La designación de Mahiques en Casación Penal es PRO-impunidad de los genocidas

Por Lucho Soria. El gobierno reafirmó su estrategia de impunidad para los genocidas condenados. Fuentes judiciales consultadas precisan en qué consiste. Para ellos, los miles de argentinos que cubrieron las plazas del país es un dato secundario. Una posición que se refleja en el comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). 

La designación de Mahiques por decreto es una prueba didáctica de que al PRO la formalidad institucional le resbala, dado que prioriza el objetivo de la vigencia del 2×1 más allá del anuncio de que la Corte emitirá un texto aclaratorio. Funcionarios judiciales consultados dijeron que el macrismo no cederá en su objetivo.

Y con relación a la Corte, recuerdan el rigor del comunicado de la Comisión de la Memoria Histórica de Campo de Mayo de que no resuelven los recursos de quejas en casos emblemáticos de la represión en la dictadura. La libertad de los militares asesinos que fusilaron a combatientes que se entregaron con vida en la causa Masacre de Capilla del Rosario, el 11 de agosto de 1974, que habían sidos condenados a perpetua. El de los empresarios Pedro Blaquier y Massot, que gozan de libertad gracias al titular de la Corte Ricardo Lorenzetti, modelo de cretinismo judicial.

En este nuevo escenario de impunidad recuerdan que todas las Salas de Casación se habían manifestado en contra de la aplicación del 2×1 para condenados en juicios de lesa humanidad. Pero en la Sala II ese criterio se sustenta en los votos de Alejandro Slokar y Pedro David. En minoría, a partir de la causa «Incidente de excarcelación de Losito, Horacio» (Condenado por las causas de Regimiento 9 de Corrientes y Margarita Belén del Chaco) la Dra. Ángela Ledesma votaba lo contrario, es decir la posibilidad de la aplicación del 2×1 a los genocidas.

Mahiques fue irregularmente designado en dicha Sala y adelantó que su criterio es sumarse a ese voto de Ledesma, es decir, ahora la impunidad vendrá desde la Sala II.

En esa línea se tiene que ubicar el documento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) salió a respaldar a los supremos que habitan el cuarto piso de Talcahuano.

Por medio de un comunicado reiteró que la independencia del Poder Judicial “no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”. Esto va en consonancia con las voces que cuestionan tanto la denuncia penal como los pedidos de juicio político a jueces por el contenido de sus sentencias, estén a favor o en contra.

“Cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias, nuestra Asociación los defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana”, indica el texto, suscripto por toda la plana mayor de la asociación: su presidente María Lilia Díaz Cordero, el vice Néstor Guillermo Costabel, el vicepresidente por el Ministerio Público Fiscal Ricardo Sáenz y la vice por el estamento de funcionarios Fátima Nicastro. 

“Las solicitudes de juicio político y denuncia penal a los referidos magistrados por  el contenido de sus pronunciamientos, más allá del acierto o error de estos, implican una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional”, concordaron los firmantes.

Para ellos el poder no se dilucida en las calles sino en otros ámbitos más recoletos. Entonces el desafío está latente.