La asociación civil que consiguió el primer freno al tarifazo en el gas denunció judicialmente el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema y pidió suspender la audiencia pública del viernes por falta de información.
El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) pide posponer la reunión en la Usina del Arte porque reclama saber los costos de producción de cada empresa y el de extracción de cada pozo.
El recurso presentado por el Cepis había logrado el fallo de la Cámara Federal de La Plata que frenó las resolución del ministerio de Energía y Minería, que derivó en los fallos de la procuradora general Alejandra Gils Carbó y en el de la Corte Suprema.
“En ningún lugar, ni en ninguno de los informes obrantes en el expediente ni subidos a la web, se encuentran agregados los costos del insumo por cuenca y por empresa, para así poder analizar un estudio y concluir del mismo, la razonabilidad del precio que pretende fijar el Ministerio de Energía y Minería de la Nación», señaló la asociación desde su página de Facebook.
Para el Cepis esta omisión “no ha sido involuntaria: es de público conocimiento que es decisión del Poder Ejecutivo no exponer dicha información” y por eso pidió la suspensión a fin de “evitar futuras nulidades que puedan recaer sobre la audiencia” hasta que “no se incorpore la información adecuada y veraz sobre el precio de gas a boca de pozo, respetando los plazos previstos en la normativa; esto es, con 20 días de antelación”.