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Página/12. La resolución de Naciones Unidas para liberar inmediatamente a Milagro Sala volvió a cruzar posiciones dentro del Gobierno. Esta vez con reuniones en Cancillería y en el edificio de la Secretaría de Derechos Humanos del predio de la ex ESMA.
En uno y otro espacio, el fiscal general de Jujuy y ejecutor de la persecución impulsada por el gobernador Gerardo Morales, Mariano Miranda, escuchó a dos expertos del sistema internacional de protección de derechos humanos: Santiago Cantón, actual secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, y Javier Salgado, de Cancillería, en representación del equipo que coordina en esa cartera Leandro Despouy.
De ellos escuchó lo mismo que la semana pasada escuchó Morales: que la resolución hay que cumplirla. Y que deben descartar cualquier pedido de revisión del caso, entre otras razones porque en la historia del Grupo de Trabajo sólo hubo un caso y en contra. Dos testigos consultados por este diario afirmaron que se analizaron alternativas y que los jujeños sostuvieron que tienen que discutir con Morales, lo que vuelve a confirmar su mano detrás de las causas. También dijeron, por las dudas, que no hay razones para albergar esperanzas.
La reunión en la ex ESMA terminó con un escrache. Un grupo de trabajadores de ATE se acercó al funcionario del Poder Ejecutivo jujeño para leerle en voz alta el petitorio de Naciones Unidas y reclamar su cumplimiento. “Fuimos con la resolución escrita para entregársela porque creemos que todavía no la tiene”, dijo a Página/12 Flavia Fernández Brozzi, delegada paritaria. “Consideramos que el Estado esta incumpliendo las obligaciones internacionales y le dijimos que está violando la resolución del 27 de octubre”.
Cuando terminaron de leer, mientras los funcionarios se escapaban para evitar el escrache, el hombre no dio ninguna explicación. “Nos dijo que el proceso no dependía de él, sino de un juez de la causa. Y que él era fiscal (de Estado, en representación del Gobierno) por las causas de corrupción. Pero también nos dijo que Milagro era socia política del Frente para la Victoria”.
–¿Y ustedes qué dijeron?
–Le dijimos que Milagro no es socia, es compañera de lucha.
Las reuniones de ayer en Cancillería y en la secretaría de Derechos Humanos fueron continuidad de los encuentros que en muy duros términos se hicieron la semana pasada y que también se mantuvieron en otros momentos de este año. La semana pasada, Despouy y Cantón se sentaron con Morales a tratar explicar la posición que el gobierno debía asumir frente a la decisión de la ONU, tanto en las comunicaciones oficiales como ante la opinión pública. Todo eso luego de los primeros días de emitida la resolución, en los que el gobierno nacional y Morales salieron a bajarle el tono al reclamo y a desconocer la obligación de cumplimiento. Primero hubo una reunión con Morales el jueves, en casa de la provincia de Jujuy con Despouy, Cantón y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj. Luego, una reunión en casa de gobierno con Despouy y Susana Malcorra. Morales viajó a China. Y ahora llegó esta reunión con Miranda en Buenos Aires.
Fuentes del encuentro explicaron que ayer se dijo lo mismo que el jueves. Que Cantón dijo que la única salida es la que establece el Grupo de Trabajo. Y que el Gobierno debe avanzar con ciertas estrategias razonables. Estas estrategias no significan liberar a Sala de un día para otro, como lo pide la resolución, sino tomar medidas en esa dirección. Los presentes aconsejaron a los jujeños que no debían presentar un pedido de revisión de la medida ante el GT, porque el único ejemplo que hay es de fines de los años ‘80 y es en contra. Y ante las idas y vueltas sobre explicaciones y argumentos sobre fondos y causas jurídicas con el que los jujeños siguen insistiendo, una de las partes aclaró que “acá no hay espacio para una discusión jurídica sino que hay que tomar una decisión política”. No se analizaron escenarios de posible libertad, dijeron. Sino cómo canalizar jurídicamente una respuesta, de lo que se desprende que esa puede ser la estrategia en la que insista el gobierno de Morales.
La reunión en el predio de la ex ESMA se hizo a las 10.30. Avruj no estuvo presente. En cambio, estuvieron funcionarios de su confianza. Algunos de ellos definieron a la reunión como parte de los encuentros que se vienen realizando sobre el tema, pero señalaron que no hubo grandes definiciones y que todavía no se tomó una decisión respecto de la forma de responder o acatar el reclamo de Naciones Unidas. Más allá de que los funcionarios con trayectoria en organismos internacionales de derechos humanos señalen que se debe hacer lugar al pedido de la ONU, el gobierno de Jujuy no quiere pagar costos políticos ni reconocer las irregularidades en la detención de la dirigente de la Tupac Amaru.
