El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Por Cecilia González, en RT. No será una batalla fácil. Nunca lo ha sido. Los derechos sociales siempre se han conquistado a fuerza de movilizaciones, protestas, organización, trabajo colectivo y esfuerzos para resquebrajar estereotipos, lugares comunes y discursos armados muchas veces con premisas falsas, que mantienen sistemas plagados de inequidad.
Y el postergado derecho al aborto es uno de los que enfrenta campañas virulentas de desinformación, basadas fundamentalmente en creencias religiosas que, de manera inadmisible, se imponen en las políticas públicas de países laicos y que contradicen, incluso, las posiciones mayoritarias de una sociedad. Así, los eslóganes y prejuicios suelen desplazar a los datos.
Alberto Fernández hizo historia al convertirse en el primer presidente de Argentina en enviar al Congreso un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. También es el primer presidente latinoamericano que apoya públicamente el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque en el resto de la región el conservadurismo se impone, ya sea por convicción de los gobernantes, o por su temor a enfrentar la profunda controversia social que suele desatar este tema y por las presiones que ejercen la Iglesia Católica y los cada vez más influyentes grupos evangélicos.
En su discurso, Fernández puso de ejemplo los casos de Uruguay y de la ciudad de México, en donde las estadísticas confirman que, gracias a la legalización, dejaron de morir mujeres en abortos clandestinos. Morían, por supuesto, sólo las más pobres. Ahora ya nadie las puede detener ni condenar por haber interrumpido embarazos no deseados. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa.
No hay más abortos, porque, con o sin ley, estos seguirán existiendo. Lo que hay son menos mujeres muertas, menos estigmatización, menos carga moral en torno a una decisión que jamás es fácil.
Las críticas por parte de quienes se niegan a este derecho arreciaron de inmediato. Unos calificaron al presidente de «oportunista», aunque en realidad sólo está cumpliendo una de sus promesas de campaña. Otros afirmaron que era una «cortina de humo» para desviar la atención de la crisis económica porque, claro, nunca es el «momento oportuno» para debatir la legalización. «No con mis impuestos», advirtieron algunos indignados con la posibilidad de que los abortos se practiquen en los servicios públicos de salud.
Comenzó a replicarse el tradicional lema: «estoy a favor de las dos vidas», con el que suelen obligar a parir incluso a niñas que fueron violadas, y que suele ser falaz porque no les importan las mujeres que mueren por abortos mal practicados. «Red de legisladores por la vida» se bautizó un grupo de diputados y senadores que, con el apoyo de medios y comunicadores de derecha, tratará de evitar a toda costa que salga la ley.
Aparecieron, también, los insultos, las descalificaciones, los discursos de odio contra el feminismo. «Si hay aborto, salimos todos», es la consigna de la marcha antilegalización que ya programaron para el 28 de noviembre. Será su primer acto central.
Pero esta es una pelea protagonizada por el poderoso movimiento de mujeres de Argentina, que ya se apresta a tomar de nuevo las calles y a defender de todas las formas posibles un derecho por el que ha luchado durante décadas.
Un día agitado
Desde que la semana pasada la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, anunció que antes de fin de noviembre el Presidente presentaría la iniciativa ante el Congreso, todo fue ansiedad entre los colectivos feministas. Y emoción, porque representa un logro de su intenso, permanente y ejemplar activismo.
La expectativa se acentuó el lunes, con filtraciones de funcionarios y legisladores que confirmaban que el proyecto se presentaría al día siguiente. Pero nadie podía decir cómo, cuándo, ni dónde.
Al amanecer del martes, y durante toda la mañana, los posteos de las activistas feministas fueron pura excitación. Nada se conocía de la letra de la ley. Lo único que se sabía era que sería un proyecto del Gobierno, no el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el colectivo que más ha trabajado en una iniciativa debatida y consensuada entre los feminismos a nivel nacional.
