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A 48 horas del reencarcelamiento de Milagro Sala en el penal de Alto Comedero, la defensa de la dirigente social presenta este martes la resolución del juez Pablo Pullen Llermanos. Lo hace ante la Cámara de Apelaciones Penales de Jujuy, el mismo tribunal que revocó la prisión domiciliaria el pasado 29 de septiembre.
Pullen Llermanos emitió el sábado pasado la orden, que fue cumplida por la Policía de la Provincia, y Milagro Sala fue trasladada al penal en un automóvil civil sin patente. En su resolución, el juez escribió que se debía “diferir la notificación a los letrados defensores a los fines de evitar que la imputada tome conocimiento anticipado de lo dispuesto”. Con este dictamen, el juez viola el legítimo derecho a la defensa, afirmó el equipo de abogados de Sala.
Sobre qué pasos seguirán desde la defensa de la diputada del Parlasur, una de los letrados, Paula Álvarez Carreras dijo: “Iremos decidiendo en la medida que conozcamos los fundamentos de la resolución, porque hasta hoy lunes, solo accedimos a la parte resolutiva, donde en el punto 5 dice específicamente que se difiera la notificación. Es decir que el juez tuvo la voluntad de que nosotros no nos enteráramos de la medida”.
“Esto sería razonable por ejemplo si se tratara de un allanamiento o de una situación en la que el juez debe tomar medidas de prueba, pero en este contexto es grave. Si nadie se hubiera enterado, Milagro habría estado en una situación de desamparo, sin ninguna garantía de su seguridad. Esto hay que destacarlo, porque es algo que preocupó a la familia, por no comprender adónde la llevaban ni por qué”, continuó la abogada.
La defensa de Sala rechaza el traslado ordenado por Pullen Llermanos, además, porque el magistrado ya no tenía control del expediente. El juez perdió jurisdicción alguna sobre la prisión domiciliaria el viernes pasado, un día antes del reencarcelamiento de la diputada del Parlasur, cuando la Cámara de Apelaciones de Jujuy concedió a los abogados una presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Casación para fundamentar el rechazo de la revocación de la prisión domiciliaria.
«Lo que han hecho es un secuestro -advirtió Elizabeth Gómez Alcorta, también integrante del equipo de abogados de Sala-. La orden es de una ilegalidad absoluta y nos recuerda a lo sucedido en las peores épocas de nuestra historia”.
