Pablo Baca dijo que no va a renunciar al STJ: a lo sumo se tomará licencia

Tras la denuncia penal presentada esta mañana por diputados provinciales del Frente de Todos-PJ, el titular del del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Pablo Baca, aclaró que no va a renunciar, aunque sí se tomará una licencia «con la intención de no entorpecer la investigación , ni que se piense en puedo influir en la misma», según dijo en diálogo con medios locales.

La investigación se iniciará cuando Diego Funes, habilitado al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública, firme la imputación de Baca. Por tanto, la licencia del cuestionado titular del STJ iniciará cuando esto ocurra, para lo cual no hay plazos estipulados.

Baca volvió a confirmar que es su voz la de los audios difundidos en El Cohete a la Luna. «Se trata de un emboscada, una campaña política en mi contra», precisó, sin referirse de manera específica al contenido de esas conversaciones.

“Los audios forman parte de una campaña para desacreditar al Poder Judicial de Jujuy en las causas que se tramitaron contra Milagro Sala. Yo me excusé en esas causas y no tuve ningún tipo de intervención”, insistió.

Respecto de esa supuesta campaña, señaló a la diputada Débora Juárez Orieta -una de los firmantes de la denuncia penal- y su hermana Ana Juárez Orieta, ex titular de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec).

Sobre su licencia, indicó que la intención es «que investiguen sin ningún tipo de sospecha de que mis injerencias puedan estorbarla».

Con relación a los audios – fueron publicados en un medio de Buenos Aires que dirige el periodista Horacio Verbitsky – el juez señaló: “Provienen de diálogos en la intimidad con la diputada Débora Juárez de Bracamonte y su hermana Ana Juárez Orieta (ex titular de la DIPEC). Ella hoy aparece entre las denunciantes”.

“No voy a renunciar porque sería aceptar toda esta infamia», afirmó Baca.

La renuncia de Pablo Baca fue pedida por diversos espacios políticos y judiciales: el presidente del Consejo de Fiscales de todo el país, Alejandro Gullé; diputados y diputadas provinciales, y concejales de más de una decena de localidades de Jujuy.

La denuncia presentada esta mañana por diputadas y diputado provinciales no es la única que enfrenta Baca. Hace pocos días, legisladores nacionales pidieron la intervención de la Corte Suprema «para que ponga remedio a la privación ilegítima de la libertad de Milagro Sala» y anunciaron que van a impulsar el juicio político, no solo del titular del STJ sino también de «los demás magistrados que hayan intervenido en estas irregularidades».

 

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