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Por Fernando Cibeira, en Página/12. Argentina votó una resolución de las Naciones Unidas que condena la situación de los derechos humanos en Venezuela, en sintonía con el informe elaborado por la alta comisionada Michelle Bachelet. En un comunicado, la Cancillería detalló que las posiciones adoptadas durante la reunión de este martes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra fueron por instrucción expresa del presidente Alberto Fernández, como para despejar cualquier duda.
Además de votar a favor de la instalación de una misión permanente de Naciones Unidas en Caracas y de investigar las denuncias de las presuntas víctimas, Argentina también expresó su rechazo a los «bloqueos y sanciones» que «agreden especialmente al pueblo venezolano». Pese a esta salvedad, el voto argentino generó críticas dentro del oficialismo como las que expresó la designada embajadora en Rusia, Alicia Castro.
En su discurso ante la comisión, el embajador argentino Federico Villegas Beltrán ponderó los «resultados positivos» de la colaboración que mostró el gobierno de Nicolás Maduro con el trabajo de Bachelet, pero argumentó que el informe presentaba un «insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de su responsabilidad por la situación de los derechos humanos en su territorio».
Esta resolución fue aprobada por 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, entre las que se ubicó México.
La postura argentina fue analizada durante el fin de semana en encuentros de los que participaron la conducción de Cancillería -Felipe Solá, Pablo Tettamanti y Guillermo Justo Chaves-, que luego el canciller terminó de definir el lunes en conversación con Fernández y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Ahí coincidieron que había una postura histórica de Argentina de defensa de los derechos humanos que es reconocida en todo el mundo y que se debía respetar. En el caso específico de Venezuela, la posición de las Naciones Unidas es la que viene llevando adelante Bachelet.
Desde la campaña electoral, Alberto Fernández se remite a ese informe cada vez que le preguntan sobre el tema. Incluso, cuando todavía era candidato y fue recibido en Bolivia por el entonces presidente Evo Morales, tuvieron un intercambio de opiniones sobre la situación venezolana en la que Fernández le recomendó a Evo que leyera el informe de la ex presidenta chilena.
Ese informe fue presentado actualizado el 25 de septiembre pasado, donde se volvió a hablar de ejecuciones extrajudiciales y se reclamó el desmantelamiento de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) de la Policía Bolivariana. Más o menos por esa fecha, Argentina se integró al Grupo de Contacto Internacional que encabeza el canciller europeo Josep Borrell, que tiene como objetivo encontrar una salida a la crisis venezolana, lo que en el Gobierno interpretaban que los obligaba a actuar en sintonía con los países que integran ese Grupo.
Tampoco quedó fuera del análisis, como es de imaginar, que justo ayer iniciaba su misión en el país el FMI, en cuyo directorio juega un papel decisivo Estados Unidos, país con el que Argentina ya se había colocado en la vereda de enfrente durante la reciente elección en el BID, que finalmente perdió.
En las conversaciones previas también se evaluó que varios dirigentes del peronismo mantienen un vínculo fuerte con el chavismo, en la misma medida que la oposición y sus medios afines demonizan todo tipo tipo de acercamiento, con lo que cualquier decisión debía tener en cuenta estas variantes.
De hecho, hubo un antecedente la semana anterior cuando el representante argentino en la OEA, Carlos Raimundi, evitó una condena a la situación venezolana, lo que fue recortado en títulos catástrofe como si se tratara de un apoyo. En verdad, explicaban en Cancillería, lo que falló Raimundi en ese mensaje fue en no hacer una mención al informe Bachelet.
Eso ayer quedó muy explícito cuando el país remarcó «la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial».
En un documento de cinco páginas, los países expresaron preocupación y alarma por diferentes aspectos de la crisis venezolana, incluyendo temas como la emigración masiva y la inseguridad alimentaria. Entre los países que votaron a favor, además de Argentina, hubo europeos como Alemania, España e Italia y sudamericanos como Brasil, Chile, Uruguay y Perú.
En la misma sesión, Venezuela junto a países aliados presentó una resolución propia en la que destacó los «progresos» registrado en el país en los últimos tiempos, que fue aprobada por 14 votos a favor contra 7 rechazos. Hubo una mayoría de 25 países que se abstuvieron, Argentina entre ellos.
