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Este martes inició el proceso para reformar el Poder Judicial en México y con ello avanzar en un cambio para que los jueces y los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por medio del voto popular.
Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganan más dinero que él, algo que viola la Constitución.
También expresó su desacuerdo con el paro que llevan adelante los trabajadores del Poder Judicial, pero aclaró que los entiende porque defienden sus intereses y los intereses de la oligarquía.
Precisamente, los diputados del Congreso de la Unión tuvieron que cambiar de sede para iniciar la aprobación de la reforma al Poder Judicial, ya que desde temprana hora cientos de trabajadores judiciales bloquearon las instalaciones de la Cámara para impedir que iniciaran la discusión.
Días atrás, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados logró imponerse para respaldar el dictamen que establece la renovación completa de los ministros, magistrados y jueces de todo el país, quienes serán electos mediante el voto popular.
Luego la discusión pasará al Senado, donde al oficialista Morena y sus aliados les falta un senador para lograr la mayoría calificada.
El diputado oficialista Reginaldo Sandoval afirmó que la propuesta no se enfoca en la venganza ni el autoritarismo, ya que su ideal es una democracia participativa, un gobierno dirigido por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, basado en principios éticos de verdad.
Este martes, estudiantes se movilizaron en distintos puntos del país para expresar su apoyo a la reforma.
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Las críticas
Desde que fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma al Poder Judicial de México ha sido blanco de críticas por parte de distintos sectores tanto nacionales como internacionales.
El mandatario ha defendido la iniciativa asegurando que los cambios al sistema buscan responder al reclamo del pueblo mexicano de tener una institución de impartición de justicia austera, independiente y ajena a intereses privados. Los críticos, en cambio, señalan que pondrá en peligro la independencia judicial.
La reforma plantea la elección por voto popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Este planteo ha sido ampliamente cuestionado. Jorge Camargo, exdirector de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y académico, explicó a CNN que someter a los jueces a elección popular termina con la ruta de capacitación y méritos de la carrera judicial en la que los trabajadores acumulan experiencia y van escalando posiciones al interior del Poder Judicial.
“Hay trabajadores que tienen 15 años aspirando a ser jueces, han recorrido todo el camino judicial de preparación y esta reforma podría impedirlo porque se enfrentarían a una elección popular para la que no se han preparado”, dijo.
Por otro lado, bajo el esquema de votación popular, las candidaturas a cargos judiciales serán postuladas por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, algo que, afirman los críticos al proyecto, le daría al presidente una “concentración máxima de poder”.
La argumentación de esta crítica es que las listas patrocinadas por el presidente y por la mayoría parlamentaria oficialista serán las que tengan mayores posibilidades de éxito.
Un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), coincide con este punto al señalar que “la elección popular de autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos, debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso”.
Los cambios que plantea la reforma judicial también han sido abordados en el exterior. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su preocupación por la iniciativa afirmando que “podría dañar” las relaciones entre ambos países.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos también señaló: «Nos alarma que varias otras reformas constitucionales actualmente en discusión puedan contradecir los compromisos asumidos en el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), cuya revisión está programada para 2026».
Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme Clark, advirtió que los inversionistas canadienses están en incertidumbre total ante la reforma.
Las declaraciones desataron la reacción de López Obrador, quien calificó las opiniones como “una injerencia en los asuntos de México” y anunció una pausa en las relaciones con las embajadas tanto de Estados Unidos como de Canadá.
