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Durante una conferencia de prensa, realizada este sábado, la dirigente social Milagro Sala afirmó que “mi condena no asegura que haya paz social en la provincia”. Aclaró que “muchos quieren promocionar esta cuestión, pero hoy en Jujuy, todos los días hay marchas y protestas que el gobierno de Morales busca «criminalizar el descontento social que hay».
Las declaraciones de Sala se producen luego que esta semana, los cortesanos confirmará la condena de 13 años en su contra por asociación ilícita y defraudación al Estado, en la causa “Pibes Villeros”.
Los abogados de la dirigente social denunciaron que los supremos no quisieron decir nada sobre las irregularidades que se evidenciaron en el proceso judicial, como por ejemplo que el Tribunal que la enjuició la separó del juicio oral y secreto por 60 días.
“Tenían que venir a Jujuy y comenzar por contar las casas, las obras, y de ahí sacar una resolución con respecto a la condena, pero la Corte respondió que no se iba a inmiscuir en las decisiones de jueces de las provincias y entonces por qué estuvo más de dos años con el expediente», señaló Sala.
Para la dirigente, «las garantías constitucionales del debido proceso no estuvieron dadas» para ella y sus compañeros de la organización, que afrontaron el juicio de la causa que se prolongó durante más de seis meses.
Sala aseguró que «le gustaría» dar sus fundamentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y «poner a disposición la prueba» que no le permitieron exhibir en el juicio al que fue sometida.
«Lamento los trece años -de la condena- porque nosotros nos hemos dedicado a trabajar muchísimo. Nuestras obras se miran y se tocan. Lamento que el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y la Corte Suprema sean cómplices de lo que hoy está pasando en la provincia», subrayó.
Sobre el arresto domiciliario de Sala, -que el gobernador Morales pidió modificar de forma «inmediata»-, el abogado Ariel Ruarte indicó que «se deben respetar las pautas del sistema interamericano» que establecen que no se pueden agravar las condiciones de detención cuando está en riesgo la salud del imputado.
«En el marco político que estamos, dado que es presa política, lo mínimo que se debe dar es la privación en su domicilio», acotó Ruarte, a la par de referirse a la presentación de un habeas corpus en ese sentido ante la justicia local.
En la misma línea, el abogado Luis Paz recordó que hay resoluciones vigentes tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de la Corte-IDH, otorgadas en beneficio de Milagro Sala por estrictas razones de salud.
