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Médicos de la Corte sin fondos para revisar a imputados. ¿No era que los juicios son política de Estado?

tribunal azulPor Lucho Soria. Cada jornada depara info sobre los cursos de acción de los juicios los que confirman que están en un callejón sin salida, por más que lo afirme el presidente de la Corte, en la reciente reunión de la Interpoderes, después de un año de callado silencio, que los juicios «son política de Estado», los que nos permite afirmar que esa reunión fue como alguien la pronosticó «pour la galerie», mientras otros desbordaban de optimismo.

¿Ejemplos? El ex cura capellán del Ejército Carlos Marozzi tenía que ser revisado para corroborar la certeza del cáncer que tendría, pero el médico designado informó que la Corte carecía de fondos para sufragar su viaje en avión y estadía en Santiago del Estero. Precisamente en esta provincia donde el Tribunal armado para el juicio se quedará con el único juez que sigue firme Luis Alberto Imas, dado que los jueces federales Hugo Miguel Vaca Narvaja y Mario Garzón no lo integrarán, en el marco de la Megacausa II, que desde ya pasó para el año que viene.

Cabe señalar que Vaca Narvaja y Garzón fueron recusados por los defensores Miguel Ángel Torres, Moisés Azar y las defensoras oficiales Silvia Abalovich y María Bossini. En Jujuy la realización del cuarto juicio con incertidumbre dado que nadie acepta integrar el tribunal en carácter de cuarto, o sea acompañar a los magistrados Mario Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Díaz.

Santiago del Estero, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, San Juan, San Luis, entre otras provincias, conforman el listado donde la impunidad llegó para quedarse, salvo una decisión política de quienes tiene el poder de revertirlo.

En Catamarca, hace cien días se anunció que el 4 de septiembre comenzaría el tercer juicio, ahora sin que medie una notificación, según relatos, pasaría para fines de este mes. Los jueces Jaime Díaz Gavica, Julián Falacci y Hugo Cataldi por ahora no han informado oficialmente la noticia que lógicamente repercute negativamente en las expectativas de los familiares y en la militancia.

Serán juzgados seis militares por el secuestro y desaparición de: Nelly Borda, Julio Genaro Burgos y Francisco y Griselda Ponce.

Los imputados son Luciano Benjamín Menéndez, Darío Otero Arán, Enrique Basso, Roberto Mujica, Jorge Ripoll Del Pino y Carlos Ruiz, quienes están acusados por hechos de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita.

Para ellos la libertad

Más señales de impunidad. La Cámara Federal porteña excarceló a Jorge Conti, Carlos Villone y otros detenidos acusados de integrar la Triple A y ser parte de una asociación ilícita para cometer crímenes durante el gobierno de María Estela «Isabel» Martínez de Perón. Conti fue yerno y secretario de prensa del fundador de la Alianza Anticomunista Argentina, el fallecido ministro de Bienestar Social del gobierno de Isabel, Jose López Rega, y Villone su secretario privado.

La Sala I del Tribunal de Apelaciones integrado por conjueces de la Cámara del Crimen entendió que no correspondía la prórroga de cuatro meses de prisión preventiva resuelta por la juez de la causa, María Servini de Cubría.

Ante ello, dispuso el «cese» de las prisiones preventivas que muchos cumplían en forma domiciliaria por su avanzada edad y estado de salud.

Con esta decisión quedaron en libertad a la espera de ser juzgados Conti, Villone, Rubén Pascuzzi, Julio José Yessi -que fue el secretario general de la lopezrreguista Juventud Peronista de la República Argentina, JPRA- y Norberto Cozzani, un feroz torturador que luego del golpe de marzo de 1976, fue la mano izquierda del coronel Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense.

Para los camaristas Luis Bunge Campos, Julio Lucini y Mariano Scotto, todos superaron «el plazo de 3 años establecido» como límite a la prisión preventiva sin dictado de sentencia ya que quedaron presos el 5 de junio de 2012.

«A principios del mes de octubre próximo se verían cumplidos los dos tercios de la pena requerida (art. 13 del Código Penal y art. 379, inc. 4° del Código de Procedimientos en Materia Penal). Una definición que más de un defensor oficial, si defensor oficial ya debe estar presentando para sus defendidos.

Zona liberada

Otro didáctico ejemplo es con las causas que están imputados empresarios y sus jefes de seguridad y personal, avanzan a tranco de pollo como dicen en el campo, salvo el que se acaba de iniciar en Salta al empresario Marcos Levin, dueño de la empresa Veloz del Norte, el resto en lista de espera, es decir Molinos (24 trabajadores detenidos desaparecidos), Ford, Mercedes Benz, Grafa, Ledesma/Blaquier. Precisamente este último la última palabra la tiene la Corte, la que más temprano que tarde tiene que definir.

En relación a los que se ventilan de la guarnición militar Campo de Mayo, más de una docena de ellos duermen en las oficinas judiciales. O en Tucumán, el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de esa provincia. Antonio Gómez pergeña en forma permanente retrasar el inicio del juicio del Operativo Independencia, al cuestionar la presencia de fiscales ad hoc, al argumenta que sus designaciones son inconstitucionales. Obvio que en su pagina (www.fiscalgomez.com.ar) no da cuenta de estas acciones.

Este es el contexto a 12 años del 2 de septiembre de 2003, cuando el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Néstor Kirchner, promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ese momento impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados.

Más allá de la inacción señalada, como se resolvió en los plenarios regionales del NEA en Corrientes, NOA en Santiago del Estero, conubarno bonaerense, entre otros ámbitos, la calle es el camino para seguir la lucha contra la impunidad, un muro que se levanta con más de un albañil.

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