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La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara), presentó un pedido al juez Fabián Lorenzini, a favor de la intervención.
La solicitud de la Federación, en conjunto con el Sindicato de Aceiteros de Reconquista y de San Lorenzo, adhiere al pedido de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe de intervenir la empresa Vicentin y desplazar a su directorio.
Uno de los asesores de la Federación, Miguel Fiad en dialogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), dijo, “presentamos un pedido de adhesión a la intervención a la empresa Vicentin, luego que el magistrado dejará sin efecto el decreto de intervención del gobierno por las atribuciones que le permite la ley de expropiaciones”.
Cabe recordar que el 19 de junio, el juez suspende los efectos del decreto ante un pedido de la empresa y le devuelve la administración a los mismos que llevaron a la empresa a la cesación de pagos.
Ante esta situación, el letrado señala que “nos sumamos con un escrito al pedido del organismo santafecino por la ley de concurso y quiebra, tras conocerse la resolución del juez”.
Fiad dijo que “la intervención es necesaria para garantizar que los mismos tipos que la vaciaron la lleven a la quiebra, luego de los dueños de la compañía hayan paralizado la actividad agrícola y algodonera, y además entendemos que es una manera de seguir con las fuentes laborales y que los más de 2.600 productores puedan cobrar lo adeudado”.
Finalmente, Fiad dijo que “desde el mes de diciembre se retiró del negocio de la agroexportación y con esta jugada busca llegar a la quiebra a la empresa y empujar a la calle a unos 2000 trabajadores y a los más de 2600 productores dejarlos endeudados”.
El pasado viernes, Lorenzini, dispuso restituir al directorio de la empresa en sus funciones de manera temporal y darle carácter de veedores a los interventores de la empresa designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Ese mismo día, el gobierno santafesino solicitó al magistrado la intervención judicial de la empresa por parte de la IGPJ en el marco del concurso preventivo de acreedores y por el lapso que dure el mismo, desplazar al directorio de la empresa y reponer a los interventores designados por el Gobierno nacional junto a una funcionaria de la provincia.
En el escrito judicial solicitaron al magistrado “que se debe acompañar al expediente un estado de activos y pasivos de cada empresa del grupo económico” para que se «exija a Vicentin SAIC presentar el balance anual cerrado en octubre de 2019, certificado por un profesional independiente».
