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Un fallo de la Cámara del Trabajo suspendió la medida cautelar que frenaba más de 80 artículos de la reforma laboral de Javier Milei.
El 30 de marzo pasado, el juez Raúl Ojeda suspendió 83 artículos de la llamada Ley de Modernización Laboral (27.802), que consiguió La Libertad Avanza (LLA) durante las sesiones extraordinarias. El fallo de Ojeda estaba en línea con lo que había pedido la Confederación General del Trabajo (CGT).
Este jueves, el Gobierno se presentó para pedir que la apelación contra la cautelar de Ojeda sea con carácter suspensivo. Esto implica que, hasta tanto se revise el fallo, se suspenden sus efectos. En otras palabras, quedan vigentes los artículos cuestionados de la reforma laboral.
Al mediodía, llegó el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo con las firmas de María Dora González y Víctor Arturo Pesino.
En los tribunales del Trabajo no sorprendió la decisión de la Sala VIII. Un dato que destacan las fuentes consultadas es que Pesino está por cumplir 75 años y necesita que el Gobierno envíe su pliego al Senado para permanecer cinco años más.
En los Tribunales, sin embargo, notaban que la decisión no es ilegal pero no constituye una práctica común. “Siempre se entiende que los recursos contra cautelares dictadas se conceden al solo efecto devolutivo. El efecto suspensivo no tiene razón de ser en una cautelar”, explicaban. Es que una cautelar es una decisión provisoria hasta tanto se examine el fondo de la cuestión.
Los festejos oficiales no se hicieron esperar. Desde Capital Humano, la cartera que lidera Sandra Pettovello, informaron en X: “La Cámara laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional”.
El dato es incorrecto. La Cámara del Trabajo no analizó la cautelar, sino que la suspendió hasta que la revise.
El Gobierno desplegó una serie de estrategias para dejar sin efecto la cautelar de Ojeda. Por un lado, recurrió a la Cámara del Trabajo -donde salió airoso-. También impulsa un recurso de inhibitoria para que el caso pase al fuero contencioso administrativo federal, considerado un ámbito más amable para la Casa Rosada.
En paralelo, el Ejecutivo presentó un per saltum para que sea la propia Corte Suprema la que intervenga en el tema. Este jueves, los tres integrantes del máximo tribunal se reunieron en su acuerdo semanal. La reunión duró unos 50 minutos, contaron en el Palacio de Talcahuano.
El clima en el cuarto piso de Tribunales dista de ser plácido. Todo se había tensado un poco más después de un tuit que publicó anoche el asesor presidencial Santiago Caputo, en el que le apuntaba a Horacio Rosatti y a su mano derecha, Silvio Robles, por una supuesta “operación” contra Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkranz, a quienes el consejero de Javier Milei calificó como una nueva mayoría dentro de la Corte.
Con caras largas, los tres cortesanos firmaron fallos y comenzó a circular entre sus vocalías el per saltum del Gobierno. En la Corte dicen que quien se interesa por el tema es el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Amerio reúne dos características: es un hombre de confianza de Caputo y es funcionario de la Corte, aunque está de licencia tras haber pasado al Poder Ejecutivo.
La Casa Rosada también presentó una apelación para llevar a la Corte el financiamiento de las universidades públicas. El tema todavía no llegó al Palacio de Justicia. En ese caso, la jugada del Ejecutivo es bastante osada: pide que los tres cortesanos se excusen de entender en la causa por ser docentes universitarios.
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