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La intendencia de Moreno instala cooperativas agroecológicas en predios privados sin uso

Una de las propuestas de los movimientos populares que integran el Gobierno es la de una vuelta a lo rural: esto es, disponer de tierras ociosas para la creación de granjas o quintas. Eso permitiría generar trabajo ocupando con mano de obra intensiva y, al mismo tiempo, abastecer de alimentos a bajo precio a la ciudad. En Moreno, municipio gobernado por Mariel Fernández, referenta del Movimiento Evita, la oportunidad de dar un paso en esta dirección apareció por el camino menos esperado, al menos para los imaginarios instalados.

Moreno está en el segundo cordón del Conurbano, sobre uno de los territorios con más necesidades insatisfechas. En su interior coexisten áreas de densa pobreza urbana y bordes semirurales. La intendencia está relevando allí las tierras privadas ociosas, las que ve abandonadas. Notifica a sus dueños y una vez que los ubica, les plantea que las destinen a la producción de alimentos; finalmente lleva a productores de la agricultura familiar para que las siembren. Así, arma un consorcio para la producción, con mano de obra intensiva, del que el estado es garante.

-¿Por qué?

-Porque necesitamos que en las tierras se produzcan alimentos además de urbanizarlas. Desde el Estado tenemos que planificar el uso de la tierra pensando en el bien común, para que se produzcan alimentos, se genere trabajo y la comunidad pueda desarrollarse en el territorio que habita. Esta es una salida sobre la situación que estamos viviendo- responde la intendenta.

Alude, por supuesto, a las ocupaciones tierras. El Concejo Deliberante votó una ordenanza para darle un marco legal a esta política y dejó escrito en ella que en lo que va del año el municipio tuvo “más de cien intentos de toma de tierra en forma masiva y organizada”. Respaldó así que el estado planifique el uso de la tierra rural del distrito.

Consorcios de producción

El martes fue inaugurado el primer predio que será puesto en producción bajo esta modalidad de consorcio entre un privado, el municipio y productores de la agricultura familiar, bautizada con el nombre de Parques Agroecológicos. Fue instalado sobre un campo de 75 hectáreas ubicado en Cuartel V.

El dueño de las tierras se llama Jorge Vieytes y accedió a la propuesta luego de cuatro intentos tomas, de las que fue alertado por vecinos.

Vieytes acordó con el municipio destinarlas durante los próximos diez años a la producción agroecologica. La intendencia, a su vez, convocó a 15 familias de productores hortícolas de la cooperativa 15 de abril de La Plata, integrante del Frente Agrario Evita. Se sumarán luego otras organizadas en Asoma, la rama agraria de la Corriente Clasista y Combativa.Los productores pagarán un alquiler por las 75 hectáreas, aunque el modelo de consorcios también tiene previsto el permiso de uso de tierras en comodato o su compra.

Acuerdos

María Gimenez fue la espada de Mariel Fernández en este tema, la encargada de hablar con las partes y ponerlas de acuerdo. Es la responsable del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (Imdel).

“Nosotros habíamos armado este proyecto cuando asumimos, en diciembre pasado, porque Mariel ya traía el proyecto de destinar las zonas rurales de Moreno a la producción agrícola, quería tener productores de alimentos de cercanía. Por eso mandamos el proyecto al Concejo Deliberante. Luego, mientras se discutía, el tema de las tomas de tierras explotó” contó a Página/12.

El debate avanzó a la vez que se daban las ocupaciones en todo el AMBA. El 10 de septiembre, la ordenanza fue aprobada por unanimidad, luego de que los concejales le agregaran algunos puntos, como destinar una parte de la producción a los comedores populares y emplear mano de obra local.

