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Miranda: «No hay una decisión política de denunciar a Milagro Sala»

mariano mirandaEl fiscal de Estado Mariano Miranda aseguró que los organismos internacionales de derechos humanos que visitarán Jujuy en mayo próximo tendrán contacto no solo con testimonios en contra de Milagro Sala sino también con testigos a favor. «Tienen que tener acceso a todo, de manera libre», afirmó en diálogo con El Submarino Radio (91.5), y lamentó que «no hayan venido en enero o febrero». Sobre el intercambio de mails que generó el pedido de juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, opinó: «No sé si corresponde analizar el contenido del mail». 

-¿Cómo tomaron desde el gobierno provincial la determinación de la sala penal del STJ de mandar los recursos de los abogados de Milagro Sala a la Corte?

-Para que quede claro: los fallos del juez de primera instancia, del juez de control, de la Cámara de Apelaciones y Control, y con anterioridad la Cámara de Casación, fueron ratificando por un lado la prisión preventiva y por otro lado la decisión de no hacer lugar al tema de los fueros parlamentarios. Entre los abogados querellantes estamos el fiscal Anticorrupción y quien le habla, que nos opusimos a la concesión de esos recursos, por distintos motivos formales. De todas maneras, ahora la Corte evaluará si es constitucional o no la ley que hace extensivos los fueros de los diputados y los senadores a los parlamentarios del Mercosur.

-Desde el punto de vista político, ¿es un alivio para el poder Ejecutivo y para el Judicial de Jujuy que la eventual liberación de Milagro Sala quede en manos de la Corte?

-No, no significa un alivio. El gobierno de la provincia, a través de este fiscal de Estado y de otros organismos, está llevando adelante una serie de denuncias y actividades tendientes a esclarecer lo que entendemos que fueron hechos delictivos, que conformaban una matriz delictiva que durante muchos años existió en la provincia de Jujuy, donde están involucrados ex funcionarios de orden provincial y de orden nacional y particular. Y entre los particulares incluyo no solo a Milagro Sala sino también a gente de su círculo íntimo que pertenecía a la Tupac Amaru. Hoy en día hay varias personas imputadas, algunas con prisión preventiva, en hechos de corrupción. Esto lo ha dispuesto un juez, lo ha confirmado la Cámara de Apelación y Control, y en algunos casos ha llegado hasta la Corte, como es el caso concreto de la prisión preventiva. La prisión preventiva fue revisada al menos por tres instancias a nivel provincial, intervino la Cámara de Apelaciones, donde hay tres jueces, el Tribunal de Casación y tres miembros de una sala de orden penal en el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, que intervenga la Corte es una etapa más dentro del proceso judicial, como una revisión de lo que ha sucedido en Jujuy.

-Convengamos en que el caso de Milagro Sala es una cuestión política que sobrepasa el tema judicial…

-Nosotros no lo tomamos como un tema político, para nosotros es un tema netamente judicial. Quiero hacer una aclaración. No hay una decisión política de denunciar a Milagro Sala. Nosotros lo que hemos denunciado es una matriz que se repetía en tiempos de corrupción, y uno de los engranajes es Milagro Sala. Acá también estuvieron detenidos y están denunciados el ex presidente del IVUJ, dos vocales del Instituto, otros funcionarios de distintos órdenes nacional, provincial y municipal. No es una decisión política denunciar a Milagro Sala; la decisión política es investigar qué ha sucedido con fondos públicos que tenían un destino específico, que es la construcción de viviendas sociales, principalmente, entre otras denuncias.

-¿Qué pasa con los intendentes, que son los que firmaban y entregaban los cheques a las cooperativas? ¿Por qué no están denunciados?

-Por supuesto que hay denuncias y se está investigando. En la denominada Megacausa, en base a una auditoría hecha por la Fiscalía Anticorrupción y por peritos en la materia se ha detectado un faltante de 1800 viviendas, más 500 que están a medio construir. En ese expediente ya hay medidas probatorias sobre cuál era el mecanismo que tenían para quedarse con los fondos públicos. En algunos casos endosaban los cheques y en otros emitían nuevos cheques por 50 mil pesos, por sumas millonarias, y la gente que iba a los bancos a cobrar el efectivo era gente vinculada a la Red de Organizaciones Sociales, vinculada a los municipios. El primer caso que se empezó a investigar fue el de Calilegua, y a través de Calilegua se detectó que el Programa de Emergencia Habitacional estaba pagado hasta la etapa 18 y está construido hasta la etapa número 13.

-La mayoría de las viviendas se hacían en San Salvador ¿Por qué no está denunciado Raúl Jorge?

-Perdón, pero ahí hay un error. El intendente no era el que daba las obras; ni en San Salvador de Jujuy, ni en Calilegua, ni en San Pedro… Todo se hacía con una clara directiva del Ministerio de Planificación Federal sobre para quiénes iban las obras. En algunos municipios era un pasamanos. Hay funcionarios de distintos municipios que han denunciado cómo han sido presionados y cómo eran obligados a endosar cheques o a librar cheques por 50 mil pesos. Entre el 3 y el 9 de diciembre (de 2015) retiraron 29 millones de pesos, de los cuales 14 fueron por endoso de cheques, y otros 14 o 15 millones fueron de cheques de a 50 mil. Iban al banco y retiraban. Había un encargado de recaudar en el interior, que hemos denunciado, que era Javier Nieva, que actualmente está detenido después de estar prófugo durante un año. También está denunciada la diputada Mabel Balconte como parte de este mecanismo y cooperativistas de San Pedro. Ellos eran los encargados de hacer este tipo de operatoria en el interior, con el dinero público de Planificación que venía destinado a la Red. En el medio quedaban los municipios en donde intervenían funcionarios de orden provincial y municipal. Y todo eso está siendo investigado.

