Por Cristian Carrillo, en Página/12. Pese al discurso de estadísticas transparentes, el Gobierno en los primeros dos años modificó en sendas oportunidades la forma de medir el índice de precios, evitando la comparativa interanual con la administración anterior (empalme) y subestimando los hábitos de consumo de la población. Si se hubiesen mantenido las ponderaciones de 2016, de acuerdo con la última encuesta de hogares del Indec (2012), la inflación del año pasado hubiese sido de 48,4 por ciento, según un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La cifra oficial informada fue de 47,7 por ciento, pero sobre la base de la canasta construida en 2005. Para este año se anticipa una nueva revisión del índice de precios.
Los cambios metodológicos que se realizaron bajo la gestión de Jorge Todesca redujeron el peso de los alimentos y las tarifas, precisamente los que más subieron en los últimos tres años, en la canasta mientras que aumentó la participación de ocio y esparcimiento. Por ejemplo, para el Indec, los hogares destinan apenas el 10,5 por ciento de sus ingresos en alquiler, expensas y tarifas de gas, electricidad y agua. De ser así, para un estimado de 10.500 pesos en estos gastos de vivienda, el ingreso debería ser de 95.238 pesos de bolsillo, según estimaciones del documento elaborado por les economistas Julia Strada, Eva Sacco y Hernán Letcher.
Si bien la inflación del año pasado arrojó cifras históricamente elevadas –la más alta en 27 años–la percepción sobre los aumentos difiere según el bolsillo con el cual se coteje. Un asalariado que tiene un alto porcentaje de sus ingresos en consumo en alimentos sufrirá un mayor castigo por parte de la inflación, dado que este es el rubro que más subió en el promedio, que quien todavía pueda destinar dinero a esparcimiento. Un jubilado, por ejemplo, también tiene que soportar la escalada en los precios de los medicamentos, un bien casi insustituible que también aumentó mucho en los últimos años debido a la dependencia de insumos importados.
Pero, más allá de estas apreciaciones, la constante modificación de la canasta permite suavizar en las cuentas públicas el pass through (traslado a precios) de la devaluación y el impacto en la canasta básica. Incluso cuando la pérdida de poder adquisitivo –y la consecuente caída del ahorro– modifica los hábitos de consumo destinado una porción cada vez mayor a alimentos. “Un índice de precios mide la evolución del costo de una canasta representativa de consumo (que se actualiza cada diez años), la subestimación del peso de los servicios sobre tal canasta desnaturaliza la función del indicador”, critica el informe del CEPA.
Desde diciembre de 2015, el Gobierno decretó el apagón estadístico y dejó de publicar el IPC-Nu, pese a que se había construido con asesoramiento del Fondo Monetario y con la encuesta de gastos (2012-2013). En abril del año siguiente se publicó un nuevo índice de precios, pero se volvió a utilizar la encuesta de 2005. “El problema actual reside en el cambio profundo de política de Cambiemos respecto de los servicios, lo que imposibilita la utilización de cualquier encuesta ya que en solo dos años el peso de los servicios aumentó sensiblemente”, señala. En 2005 el peso de los servicios de gas y electricidad era mínimos, dado que la encuesta se realizó con un consumo menor y los hogares no poseían la cantidad de electrodomésticos que se incorporaron diez años después.
La ponderación de este rubro es de 10,50 por ciento. “Resulta además contra fáctico que frente al sensible aumento de los servicios públicos, cuyo gasto es casi inelástico, el peso del rubro se mantenga casi similar al de finales de 2015, donde además, los mismos se encontraban fuertemente subsidiados para vastos sectores de la sociedad”, destacan les autores.
El último retoque disminuyó también la ponderación de alimentos y bebidas en la medición de precios, la cual pasó de 35,38 al 23,40 por ciento, un recorte que se compensó con un aumento del peso de Esparcimiento/Recreación y cultura más Restaurante y Hoteles”, del 8,76 al 18,30 por ciento, llevándolo a ser el segundo en importancia en la canasta para el Indec. “En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, el consumo de alimentos en términos relativos tiende a incrementarse”, de acuerdo con el informe. Este cambio permitió suavizar el impacto de alimentos en el índice de precios, ya que el año pasado promedio el 50,5 por ciento, mientras que esparcimiento aumentó en 43 por ciento.
“El efecto de estos cambios no resulta menor. Implica, naturalmente, una subestimación de la pérdida de poder adquisitivo. E incluso para las discusiones paritarias de recomposición salarial o sencillamente, para las paritarias anuales, el cálculo para los trabajadores adolece de realismo”, concluye el informe.