Los ediles calificaron las tomas como “delitos” en la ordenanza y aseguraron que Moreno es“un lugar con muchas tierras ociosas e improductivas que sin duda atrae a las organizaciones delictivas que se aprovechan de la necesidad de las personas más vulnerables”. El tono de la ordenanza simplifica el problema del acceso a la tierra y lo estigmatiza, pero refleja, por eso mismo, que su arco de apoyos políticos incluye sectores más amplio que el de los movimientos sociales.

En sus efectos prácticos, da respaldo al municipio para notificar a los dueños de las tierras improductivas y abrir una negociación. “En este momento nos pasa que hay dueños de tierras ociosas que podemos ubicar, pero hay otros que no: hay quienes pagan los impuestos pero no están presentes, no le dan ningún uso a la tierra y tampoco aparecen cuando los notificamos. Y nosotros, como estado municipal, nos encontramos con que estamos todo el tiempo impidiendo tomas”, detalló la titular del IMEL.

Giménez estimó que Moreno tiene más de mil hectáreas de tierras ociosas. “Algunas pagan impuestos, otras no, algunas están judicializadas, como las tierras de Stefani, una fábrica de ladrillos muy conocida. Hay situaciones diferentes que hacen que estén ociosas”.

En este momento está en conversaciones con otros propietarios. “Muy cerca del parque agroecológico que inauguramos tenemos otros dos predios sin uso, uno 43 hectáreas y otro de 34, ya vistas con un dueño específico. Tenemos que charlar con ellos y hacerles entender que si no las producen o no aceptan tener un parque agroecológico se les va a urbanizar y en forma desordenada. Y cuando eso pasa, después el Estado tiene que llegar con los servicios, lo que no es fácil cuando no se urbanizó de manera planificada. Quedan un montón de familias viviendo en forma precaria, sin escuela, sin centros de atención de la salud. Se empieza a complejizar el territorio”.

Producción de cercanía

Los productores de agricultura familiar cuentan que en los cinturones hortícolas que rodean al AMBA, el suelo viene siendo disputado para la instalación de clubes de campo y countries. Esto encareció el valor de la tierra. “El precio de alquiler de una hectárea está ahora entre los 6 y 10 mil pesos”, indica Hipólito Madariaga, integrante de la cooperativa que se mudó al predio de Moreno. Por eso se viene dando un proceso de expulsión, el corrimiento de los productores hortícolas a zonas cada vez más alejadas de la ciudad.

“El estado no protege a los cinturones hortícolas del AMBA. En realidad es algo que pasa en todo el país. Eso termina provocando que las ciudades no tengan productores de la agricultura familiar, y que los alimentos deban viajar miles de kilómetros para llegar a las ciudades. La verdura que se consume en Moreno tiene que ser llevada desde La Plata”.

Madariaga habla también de la generación de trabajo: “producir verduras genera un circuito económico interesante, porque mueve las madereras locales, las cooperativas que hacen los cajones para la verdura y también al transporte”.

En cuanto al tipo de producción, el municipio puso como requisito que la producción se realice sin agrotóxicos. Los quinteros ya estaban haciendo la transición hacia la agroecología, en La Plata, y como parte del nuevo consorcio se comprometieron a completar su proceso de cambio.

Con demoras

La Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación va a sumarse para apoyar el parque agroecologico. Su herramienta es el Programa de Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protal), un programa que nació de una experiencia que realizó en Daireaux.

“Creemos que esto se puede replicar en otros municipios del conurbano, especialmente los del tercer cordón”, anticipó el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, que señaló al modelo de Moreno como especialmente interesante porque acuerda con privados.

Como se sabe, está pendiente desde el estado nacional la implementación de políticas del acceso a tierras públicas ociosas. El consultado aseguró que el gobierno está trabajando en la reglamentación de la Ley Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que se aprobó en 2015. La ley crea un banco de tierras para poder armar comunidades agrarias,  agroecológicas o en proceso de producción agroecológico. En este caso, en base a los predios que tiene a su cargo la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE,) para convocar después a las provincias y municipios a adherirse.

Por Laura Vales, en Página/12

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