese año. Tal vez eso signifique que el pueblo fue perdiendo el miedo. O quizás sea sólo una batalla más de las muchas que habrá que librar para vivir en una sociedad con proyectos a futuro y en libertad.
Un año después de los hechos de junio de 2023 es preciso reconocer en las víctimas de aquellos luctuosos a la representación del pueblo todo, que debió soportar la violencia del gobierno de Jujuy, que estaba -y sigue estando- dispuesto a todo para sostener sus negocios, por miedo a lo que puede pasar si el régimen cae.
Hoy asistimos a imágenes y situaciones de profunda hipocresía. Sexagenarios lloran en medios nacionales; otros cuentan que son padres ejemplares y humildes trabajadores, cuando en realidad hasta la fecha nadie puede mostrar una rendición de cuentas de lo administrado, nadie puede mostrar un beneficio social o ambiental de la entrega de los recursos, nadie puede mostrar un solo índice de mejora en la calidad de vida de jujeños y jujeñas del pueblo.
Nadie puede explicar tampoco el enriquecimiento de algunos y algunas en Jujuy, con una exhibición obscena de riquezas que no son lógicas ni fáctica ni jurídicamente, como solemos decir los abogados.
En definitiva, el Estado empresarial que gobierna Jujuy sólo muestra las garras cuando siente que el arrebatan los negocios.
En estos últimos días, hemos asistido a la consolidación del bipartidismo empresarial, que votan en conjunto para restringir derechos de la ciudadanía y gestar y engrandecer sus propias empresas, donde se augura que nos espera un estado de excepción para saquear recursos, militarizar la provincia y retraer más los recursos naturales.
En 2023, radicales y pejotistas votaron juntos la reforma de la Constitución de Jujuy a espaldas de Jujuy, hoy votan la Ley Bases para saquear los pocos recursos de Jujuy y gestar un estado al margen de la igualdad ante la ley.
El problema, en Jujuy, termina siendo siempre el mismo: la política se convirtió en una herramienta de saqueadores, y el pueblo y sus recursos, los saqueados.
* Abogada
