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La Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina (CCAIA) denunció que “Armando Quispe está siendo hostigado por las fuerzas de seguridad provincial impidiendo que desarrolle normalmente sus actividades como militante de los derechos indígenas”. También solicitaron al gobierno jujeño que “tome cartas en el asunto para que cese la hostilidad policial”.
En la madrugada del lunes 20 de enero, al terminar la 38a Edición del Festival Folclórico del Huancar, que se realiza en la puna jujeña, efectivos de Infantería de la Policía de Jujuy, mientras dispersaban a los asistentes, detuvieron a Quispe, lo arrojaron al piso para esposarlo, lo subieron al patrullero y lo llevaron detenido a la comisaría 16 por “averiguación de antecedentes”.
Quispe, un comunicador indígena y militante de los derechos de los pueblos originarios, ya había sido detenido el pasado 12 de enero en Rumi Cruz, cuando comunidades querían detener el paso del Rally Dakar por territorio comunitario, ya que el gobierno y los organizadores del Rally 2014 no habían respetado los derechos que tienen los pueblos originarios sobre la consulta libre previa e informada.
El dirigente aborigen estaba presente ese día en el lugar, junto a otros comunicadores indígenas, cubriendo el hecho, cuando llegaron efectivos policiales y en menos de diez minutos, actuando con violencia y disparando armas de fuego, empezaron a golpear y a detener a los manifestantes. Los detenidos fueron trasladados primero a la comisaría de Abra Pampa y luego a la Central de Policía en San Salvador de Jujuy.
En esa ocasión la policía también detuvo al intendente de la Municipalidad de Mina El Aguilar, Sergio Laguna, y a un sacerdote de la Prelatura de Humahuaca.
La persecución y hostigamiento continúa en este caso dirigida a comunicadores indígenas, ya que entre los diez detenidos en Rumi Cruz dos son comunicadores: Armando Quispe, de FM Pachakuti, y Sergio González, de FM Luna Azul.
La detención de Quispe que se produjo este lunes “por averiguación de antecedentes” genera preocupación, pues se interpreta como una persecución y sobre todo evidencia que la policía busca amedrentar su función como comunicador, violentándose el derecho a la libertad de expresión que tienen todo ciudadano, periodistas y sobre todo comunicadores indígenas, que trabajan en muchos casos en condiciones difíciles y de vulnerabilidad para informar hechos que acontecen en los pueblos indígenas, visibilizando sus realidades y reclamos.
Después de la represión en Rumi Cruz, el pasado jueves 16 de enero, comunidades indígenas de la puna, junto a otras organizaciones y ciudadanos en general, marcharon en San Salvador de Jujuy, mostrando pruebas de la violencia ejercida por la policía hacia las comunidades y también exigiendo una respuesta por parte del gobierno respecto a estos hechos.
En esa jornada lograron que los recibiera el ministro de Gobierno y Justicia, Alberto Matuk, quien expresó a los detenidos que lamentaba lo sucedido, pero que no puede interceder ante los pasos de la justicia, según informaron los comuneros terminada la reunión.
Para las comunidades indígenas, todos los detenidos en Rumi Cruz están siendo criminalizados por defender sus derechos, ya que fueron imputados judicialmente por doble causa: por resistencia y por agresión a la autoridad.
Piden la renuncia de Natacha Freijó
En la marcha del jueves 16, los manifestantes se dirigieron a la Secretaria de Derechos Humanos para exigir una respuesta ante estos atropellos a los derechos indígenas, pero al llegar a dicha institución se encontraron con la ausencia de su titular, Natacha Freijó, ante lo cual presentaron una nota exigiendo su renuncia.
El representante del Consejo de Participación Indígena del pueblo coya, Jorge Mamani, quien acompañó la manifestación, expresó que repudian la falta de apoyo de la Secretaría: «No estábamos en contra del Dakar, sino en contra de la política de este gobierno, que es nefasta, que decide y define qué territorios van a avasallar. No solo con el circuito del Dakar, sino también con emprendimientos de industrias extractivas como la minería, la instalación de fibra óptica u otras acciones en nuestros territorios, donde se nos ha negado el diálogo y un procedimiento de buena fe entre los representantes de las comunidades indígenas y el gobierno provincial”.
Mamani remarcó que es importante el diálogo, pero al no ser respetadas las comunidades se manifestaron en Rumi Cruz, donde “la Infantería reprimió salvajemente, derramando por la ruta no solamente sangre, sino desesperación e incertidumbre”.
Respecto a la renuncia de Natacha Freijó, expresó: «Tiene el corazón partido en dos porque no puede estar pregonando derechos humanos, derechos fundamentales a nivel internacional, y a la vez siendo cómplice de esta política salvaje de represión y de sangre. Esa política que han heredado de la dictadura militar sigue vigente, por eso estamos acá, se tienen que hacer cargo la secretaría de Derechos Humanos”.
Jujuy inicia el 2014 con un accionar violento contra los derechos indígenas, y quienes los reclaman o quieren hacerlo valer son criminalizados y perseguidos por la policía. En tiempos de democracia, es fundamental que la respuesta del gobierno de Jujuy y de la justicia (jueces, fiscales, etc.) no sea la vulneración y violación de los derechos indígenas, sino más bien deberían garantizar que los mismos se cumplan.
