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Tal como se había comprometido, el juez Isidoro Cruz resolvió en la tarde de este jueves el habeas corpus que presentaron los abogados de Milagro Sala: decidió rechazarlo en todos sus pedidos. Pasadas las 21.30, cuatro integrantes de su juzgado fueron a notificar a la dirigente social, quien un rato después, en medio de una crisis, se hirió un antebrazo tras romper un vidrio.
El juez Cruz rechazó el pedido de internación realizado por la defensa de Sala en una clínica privada en el marco de un hábeas corpus presentado tras el traslado de Sala al penal de mujeres de Alto Comedero, en contrario de lo que dispone la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está vigente. La dirigente social fue atendida primero por el SAME y luego por el médico cirujano del penal, que saturó la herida.
Desde el 11 de octubre, Milagro Sala, a través de un médico del Poder Judicial, dio a conocer que estaba tramitando la internación en una clínica privada para realizarse estudios médicos, tal como la habilita la ley de Ejecución Penal 24.660. El viernes 13, el juez Pullen Llermanos, sin previa notificación ni a ella ni a sus abogados, envió una decena de policías para trasladarla compulsivamente al Hospital Pablo Soria, supuestamente a realizarse análisis de sangre y un electrocardiograma. La dirigente social se negó porque sus abogados no habían sido notificados del trámite. Por otra parte, le llamó la atención que la buscaran para realizar estudios clínicos sin el ayuno correspondiente.
Al día siguiente, un grupo del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) la sacó violentamente de la casa de El Carmen donde cumplía la prisión y la llevó al penal de mujeres de Alto Comedero. Pullen Llermanos argumentó que tomó esa decisión «para cuidar su estado de salud», pero en su escrito citó informes de Departamento Médico del Poder Judicial que sugerían que Sala debía estar en contacto con su familia las 24 horas y daban cuenta de un cuadro de depresión y de ideación suicida.
Así es como el martes último la defensa de la dirigente social presentó ante el juzgado de turno un hábeas corpus con dos objetos: que se autorice la internación en la clínica privada y que se resuelva el traslado al inmueble de El Carmen. Este segundo aspecto, que es el de fondo, se fundamentó en la medida dispuesta por la CIDH ante el riesgo de daño inminente para la salud psicofísica de Milagro Sala de permanecer dentro de la unidad carcelaria.
El miércoles se realizó una audiencia en sede del juzgado con la presencia del juez Cruz y con los abogados Luis Paz, Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte. Allí dieron cuenta del estado de la dirigente social y pidieron los estudios del Departamento Médico, que el martes por la tarde realizó un informe según el cual la dirigente social atravesaba un cuadro de depresión, con elevado monto de angustia, que impidió incluso que la dirigente mantuviera contacto visual con las personas que la entrevistaban producto de una crisis de llanto que se desató cuando comenzó a relatar los hechos que tuvieron lugar el sábado. Además, presentaron el certificado de la clínica a través del cual autorizaban la internación de la diputada.
A las 21.40 horas del jueves se presentaron en el penal cuatro integrantes del juzgado para notificarle la decisión del juez de no autorizar ni la internación en la clínica ni el traslado a la localidad de El Carmen. La dirigente les mostró los golpes que tiene en el cuerpo, dio cuenta de los síntomas que sufre producto del colon irritable y reclamó que desde su traslado la médica del penal solo la atendió una vez y no la medicó.
Pocos minutos después de retirarse del penal, desde el Servicio Penitenciario llamaron a Luis Paz para avisarle que Milagro se había autolesionado. Ya en la unidad carcelaria la atendió el SAME y luego un cirujano le dio 5 puntos en la parte profunda de la herida y otros 4 en el antebrazo que se había cortado al romper un vidrio.
Desde la Tupac Amaru responsabilizan en forma directa al presidente Mauricio Macri por el incumplimiento de la medida cautelar vigente de la CIDH, y al contador Gerardo Morales y a los jueces Pablo Pullen Llermanos e Isidoro Cruz por negarle la atención médica que solicitan y que está autorizada por la ley de Ejecución Penal.
Denuncia federal
El Comité por la Libertad de Milagro Sala presentará una denuncia en la justicia federal contra Mauricio Macri, Germán Garavano, Gerardo Morales y Pablo Pullen Llermanos por inducción al suicidio de Milagro Sala, producto del incumplimiento de la medida cautelar dictada por la CIDH y otras resoluciones internacionales, además de los permanentes hostigamientos ilegales que sufre cotidianamente.