En ese clima de nerviosismo, sin que hubiera un aviso oficial de por medio, el presidente sorprendió al aparecer, alrededor de las cuatro de la tarde, en un video grabado para anunciar el envío del proyecto al Congreso. Vestía corbata verde, el color que simboliza el apoyo a la legalización. Fernández presentó de manera simultánea el Programa de los 1000 días, para ayudar con diferentes apoyos sociales a las mujeres durante sus embarazos y en los primeros tres años de vida de sus hijos e hijas.
Bajo esta visión, el Estado asume su responsabilidad con las mujeres que eligen ser madres. Y con las que no.
Más tarde se difundió el documento de 40 páginas que permite el aborto hasta la semana 14 del embarazo, o después en caso de violación o si la salud y la vida de la persona gestante corre peligro, y que incluye este derecho en el Plan Médico Obligatorio, por lo que debe ser cubierto tanto en el sector público como en el privado.
El punto más discutible es la inclusión del derecho a la «objeción de conciencia» por parte de profesionales de la salud, ya que les permite negarse a practicar abortos. Para atenuar las resistencias, el proyecto advierte que, aunque ellos no interrumpan el embarazo, deberán derivar a la paciente con otro profesional para que sea atendida sin dilaciones.
La discusión, sin embargo, recién empieza. Y aunque el propósito del Gobierno es que no se alargue, no por ello será menos intensa.
El «poroteo»
El debate sobre la legalización del aborto en Argentina tuvo en 2018 un año crucial. Fue la primera vez que el proyecto de la Campaña logró ser debatido en el Congreso. El proceso fue intrincado, porque la discusión parlamentaria fue habilitada por el entonces presidente Mauricio Macri, a pesar de que nunca estuvo de acuerdo con este derecho y que más tarde incluso radicalizó su posición en contra.
Pero es cierto que, hasta entonces, la iniciativa no había podido entrar a debate ni siquiera en comisiones, escenario que fue modificado por el inesperado e inédito aval de un presidente que no tenía interés alguno en que la ley se aprobara.
El 6 de marzo, con la presentación formal del proyecto, comenzó un proceso parlamentario que duró cuatro meses, que incluyó a más de mil expositores y que culminó el 8 de agosto con el rechazo en el Senado, después de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados.
Más allá de la frustración por la decisión mayoritaria de los senadores, fue un momento histórico que demostró la solidez, crecimiento, organización, masividad y pluralidad del movimiento de mujeres en Argentina, y que permitió que asomaran los rostros bañados de purpurina de la nueva generación de feministas jóvenes y adolescentes que se sumaron a la lucha por sus derechos.
Durante esos meses también se puso de moda el «poroteo», el modismo que apuntaba a morigerar la inquietud, al anticipar uno a uno los votos que había a favor y en contra en ambas cámaras. La votación final en Diputados fue de 129 a favor y 125 en contra. En el Senado el resultado fue inverso y con más amplitud: 38 en contra y 31 a favor.
Pues bien, el «poroteo» volvió.
Ahora, con la iniciativa presentada por el Presidente, diferentes estimaciones predicen que, de nuevo, la discusión está ganada en la Cámara de Diputados y que lo más complicado será el Senado.
El portal Economía Feminista, por ejemplo, anticipa que de los 257 diputados, 124 votarán a favor y 111 en contra. Uno se abstendrá y hay 21 indecisos que serán decisivos. En el Senado, quienes todavía no definen su posición tendrán todavía más poder, porque hay 34 votos a favor, 35 en contra y sólo tres indefinidos.
En caso de empate, la última palabra la tendrá la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, como actual vicepresidenta, le toca presidir el Senado. Y ella está a favor de la legalización.
La incertidumbre está servida. Las próximas semanas la intensidad política en torno al debate por la interrupción voluntaria del embarazo irá en aumento en las calles, en el Congreso, en los medios, en las redes sociales.
Desde diversas partes del mundo, en particular los feminismos latinoamericanos, la atención se centrará en Argentina, en la expectativa de que vuelva a poner el ejemplo y avale, por fin, un derecho tantas veces demorado. Que sea ley.
