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La Asociación Americana de Juristas (AAJ) emitió un pronunciamiento ante «la utilización del lawfare para enfrentar e impedir el cumplimiento del programa comprometido por un gobierno electo por el pueblo: el caso argentino”. A través del informe, establece que «en Argentina desde la asunción a la Presidencia de la Nación de Mauricio Macri, se desarrolló un proceso de degradación institucional del sistema judicial, fruto de la intromisión indebida, presiones y ataques que han sufrido los magistrados, defensores, fiscales, en distintas jurisdicciones (nacional y provincial),que no se allanaban a las directivas dictadas. Así socavaron la independencia de éste Poder del Estado de Derecho».
El pronunciamiento cuenta con las firmas de Vanessa Ramos, presidenta de AAJ Continental; Luis Carlos Moro, secretario general, y Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo de la AAJ.
Además, adhieren organizaciones como Justicia Legítima, Instituto Espacio para la Memoria, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera, Angélica Graciano).
Entre las adhesiones individuales, se encuentran las del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Eugenio Raúl Zaffaroni, entre otras.
El texto también señala que “la desarticulación y ataque a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, tuvo su correlato fuera del sistema judicial, generando consecuencias socio económicas devastadoras para su población, como así también la persecución a líderes políticos, sindicales y sociales, incluyendo el uso abusivo de la prisión preventiva, que llegó a su máxima expresión con los numerosos presos políticos que aún existen en la Argentina”.
El documento concluye: «Este nuevo modo de dominación institucional (en referencia al lawfare) mediática y cultural, confluye en un debilitamiento del Estado. Uno de sus objetivos nucleares es deconstruir las bases e instituciones del Estado-Nación y de la Sociedad».
Y hacen un llamamiento a «los organismos multilaterales de crédito y de cooperación y desarrollo económico, a acompañar al proceso que en este momento está llevando a cabo la Argentina, de recuperación institucional hacia el pleno Estado democrático de derecho, y de soberanía económica, con inclusión social y efectiva vigencia de los derechos humanos, que permitan el desarrollo sustentable para la totalidad de sus habitantes».
