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El presidente Alberto Fernández pidió al Congreso Nacional la sanción del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, que permitirá beneficiar a más de un millón de trabajadores, así como la aprobación de las modificaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Publico, y anunció el envío de un conjunto de iniciativas para mejorar el acceso a la justicia.
Fernández solicitó al Parlamento la sanción de un paquete de leyes económicas y sociales, en el mensaje que pronunció durante una hora y cincuenta minutos ante la Asamblea Legislativa al dejar inaugurado el 139º periodo de sesiones ordinarias.
Además, pidió que se apruebe la reforma judicial sancionada por el Senado, y la modificación de la ley del Ministerio Público para designar el Procurador General de la Nación, y anunció un conjunto de proyectos sobre recurso extraordinario ante la Corte Suprema, juicios por jurados y Consejo de la Magistratura.
También anunció que enviará un proyecto de emergencia de servicios públicos para «desdolarizar» las tarifas, y seis iniciativas vinculadas al tema automotriz, la ley de cannabis medicinal, el sistema de hidrocarburos, y las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Superior.
En su discurso, Fernández le pidió a diputados y senadores que aceleren la sanción del proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias, impulsado desde el oficialismo en base a una iniciativa presentada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
«Quiero pedirle a este Honorable cuerpo legislativo que apure el tratamiento de la ley que facilita la reducción del impuesto a las ganancias en los salarios. Si lo hacemos, más de un millón doscientos mil argentinos quedaran liberados de pagar ese tributo. Quienes trabajan y quienes se han jubilado se beneficiarán con ello recuperando así su capacidad de compra», agregó el primer mandatario.
El proyecto de reforma a las Ganancias, que propone que no paguen ese tributo los salarios de hasta 150 mil pesos de brutos, se comenzará a debatir entre mañana y el miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
La intención es tratar la iniciativa a la que se le incorporarán algunos cambios durante dos semanas en comisión previo a la emisión que se debatirá en la segunda quince de este mes en el recinto de diputados.
La Corte Suprema en pleno siguió el discurso de forma remota.
A lo largo de su discurso, Fernández volvió a reclamar la sanción de la reforma del Poder Judicial que fue aprobada el año pasado por el Senado, y que aún está pendiente en la Cámara de Diputados, debido a que el Frente de Todos no pudo alcanzar los acuerdos para juntar los 129 votos para aprobar esa iniciativa.
«El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad», afirmó.
Recordó además que «ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado», y aseveró que en el caso de los miembros de la Corte Suprema, «acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible».
«La relación corporativa que los vincula, ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone», comentó, en clara referencia a Elena Highton de Nolasco.
Más adelante mencionó el caso del fiscal Carlos Stornelli: «En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara».
«A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su ‘poder residual’ pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente», completó.
Tras mencionar «un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales», hizo referencia a «la visita de jueces de la casación al entonces Presidente Macri, justamente días antes de dictar sentencias contra sus opositores políticos», en relación al juez Gustavo Hornos.
«Solo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio», cuestionó Fernández.
Cerrando este tramo de su discurso, le pidió al Congreso, «con muchísimo respeto, que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado».