Correos 

-Cuando se revelaron los mails que se intercambiaron entre usted, la presidenta del STJ y el apoderado del gobernador, usted dijo que se trató de una “coordinación institucional”. Hace ruido que se trate de funcionarios del poder Ejecutivo y el Judicial…

-Yo ya he aclarado. Entre los mails que se dieron a conocer por un medio periodístico, no había un mail que yo haya recibido; sino un mail que fue enviado por un abogado a un funcionario de orden nacional, que reenvía un mail que yo recibí, y que recibió también parte de un mail que recibió la doctora Falcone, o que habría recibido. Hemos mantenido distintas reuniones a nivel nacional y provincial, reuniones de carácter institucional, a los efectos de responder los requerimientos internacionales. El abogado de Morales no es un abogado para este caso particular, porque el estudio Gil Lavedra está trabajando con el estado provincial, ha sido contratado por el gobierno de la provincia, lo cual es público; también para los procedimientos que se llevan adelante ante la Corte Suprema de Justicia para el recupero del 15% de coparticipación. Y dentro del objeto en el contrato con ese estudio está la defensa ante los organismos internacionales.

-Los mails…

-Yo no sé si corresponde analizar el contenido del mail, que no se refiere a ninguna causa particular sino a los requerimientos de orden internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que anunció que próximamente va a sesionar en la Argentina y la intención del gobierno de la provincia de Jujuy es que tome contacto no sólo con los expedientes de la causa judicial sino también con las víctimas y los testigos que han sido tenidos en cuenta por la justicia para el dictado de la prisión preventiva y su posterior confirmación. El mail no está publicado en su totalidad; está publicado parcialmente. Cuando accedan a la totalidad van a poder ver que en el mail también figura quiénes son las personas o testigos que fueron mencionados en las causas judiciales, y que la intención es que participen de la sesión que haga la Comisión Interamericana. Tal vez tuvo alguna intencionalidad esa nota periodística, tratar de evitar esos testigos, que son parte también de la causa.

-Los testigos que figuran en el mail del doctor Wagner son todos en contra de Milagro Sala. ¿No debería haber también testigos a favor?

-Así es, tiene que ser de esa manera. Cuando se concrete la visita, no solo la de la Comisión Interamericana sino también la del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, tienen que tener acceso a todo, de manera libre. Y eso no debe ser coordinado no por el gobierno de la provincia sino por los organismos internacionales, para que esa visita no se tiña de parcialidad. La Comisión Interamericana aceptó la invitación y vendría en mayo. Podrían haber venido en enero o febrero, o mandar un tipo de veedor para que revise y controle todo lo que tenga que revisar, que vea los expedientes judiciales y se entreviste con personas de una manera amplia, sin ningún tipo de restricción, de ninguna manera coordinado ni por el gobierno de la provincia ni por el gobierno nacional.

-Por esos mails hay un pedido de juicio político contra la presidenta del STJ.

-Nosotros con un grupo de trabajo importante estamos llevando adelante una serie de investigaciones administrativas y sobre el cumplimento de exigencias de orden internacional, y en ese contexto fue el intercambio de mails. Yo no voy a entrar a analizar algunas cuestiones, por cuanto hay un pedido en la Legislatura de juicio político, y le corresponderá a otro poder el análisis de las circunstancias y situaciones.

-¿Usted fue citado por la justicia federal por este tema?

-No, no tengo conocimiento que me hayan hecho una denuncia; pero en caso de que llegue a haber una denuncia, como una persona de derecho y de la democracia, obviamente voy a estar a disposición del juez o fiscal que corresponda. Aunque entiendo que no existe la comisión de ningún hecho delictivo. 

-¿En qué estado está la causa iniciada contra la Tupac por evasión fiscal?

-Yo no soy parte de ese proceso. Es una investigación autónoma, así que no puedo informar de algo que no soy parte y no tengo conocimientos acabados. Se trata de una auditoría que ha hecho la AFIP, en la que ha detectado una evasión impositiva importante, por más de 170 millones de pesos, y se hizo una denuncia ante la justicia provincial o federal.

-¿La evasión fiscal no es del orden federal?

-Hay que ver el origen de los fondos. Si es evasión fiscal es federal. Cuando uno habla de lavado de activos hay que ver el origen de los fondos. Si son de orden federal, la justicia tendrá que ser de orden federal. En este caso la justicia provincial está llevando adelante la investigación, pero no tengo conocimiento del avance. Reitero: yo no soy parte. En este caso concreto no he tenido acceso a la documentación.

-En todos los casos en los que se denuncia a Milagro Sala y la Tupac, se habla de fondos nacionales.

-Sí, son fondos federales que han sido incluidos en el presupuesto nacional y transferidos a la provincia, es decir que se provincializaron. Ese pudo haber sido el motivo para la radicación de la justicia provincial. 

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