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Esta semana, el gobierno de Javier Milei desistió de un recurso ante la Corte Suprema que había presentado la gestión de Alberto Fernández contra la reforma parcial de la Constitución de Jujuy impulsada el año pasado por el entonces gobernador Gerardo Morales y aprobada en medio de protestas masivas. Para Eduardo Tavani, abogado integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se trata de un síntoma de que la criminalización de la protesta que se vivió y vive en Jujuy «ahora la pretenden imponer a como dé lugar en territorio nacional».
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Tavani analizó: «Esta decisión no hace más que confirmar cuál es el camino que este gobierno ha decidido tomar también en estas cuestiones», y agregó: «El gobierno de Milei se autodefine en sus propias manifestaciones y claramente con sus pretensiones de sancionar normas que violentan la Constitución Nacional. Entonces, lo que viene a hacer acá es ratificar su plan, su programa político, que consiste en arrasar derechos y garantías que están vigentes porque nacen en la Constitución, que es la ley de leyes».
El referente de derechos humanos remarcó: «Esta no era una situación partidaria, sino una posición clara del Estado nacional frente a un decisorio de un Estado provincial, una reforma inconsulta que violenta derechos, suprime garantías, y contradice no solo la Constitución nacional sino tratados internacionales incorporados a la Constitución que son obligatorios para todos y todas».
«Las constituciones provinciales pueden ser más progresivas en derechos y garantías que la nacional, pero nunca menos, nunca restrictivas o regresivas», recordó.
En este sentido, planteó: «Todos sabemos qué significa y lo que sigue siendo para el pueblo jujeño. Nosotros, a la distancia, acompañamos los reclamos, las demandas y los planteos de tantos jujeños y jujeñas para intentar torcer esa decisión que a nuestro entender es absolutamente ilegal e inconstitucional».
En particular, Tavani mencionó el «saqueo a la patria» que implican las políticas impulsadas por la gestión Milei. «Lo conocen muy bien ustedes en Jujuy porque la Constitución provincial ha venido a hacer justamente lo que está intentando el Gobierno nacional».
Para el abogado, existen otras simetrías entre la Constitución de Jujuy reformada el año pasado y el actual gobierno nacional: «La criminalización de la protesta que ustedes vivieron y viven en Jujuy, ahora la pretenden imponer a como dé lugar en territorio nacional».
Tavani remarcó que la presentación de la administración de Alberto Fernández ante la Corte se realizó «en cumplimiento de un mandato, una obligación, que es salir al cruce de una violación flagrante como la que se produjo al ser sancionada una Constitución que viola la ley suprema de la Nación».
«El gobierno anterior entendió que la forma de hacerlo era recurriendo a la cabeza del Poder Judicial, que tendría competencia originaria para resolver», agregó.
El abogado repasó: «Mi organismo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que tiene casi 50 años de historia, que nació justamente para enfrentar al monstruo que iba a ser parido el 24 de marzo del 76 y que se llevó 30.000 compañeros y compañeras, y que además secuestró, desapareció, robó bebés, torturó, etc., sigue bregando por esos derechos y esas garantías, junto al movimiento de derechos humanos».
Y completó: «Lo señalamos en su momento cuando estábamos en Jujuy y cuando nos anoticiamos de lo que significaba esa reforma inconsulta, arbitraria, ilegal e inconstitucional. Y en esa línea seguimos manteniendo el mismo criterio y las mismas convicciones para enfrentar a ese monstruo que pretende llevarnos puestos ya no solo en Jujuy, sino en todo el país».
-¿Cree que este desistimiento decidido por el gobierno de Milei es para negociar con la UCR el apoyo a la Ley Bases, el DNU 70 y el paquete fiscal?
-Esto es un toma y daca, no hay ninguna duda. El problema es que pone en riesgo la supervivencia del Estado-nación, pone en serio riesgo a la sociedad argentina. Porque si eso hace el Gobierno nacional, ignorando la supremacía de la Constitución Nacional por sobre las constituciones provinciales, evidentemente lo está haciendo en función de lo que viene a querer imponernos a todo el país. Ya lo estamos viendo: el saqueo y el arrasamiento de la patria. Lo está haciendo con las aguas, con el litio, con los recursos naturales. Nosotros aspiramos a que la Ley Bases no pase el filtro del Senado y sea rechazada.
-Hay otras impugnaciones de la Constitución jujeña presentadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el Tercer Malón de la Paz y organismos de derechos humanos. ¿Cree que van a ser desestimadas?
-Ya sabemos lo que hace la Corte con planteos de esta naturaleza: los archiva en el arcón de los recuerdos, y ahí duerme en el sueño de los justos. Y utiliza estos casos en beneficio propio. Eso lo sabemos todos porque el sistema de justicia de la Argentina ha dejado de ser lo que alguna vez fue para pasar a responder a los intereses más espurios de los grupos concentrados, que son los que dominan la política nacional. Y cuando digo que dominan la política nacional, es que dominan el Poder Judicial, el Ejecutivo, y tiene un avance brutal sobre el legislativo, como lo estamos viendo ahora que está por discutirse en el Senado una ley que viene a conculcar derechos y arrasar la soberanía nacional.
-No hay buenas expectativas sobre lo que puedan decidir los cortesanos, entonces.
-Los cortesanos van a seguir actuando como si estuvieran jugando al póker con estos expedientes, con estos trámites, con estas presentaciones, en beneficio propio y de los grupos a los que representan, que no son los intereses del pueblo ni de la nación. Lo advertimos en los hechos, que la cabeza del Poder Judicial, como muchos de los jueces federales que intervienen en causas emblemáticas, juegan en beneficio de los grandes intereses. Eso quiere decir que no tienen patria. Juegan a los intereses de los grandes, que son los que digitan y determinan qué es lo que hay que hacer y qué no, y cómo hacerlo en tiempo determinado. Esta representación política es la representación de esos grupos.
-¿No hay alternativa?
-Hoy no hay una representación política que esté cerca del pueblo. Eso es algo que tenemos que construir. Nos llevará tiempo, pero seguramente más temprano que tarde, el pueblo argentino se dará cuenta y avanzará en ese sentido para que alguna vez, para siempre, se termine con estas prácticas que nos dejan en una situación de mucha debilidad y que afectan fundamentalmente a las generaciones por venir.
-Se suele decir que los argentinos y las argentinas estamos en libertad condicional.
-Estamos en libertad condicional. Lo hemos estado durante un tiempo largo. Eso lo conocimos los que somos ya veteranos, en plena dictadura cívico-militar. Y después cuando el lawfare se impuso de la mano del gobierno de Mauricio Macri y sus aliados. Hay una intoxicación mediática clara, evidente. Los grandes grupos concentrados están asociados con los medios de comunicación masivos hegemónicos, y a esa dupla se le suma el Poder Judicial que responde a sus intereses. Es una tríada que nos viene colocando una situación de enorme perjuicio y muy dañina, muy lesiva para los intereses del pueblo.
El gobierno desistió de la demanda contra Jujuy por su reforma constitucional
