La Unión Europea obligará a las plataformas digitales a controlar sus contenidos

La Unión Europea ha alcanzado este sábado un acuerdo político sobre la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) que contempla medidas contra el contenido ilegal y la desinformación en línea.

En términos de ambición, la naturaleza de los actores regulados y el aspecto innovador de la supervisión involucrada, la DSA es una «primicia mundial» en el campo de la regulación digital, ha destacado el Consejo Europeo en un comunicado.

Acordada tras una maratónica última ronda de 16 horas de negociaciones entre representantes del Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos, esta normativa, única en su género, obligará a las plataformas como Facebook, YouTube o Twitter a moderar el contenido que alojan.

La Ley de Servicios Digitales establecerá «nuevos estándares globales» y «los ciudadanos tendrán un mejor control sobre cómo utilizan sus datos las plataformas en línea y las grandes empresas tecnológicas», ha destacado la negociadora por parte de la Eurocámara, Christel Schaldemose, en un comunicado.

La Ley de Servicios Digitales se asegurará «de que lo que es ilegal fuera de línea también se vea y trate como ilegal en línea», se ha felicitado en Twitter la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, responsable de las carteras de Competencia y Digital.

El acuerdo sobre esta excepcional pieza legislativa, que complementa a la ya aprobada sobre los mercados digitales, llega casi año y medio después de que la Comisión Europea presentara su primera propuesta en diciembre de 2020 con nuevas obligaciones para redes sociales y plataformas en internet.

Alcance, gobernanza y sanciones

La DSA se aplicará a todos los intermediarios en línea que presten servicios en la UE, pero las plataformas en línea y los motores de búsqueda muy grandes, con más de 45 millones de usuarios activos mensuales, estarán sujetos a requisitos más estrictos y estarán supervisadas por la Comisión Europea en cooperación con los Estados miembros.

De hecho, las plataformas en línea y los motores de búsqueda podrán recibir multas de hasta el 6 % de su facturación mundial.

Mecanismo de crisis

En el contexto de la agresión rusa en Ucrania y el impacto particular en la manipulación de la información en línea, se ha agregado un nuevo artículo al texto que presenta un mecanismo de respuesta a la crisis.

Así, la Comisión podrá requerir a las plataformas muy grandes limitar cualquier amenaza urgente en sus plataformas.

Estas acciones específicas están limitadas a tres meses.

Mayor responsabilidad

La nueva normativa exigirá a las plataformas en línea, como las redes sociales y los mercados tomar medidas para proteger a sus usuarios de contenidos, bienes y servicios ilegales.

La Comisión Europea, así como los estados miembros, tendrán acceso a los algoritmos de plataformas en línea muy grandes y se establece un procedimiento más claro de «aviso y acción» en el que los usuarios estarán facultados para denunciar contenido ilegal en línea y las plataformas en línea tendrán que actuar con rapidez para eliminarlo.

Asimismo, la normativa establece garantías más estrictas para que las notificaciones se procesen de manera no arbitraria y no discriminatoria y con respeto de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y la protección de datos.

Se deberá también garantizar que los consumidores puedan comprar productos o servicios seguros en línea, fortaleciendo los controles para demostrar que la información proporcionada por los comerciantes es confiable y hacer esfuerzos para evitar que aparezca contenido ilegal en sus plataformas, incluso a través de controles aleatorios.

Las víctimas de la violencia cibernética estarán asimismo mejor protegidas, especialmente contra el intercambio no consentido (pornografía de venganza) con exigencia de eliminación inmediata.

Ciberespacio más seguro

Las nuevas obligaciones de transparencia para las plataformas permitirán a los usuarios estar mejor informados sobre cómo se les recomienda el contenido y elegir al menos una opción no basada en perfiles.

Los usuarios tendrán también un mejor control sobre cómo se utilizan sus datos personales, ya que la publicidad dirigida va a estar prohibida cuando se trata de datos confidenciales.

Las plataformas accesibles a menores de edad deberán tomar medidas específicas para protegerlos, incluida la prohibición total de la publicidad dirigida.

Y se prohíbe manipular las elecciones de los usuarios a través de «patrones oscuros»: las plataformas y los mercados en línea no deben empujar a las personas a usar sus servicios, por ejemplo, dando más importancia a una opción en particular o instando al destinatario a cambiar su elección a través de ventanas emergentes que interfieren.

Además, cancelar la suscripción de un servicio debería ser tan fácil como suscribirse, al tiempo que los destinatarios de los servicios digitales tendrán derecho a buscar reparación por cualquier daño o pérdida sufrida debido a las infracciones de las plataformas.

Contenido dañino y desinformación

Las plataformas en línea muy grandes tendrán que evaluar y mitigar los riesgos sistémicos y estar sujetas a auditorías independientes cada año.

Además, las que utilicen los denominados «sistemas de recomendación» (algoritmos que determinan lo que ven los usuarios) deberán ofrecer al menos una opción que no se base en la elaboración de perfiles.

Frente a los riesgos sistémicos de plataformas y motores de búsqueda muy grandes, la DSA introduce la obligación de que los analicen anualmente y lleven a cabo un análisis para reducirlos, en especial los contenidos ilegales con efectos adversos sobre los derechos fundamentales, procesos democráticos, la seguridad pública, la violencia de género, y sobre los menores y consecuencias graves para la salud física o psíquica de los usuarios.

Los colegisladores acordaron asimismo prohibir las interfaces engañosas conocidas como «patrones oscuros» y las prácticas destinadas a engañar a los usuarios.

Una vez que el Parlamento y el Consejo den su aprobación formal, la ley se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después.

Fuente: EFE 

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