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Por Florencia Palavecino*. Hay fechas que el calendario administra pero que la política no puede domesticar. El 3 de junio es una de ellas. Once años han pasado desde que cientos de miles de personas salieron a la calle con un cartel simple: Ni Una Menos. Tres palabras que formulaban un límite ético donde el lenguaje oficial prefería el eufemismo. No eran crímenes pasionales. Eran femicidios. El extremo visible de un sistema que el Estado había preferido mirar de costado.
El 3 de junio de 2026 volvió a demostrarlo. La movilización fue masiva. Y distinta: ya no se marchaba solo para nombrar lo que existía. Se marchaba para defender lo que se había construido, porque hay quienes avanzan, con convicción y con poder, para desarmarlo.
El femicidio no es una ideología. Es una descripción.
En 2012, la Ley 26.791 incorporó el femicidio al Código Penal. No fue un capricho de época. Fue el reconocimiento de algo concreto: los crímenes contra mujeres por razones de género presentan patrones propios que el sistema penal necesitaba nombrar para poder responder. La figura no crea un privilegio. Crea una herramienta de descripción precisa.
Desde diciembre de 2023, esa figura es cuestionada desde el propio gobierno. El ministro de Justicia planteó su eliminación invocando la igualdad ante la ley. El Presidente calificó al feminismo como el cáncer que hay que extirpar. Eliminar el femicidio del Código Penal debilitaría las investigaciones y le mandaría a la sociedad un mensaje sin doble lectura posible: la vida de las mujeres no merece protección diferenciada.
El proyecto que castiga a quien denuncia
En abril de 2026, el Senado avanzó con un proyecto que propone aumentar las penas por falsa denuncia en causas de violencia de género a entre tres y seis años de prisión.
La premisa es que las denuncias falsas constituyen un problema grave. Los datos señalan lo contrario: representan entre el uno y el seis por ciento del total.
El problema estructural es exactamente el opuesto: solo una de cada cuatro mujeres que atraviesa violencia de pareja llega a denunciar. Apenas el dieciocho por ciento de las víctimas de femicidio había realizado una denuncia previa contra su agresor.
La falsa denuncia ya está tipificada en el Código Penal. No hay vacío legal que llenar. El proyecto duplica esa pena sin justificación racional. El efecto real no será la persecución de denunciantes maliciosas. Será la inhibición de quienes ya tienen miedo. Más mujeres callarán.
El proyecto no protege inocentes. Desprotege víctimas reales.
La pelea por los números también es política
Días antes del 3 de junio, el oficialismo circuló el dato de que el gobierno había reducido los femicidios. Son cifras reales, pero su uso es una operación de propaganda. El mismo gobierno que celebra esa baja eliminó el Ministerio de las Mujeres, desfinanció la Línea 144 y dejó sin presupuesto los programas de prevención.
Celebrar una reducción estadística mientras se destruye la infraestructura que la sostiene no es política de Estado. Es una operación que usa los cuerpos de mujeres asesinadas como munición electoral.
El Ni Una Menos no fue un momento. Fue un punto de inflexión. Once años después, esa conciencia sigue produciendo movilización y resistencia. La figura del femicidio costó décadas de lucha. El proyecto de falsas denuncias fabrica un problema sobredimensionado para producir un resultado preciso: que las mujeres sepan que denunciar tiene un precio.
Quien controla el relato sobre la violencia controla la respuesta del Estado ante ella.
Ni una menos. Ni una más.
* Abogada. M.P. – 3826
