Lo esencial debería ser no contagiarse: Ledesma y el coronavirus en sus fábricas de Jujuy

Por Razón y Revolución. En los últimos días se conocieron los contagios de obreros que trabajan en los diferentes negocios de Ledesma S.A.A.I. A pesar de los múltiples reclamos de los trabajadores, los directivos de esta firma se negaron a disminuir los ritmos de producción y a dar licencias a personal que desempeña sus tareas en sectores que no son totalmente indispensables para la continuidad de la producción.

Desde el inicio de la cuarentena, Ledesma se amparó en su pertenencia a la industria alimenticia-azucarera y a la producción de alcohol como excusas para mantener los ritmos y volúmenes de productividad. En circulares internas y comunicados públicos, la administración aclaró que todo el personal es necesario para la producción, por lo cual no otorgaría licencias temporales. Para colmo, Ledesma no otorga licencias al personal mayor de 60 años. Es decir, un número de trabajadores que debería ser licenciado por ser población de riesgo sigue yendo a trabajar.

Durante la pandemia no se han padecido desabastecimientos ni grandes subas de precio por falta de oferta. Incluso grandes azucareras como Ledesma siempre mantienen un stock en depósito para seguir refinando y fraccionando durante la interzafra, o bien para no saturar el mercado y generar variaciones de precios. Por lo tanto, la negativa a bajar los ritmos de producción es tan solo una excusa. Incluso, hay que decir que una parte de su producción de alcohol no se destina a la producción de alcohol etílico sino a abastecer la producción de bebidas alcohólicas.

De ese modo, Ledesma se niega a reorganizar la producción según lo estrictamente esencial. Como podemos ver, a los empresarios azucareros no les interesa abastecer a la sociedad ante la pandemia, solo les preocupa mantener sus ganancias e ingresos ante esta situación, aunque esto signifique poner en riesgo la vida y la salud de los trabajadores.

Los contagios

Hace semanas que dentro del ingenio y sus distintas fabricas se disparan alertas por posibles contagios. En primer lugar, en los sectores pertenecientes al negocio de azúcar, luego en frutales, en los equipos de cosecha en el campo y ahora en las plantas de papel y alcohol.

Luego de varias jornadas de incertidumbre, los testeos empezaron a dar resultados positivos. Los obreros contagiados fueron aislados y se realizaron desinfecciones, buscando a los contactos estrechos. Pero lo esperable en una planta industrial que recibe a más de 4000 trabajadores día a día es que se dé un número cada vez más alto de obreros con COVID-19. Como los venimos denunciando en nuestros comunicados, gobierno y empresarios nos envían todos los días al matadero.

Para colmo, en Libertador, el sistema sanitario se encuentra al borde del colapso. Desde el inicio de la pandemia, los trabajadores de la sanidad de Libertador vienen reclamando las pésimas condiciones laborales y el abandono de la salud pública en la localidad. Como el Estado no atendió a los reclamos, hoy el 20% del personal del nosocomio se encuentra infectado. Estos son los hospitales donde se tiene que atender la clase obrera de Libertador.

La burguesía planera y el sindicato que mira hacia otro lado

Es sabido que la empresa de la familia Blaquier ingresó al programa ATP y que el Estado nacional pagó parte de los salarios de los trabajadores de sus distintos negocios. Sin embargo, ésta no es la única ayuda que recibe la burguesía azucarera, quienes fueron asistidos con préstamos a tasas inimaginables para un obrero, subsidios a las tarifas energéticas y planes bancados por los gobiernos de turno para renovar, ampliar o tecnificar sus parques de máquinas. Ni hablar de los consumos de recursos los ríos y fuentes de agua que usufructúan gratuitamente. Esta burguesía planera es la que se niega a reorganizar la producción o parar ante los contagios masivos. Es la misma que superexplota y negocia con la vida de los trabajadores y la pandemia.

Todo esto no sería posible sin la connivencia de los sindicatos. Algunos de forma más directa, como el de papeleros que firmó reducciones salariales. Otros de forma más discreta, como el de los azucareros, que recién luego de la crisis de contagios, amenaza con un paro de actividades si la empresa no cumple con ciertas normas de profilaxis. Luego de más de cien días de cuarentena con derechos vulnerados, con peligro de contagio del total de empleados en todos los sectores, sin paritarias ni aumentos salariales, etc., los sindicatos aún no toman medidas contundentes ni entablan una lucha seria contra la patronal. El SOEIAL apenas presentó un reclamo para intervenir en los protocolos, sin acompañarlo con ninguna acción concreta ni preparando a los trabajadores para un plan de lucha.

Por un plan de acción

Los trabajadores no queremos marchar día a día hacia un matadero, no podemos seguir aguantando la incertidumbre del contagio. La producción de azúcar y de alcohol es esencial para hacerle frente a la pandemia, pero ésta debe ser planificada para abastecer las necesidades sociales, no para llenar los bolsillos de los empresarios.

Por eso, planteamos la necesidad de impulsar un plan de lucha deliberado en asambleas por los trabajadores, y sin depositar confianza en la burocracia de nuestros sindicatos, por los siguientes puntos:

Planificación de la producción esencial a fin de abastecer las necesidades sociales y no exponer innecesariamente a los trabajadores

Que los COE municipales y provincial auditen y clausuren las fábricas y sectores en las que no se apliquen ni cumplan medidas de prevención

Participación obrera en la elaboración y fiscalización de los protocolos sanitarios, a través de comités elegidos en asambleas

Recomposición salarial y salario igual a dos canastas básicas

Basta de precarización laboral, efectividad a los temporarios del ingenio y pase a planta de los trabajadores de la sanidad

Insumos y EPP de calidad YA para toda industria o servicio en actividad

Por un sistema de salud centralizados y bajo control de los trabajadores, para hacer frente a la pandemia.

Por una regulación que contemple la sobrecarga laboral, los riesgos y los gastos extraordinarios que sufren los trabadores que son afectados directamente por la pandemia de COVID-19.