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La peruana Máxima Acuña, quien no es dirigente, ni activista, ni aspira a ser líder, recibió el pasado lunes el premio Goldman Environmental, el galardón ambiental más importante del mundo.
Es el mismo reconocimiento que otorgaron en 2015 a la activista hondureña Berta Cáceres por liderar una campaña contra la represa Agua Zarca, a cargo de la más grande constructora de plantas hidroeléctricas.
Acuña se enfrenta desde 2011 a Yanacocha, un consorcio minero que posee la concesión para explotar el yacimiento aurífero más importante de Perú y de América Latina, y es eso lo que la ha hecho merecedora del reconocimiento.
La lucha de Acuña contra Yanacocha comenzó en el 2010. Ella acababa de pasar tres meses en una choza de su familia a ocho horas de su casa, recuperándose de una infección.
Al llegar a su terreno en Tragadero Grande, a 4 mil metros sobre el nivel del mar en la sierra norte de Perú, vio que algo había cambiado, la estrecha vereda de tierra y piedras que cruzaba parte del predio se había convertido en un camino amplio y llano.
Su tío, quien se encargó de cuidar la hacienda en su ausencia, le explicó que fue obra de varios trabajadores de una minera que habían llegado con aplanadoras.
Acuña, enfadada porque nadie le había pedido permiso para hacer obras en su terreno, se fue a reclamar a la oficina de Yanacocha en las afueras de Cajamarca, la capital de la sierra norte.
Pero el ingeniero que encontró allí le dijo que esas tierras no eran suyas, sino de la minera y que los documentos de compra de la propiedad con fecha de 1994 que Acuña guardó como lo más preciado “no tenían valor”.
El consorcio integrado por la empresa norteamericana Newmont Mining Corporation, la peruana Compañía de Minas Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional -un organismo dependiente del Banco Mundial-, aseguraron que las tierras en las que la campesina vivía con su esposo, Jaime Chaupe, y sus hijos se las compraron a la comunidad de Sorochuco en 1996 y 1997 para el Proyecto Conga.
Proceso de lucha
En 2014, tras varios intentos por desalojar a la familia de los terrenos, el consorcio los demandó por usurpación agravada.
Acuña perdió los dos juicios celebrados en la corte provincial de Celendín, y fueron sentenciados a casi tres años de prisión y a pagar cerca de 2 mil dólares como reparación a la minera, además de abandonar Tragadero Grande, pero la defensa apeló a la Corte Superior de Cajamarca, y en unos meses se inició un nuevo juicio.
En ese tiempo, Máxima Acuña y su hija mayor viajaron por Europa para denunciar su caso, y se reunieron con políticos y representantes de Naciones Unidas.
En diciembre de 2014, la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca ordenó la absolución de la familia y fue el mismo año en el que Acuña fue elegida Defensora del Año por la Unión Latinoamericana de Mujeres.
