Para descongestionar el centro, quieren que se muden 17 colegios privados 

Que el centro de San Salvador de Jujuy es un caos, no hay dudas. Las calles angostas, la gran actividad comercial y la habilitación para estacionar en todas las cuadras se suman a una de las tradiciones más arraigadas: dejar el auto en doble fila. En los últimos días se encendieron las señales de alerta para 17 establecimientos educativos que, según una ordenanza aprobada en 2009, deberán abandonar los edificios alquilados donde funcionan para mudarse a la periferia, de acuerdo a un esquema establecido en esa misma norma. «Si quieren descongestionar el centro, que saquen autos, no colegios», se quejó en diálogo con El Submarino Radio (91.5) Diego López, representante de la Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas.

La ordenanza 5672, aprobada y promulgada en 2009, dice en su artículo primero que se prohíbe desde ese momento la construcción y habilitación de nuevos colegios privados en el casco céntrico, es decir, entre las calles Patricias Argentinas, Av. 19 de Abril, Gorriti, Av. Fascio y Barrio Gorriti. Hasta ahí, no hay conflicto. La cuestión está en el artículo segundo, que otorga un plazo de 10 años «para que los establecimientos educativos que alquilen dentro del sector indicado se ubiquen en los barrios perifericos».

«Antes que nada, queremos tranquilizar a la gente, que está preocupada por las inscripciones del año que viene, porque recién a partir de 2020 se pone en vigencia esta nefasta ordenanza que aprobaron los cráneos del Concejo», aclaró López, sin disimular su enojo.

El cuestionamiento a la medida tiene varios elementos. Por un lado, consideran que es discriminatorio, puesto que alcanza solo a los colegios que alquilan el edificio donde funciona. «Yo invertí durante 30 años de existencia en mi establecimiento y me dicen que soy un obtaculizador del tránsito vehicular, cuando hay colegios confesionales y públicos que todos los días provocan un cuello de botella que es imposible atravesar», señaló López.

Los ejemplos son varios. Está la Escuela Monteagudo, pública, ubicada en San Martín y Senador Pérez, y el Colegio Santa Bárbara, confesional, justo enfrente. Una cuadra en la que, sin dudas, seguirá habiendo problemas de tránsito aun si se aplica finalmente la ordenanza tal cual fue promulgada.

Por supuesto, también está la cuestión de los propios alumnos. «Es además lesivo para los derechos de los estudiantes y de las familias que eligen estos colegios, entre otras cosas, por su localización», indicó López.

«Esto nos pega en las vísceras a los 17 colegios que funcionamos en el centro», sintetizó el dirigente, y precisó que en su conjunto reúnen a cerca de un millar de estudiantes de todos los niveles y unos 600 docentes.

Los señalamientos surgen ante la dificultad de los dueños de los colegios privados para encarar las mudanzas. Los que logren encontrar un inmueble adecuado, tendrán de todos modos que hacer importantes refacciones. No solo para funcionar, sino además para adaptarse a las especificaciones que están plasmadas en el artículo 3 de la misma ordenanza: playa de estacionamiento propia con capacidad para un vehículo por aula, o disponer de playa cerca al establecimiento, y dársenas para ascenso y desdecenso de alumnos, de un mínimo de 15 metros, como para que se puedan detener tres vehículos sin entorpecer el tránsito. Más difícil será la situación de los que tengan que iniciar una construcción desde cero.

En cualquier caso, el problema es el financiamiento. «No hay posibilidades económicas de invertir de manera personal para construir un colegio. Si yo voy a un banco a pedir un préstamo de 4 o 5 millones de pesos, no me lo dan porque porque la escuela no puede ser garantía porque es un bien inembargable, con lo cual tenemos que salir a buscar garantías reales por todos lados, que no las tenemos. Entonces no podemos acceder al crédito privado», detalló López.

El dirigente recordó que durante la gestión del gobierno anterior pidieron que se abriera una línea de financiamiento para colegios privados, destinada a construir, pero no tuvieron respuestas. Y desmintió al actual presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar: «Él dice que nos notificaron hace diez años, pero eso no es verdad. No nos mandaron la ordenanza ni nos hicieron firmar nada».

«Ahora nos quieren poner como responsables del embotellamiento de Jujuy, cuando todos sabemos que Jujuy está superpoblada de autos», dijo López.

-¿Cree que es ese es el único motivo? 

-Bueno, pareciera que la intención es que algunos colegios cierren, porque si en este momento me pedís que me vaya a la periferia, no me dejás muchas chances de trasladar tal cual lo que tenía.

-¿Y por qué querrían que cierren?

-No sé, es una sensación. Tenemos muchísimas exigencias desde la Dirección de Escuelas Privadas, una dirección se creó cuando nosotros como Asociación le pedimos al gobierno en 2007 que necesitábamos un área que nos atienda, nos escuche y nos acompañe. Hoy nos exigen matafuegos, plan de emergencia, plan de evacuaciones; nos dicen cuánto cobramos de cuota. Y por el otro lado no nos dan un mango, ni siquiera para pagar los aportes y contribuciones de los empleados o para pagar a los docentes. Cuando a otros colegios sí lo hacen, hasta el 80 y 100 por ciento. O sea que la desigualdad sigue estando presente.

-¿A qué colegios les da plata el estado? 

-A los confesionales. Nosotros decimos que si hay para algunos, que haya para todos.

-¿Van a judicializar este tema? 

-No, no se puede todavía porque la ordenanza entra en vigencia recién en 2020. Por eso nosotros, un año antes de que eso suceda, estamos juntándonos para hacer una presentación ante el Concejo y al intendente para que se derogue el artículo 2. Está bien que no permitan más edificios, pero que no saquen a los que ya están, porque nos van a matar a los 17. Todo esto viene como consecuencia de que no se trasladaron las oficinas públicas a la Ciudad Cívica, porque si eso se hubiera hecho se habría descongestionado el tránsito vehicular hacia esa zona y nosotros nos hubiésemos quedado tranquilos. Ahora lo que queremos es prevenir, que revean la norma. Por ahí dijeron que queremos que se prorrogue. No es cierto, no queremos que prorroguen nada. Queremos que eliminen el artículo 2, que es nefasto.

-¿Tienen alguna propuesta alternativa? 

-Yo digo que no se puede comparar un vehículo con un alumno. No pueden culparnos de ser los hacedores del caos vehicular. Hay un montón de colegios y en todos lados hay problemas. Entonces, si hay muchos vehículos, se pueden tomar otras medidas. Que salgan los de patente par unos días y los de patente impar otros días, por ejemplo. O que no permitan estacionar enfrente de los colegios. Es decir, si querés descongestionar el centro, no saques colegios, sacá autos.