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La oposición logró este martes dar un golpe al gobierno, al obtener la firma de dictámenes que proponen la reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que el Poder Ejecutivo había eliminado a fines de marzo pasado.
Luego de que el jueves pasado se dictaminaran los proyectos que plantean la actualización automática del presupuesto universitario, el mismo plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto concretó cinco dictámenes para resucitar este elemento que servía para corregir las asimetrías salariales que cobran los docentes entre las distintas provincias.
El dictamen de mayoría resultó el de Unión por la Patria con 34 firmas, mientras que La Libertad Avanza junto al PRO, el MID y el bloque Independencia firmaron un dictamen de rechazo.
La UCR, con doce firmas, rubricó un dictamen de minoría en el que metió por la ventana la declaración de la educación como servicio esencial y evitar que haya paros docentes.
Esta inclusión le costó el duro reproche de la Coalición Cívica que a través del diputado Maximiliano Ferraro acusó con nombre y apellido al jefe de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, de querer quedar como “el abanderado” de esa causa apurando de forma oportunista los tiempos de un propósito que comparten (la esencialidad educativa) pero que entienden que no era el eje de discusión en este plenario de comisiones.
La Coalición Cívica no firmó ningún dictamen, mientras que Hacemos Coalición Federal suscribió un despacho con cuatro firmas, y el Frente de Izquierda avaló su propio proyecto con dos rúbricas.
El debate
Al comienzo de la reunión, los presidentes de las dos comisiones, Alejandro Finocchiaro (PRO) y José Luis Espert (LLA), presentaron una propuesta para dictaminar dentro de dos semanas, pero fue rechazada por la mayoría de los diputados presentes, que recordaron que en la sesión de la semana pasada se había emplazado al plenario a dictaminar este mismo martes.
“Teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión y el costo fiscal, que estimamos en no menos de 1 billón de pesos a 1,4 billones de pesos; teniendo en cuenta que el superávit que este Gobierno ha logrado, pero que en realidad ha logrado la sociedad argentina durante estos cinco meses en base a un gran sacrificio, es de 1,1 billones, les queremos proponer un cronograma con la posibilidad de estudiar a fondo lo que vamos a votar y no votar a boca de jarro una medida que, más allá de si estamos de acuerdo o no, implica un costo fiscal enorme para la sociedad argentina, no para el Gobierno o la Secretaría de Educación”, argumentó Finocchiaro.
«No hay en la historia de esta Cámara un desconocimiento a un emplazamiento», resaltó la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna.
La entrerriana recordó que el Fonid fue «una responsabilidad asumida en el acuerdo democrático por la Nación y las provincias” y se implementó “por todos los gobiernos, más allá de los colores o partidos”.
«Incluso usted como ministro de Educación (durante el Gobierno de Mauricio Macri) cumplió con el Fonid; quizás no como nos hubiese gustado, pero cumplió, así que no se va a poder desdecir”, le enrostró a Finocchiaro.
Los dictámenes
El dictamen de mayoría, de Unión por la Patria, establece la vigencia del Fonid de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2024 y lo extiende por cinco años hasta el 31 de diciembre de 2028.
Además, deja librado el criterio para su asignación al Consejo Federal de Educación que está conformado por los distintos ministros de educación provinciales, por lo que lo saca de la esfera del Poder Ejecutivo.
Por último, la iniciativa prevé que los montos a asignar en concepto del Fonid quedarán supeditados al “Convenio Marco/ Paritaria Nacional establecido en el artículo 10° de la Ley 26.075, y serán retroactivos a la fecha del último pago realizado y transferido por el Estado Nacional a las provincias”.
El dictamen de la UCR también reestablece la vigencia del Fonid desde el 1 de enero de 2024, pero deja en la órbita del Poder Ejecutivo la determinación de los montos a asignar a cada jurisdicción provincial.
También el exige al Gobierno que informe cuál es la deuda que acumula con cada provincia por haber dejado sin efecto desde el FONID desde fines de marzo, y le pide un cronograma de pagos detallado para conocer cuándo se pondrá al día con estas obligaciones, poniendo un plazo máximo de 60 días desde sancionada la ley para cumplimentar esta regularización.
Pero el aspecto que más ruido hizo de la propuesta del radicalismo es la declaración de los ciclos de educación obligatoria como “servicio estratégico esencial”, que obliga a garantizar la apertura de los establecimientos educativos y los servicios de alimentación escolares inclusive cuando existan medidas de fuerza gremial como huelgas o paros docentes que “afecten el normal dictado” de clases.
Concretamente, se exige una presencia mínima del 30% de la nómina del personal educativo para para medidas de fuerza de hasta 48 horas, de un 50% para paros que superen las 48 horas, y del 75% si la huelga docente se prolongase por más de cinco días.
El proyecto de Hacemos Coalición Federal, que tiene como autor al diputado socialista Esteban Paulón, restituye el Fonid “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Al igual que el dictamen de Unión por la Patria, deja en manos del Consejo Federal de Educación la fijación de los criterios de asignación de este fondo, con la diferencia de que le encomienda al Poder Ejecutivo que actualice “desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos correspondientes” al Fonid en base a las variaciones del índice general de precios al consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Por último, el proyecto del Frente de Izquierda repone el Fonid “de forma permanente», es decir, sin plazo de finalización, y propone que la actualización de los montos que le correspondieran a cada jurisdicción se determine en función de la evolución del IPC o de la variación salarial según cual índice resulte más favorable.
Además, esta iniciativa plantea que los montos sean «remunerativos y bonificables, y que en un plazo no mayor a un mes el Poder Ejecutivo cancele con las provincias las deudas acumuladas por el hecho de haber suspendido el pago del Fonid desde fines de marzo.
Por otra parte, se dispone que el salario mínimo del cargo de docente testigo de cada jurisdicción sea el equivalente a la Canasta Básica Total fijada por el Indec y que dicha remuneración sea actualizable por IPC o la variación salarial, según cuál resultase más favorable para el trabajador.
